El gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom vetó este viernes un proyecto aprobado por el Congreso de Guatemala que restituía el recurso de gracia presidencial y daba vía libre a la aplicación de la pena de muerte en uno de los países más violentos de América Latina.
"En ningún país la pena de muerte ha sido un mecanismo disuasivo para la violencia. Guatemala no se puede aislar del resto del mundo, no puede ser la excepción", afirmó Colom en una conferencia de prensa en el Palacio de la Cultura, sede de la presidencia, donde explicó que "la razón fundamental del veto es la inconstitucionalidad de la ley".
El 12 de febrero de este año, el Congreso legislativo aprobó la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena de Muerte que permitía al presidente indultar a los sentenciados a la pena máxima, con lo cual se reestablecía en los hechos la aplicación de las ejecuciones, suspendidas desde 2000.
Un día después de la aprobación del proyecto, Colom, que asumió la presidencia el 14 de enero de este año, afirmó que no indultaría a los condenados a muerte.
Esa declaración fue fuertemente criticada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos pues entendieron que, en rigor, era una vía para acelerar las ejecuciones, y señalaron también deficiencias técnicas que contravenían los principios del derecho internacional.
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El nuevo texto legal facultaba al presidente a otorgar el "recurso de gracia" a por lo menos 21 personas condenadas a la pena capital, pero, al cubrir un vacío legal que impedía las ejecuciones desde 2000, en verdad daba luz verde a la aplicación de la pena capital.
La norma fue promovida por el opositor y derechista Partido Patriota (PP), con el fin de reducir los grados de delincuencia que agobian a la población.
"La historia juzgará a Colom como un presidente que no tuvo carácter para defender a los guatemaltecos de la ola de violencia", declaró este viernes a una radioemisora Roxana Baldetti, diputada del PP.
En el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) el parlamento derogó el decreto ley 1.549 de 1892, conocido como Ley de Indultos, que permitía al presidente decidir si se aplicaba o no la pena de muerte.
Desde entonces, Guatemala carecía de procedimientos que garantizaran el derecho de un condenado a pedir indulto o conmutación de la pena, por lo cual las ejecuciones estaban suspendidas de hecho, aunque ese castigo continuó contemplado en el código penal.
Guatemala votó el 18 de diciembre en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de una moratoria mundial de las ejecuciones.
Según el Acuerdo Gubernativo 104-2008, dado a conocer este viernes, la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena de Muerte viola el artículo 2 de la Constitución al otorgar un plazo de apenas 30 días para que el presidente decida sobre los casos a indultar e incluir la figura de la denegación tácita, que da vía libre a la ejecución en caso de que el mandatario no se pronuncie.
La Iglesia Católica guatemalteca, iglesias evangélicas y la Unión Europea se pronunciaron en contra de la aplicación de la pena capital.
"Como gobernante de este país debo ver hacia delante y cualquier ejecución comprometería nuestras relaciones a nivel internacional", argumentó Colom.
Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras anunciaron el miércoles en una cumbre celebrada en San José su "solidaridad" con Colom por la "decisión que tome" acerca de la pena de muerte, pero también exhortaron "a todos los países" a eliminarla.
"Aquí (en Guatemala) se fusiló a gente y en lugar de disminuir, la violencia aumentó. La única forma de acabar con la violencia es fortalecer las instituciones de seguridad, el organismo judicial y que haya paz y tranquilidad social", declaró Colom respaldado por su gabinete en pleno.
En este país, donde 51 por ciento de sus casi 13 millones de habitantes viven en la pobreza, la justicia consigue esclarecer menos de 10 por ciento de los asesinatos.
"La justicia en Guatemala se convierte en una palabra vacía", concluyó el 20 de febrero de este año Hina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, tras una misión de tres días en este país.
La violencia y la persistencia de grupos paramilitares son rémoras de la guerra civil, que entre 1960 y 1996 se cobró 200.000 vidas, en su mayoría de indígenas.
Un informe del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo señaló que en 2007 se denunciaron 3.319 asesinatos, de los que 392 tuvieron como víctimas a mujeres.
Durante la campaña electoral, aunque sostuvo que no era "una solución", Colom aclaró que la pena de muerte estaba contemplada por la ley y que ésta debía respetarse. Por otra parte, encuestas señalan que la mayoría de las personas entrevistadas se declaran a favor de su aplicación.
"La población dice que quiere la pena de muerte, pero por la desesperación", aseveró Colom, quien advirtió de que no está "protegiendo a ningún criminal" y anunció la creación de un área específica en una prisión para que los condenados a muerte "no tengan ninguna posibilidad de escape".
El gobernante presumió de que en sus primeros sesenta días de mandato ha logrado prevenir y evitar motines en las prisiones, además de reducir de 17 a 11,2 el promedio de asesinatos diarios.
En 1996 fueron fusilados dos condenados, uno de ellos rematado con un tiro de gracia. Las ejecuciones fueron transmitidas por televisión. Ante las críticas internacionales, el Estado cambió de método.
Las últimas, una en 1998 y dos en 2000, se practicaron mediante inyección letal, a pesar de los pedidos de clemencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sesenta por ciento de los condenados a morir en Guatemala han sido hallados culpables de secuestro, con y sin muerte de la víctima, y 40 por ciento de asesinato.
Según el Acuerdo Gubernativo divulgado este viernes, la ley que aprobó el Congreso viola el artículo 9 de la Constitución porque "con la pena de muerte se mantiene la tendencia de eliminar al ser humano del núcleo social, mientras que la Carta Magna dispone que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social".
El Congreso puede ahora ratificar el texto original con el voto positivo de 105 de sus 158 integrantes.
La ley fue aprobada con el concurso de 140 diputados, incluidos los oficialistas, y contó con el rechazo de los partidos Encuentro por Guatemala y Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
En un mensaje al Congreso, Colom afirmó que "hay formas de sustituir la pena de muerte para los criminales, porque no tenemos la más mínima duda de que son criminales".
Horas antes del anuncio, la CIDH expresó en una declaración su pesar ante el posible retorno de las ejecuciones.
David Dávila, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, declaró a IPS que la decisión de Colom "es una buena muestra de respeto tanto a las leyes nacionales como internacionales".
"Para el Estado es importante porque aprobar la ley sería un retroceso en materia de derechos humanos", agregó.
"Estoy viendo el beneficio del país", aseveró el presidente.
