Los bancos, tanto públicos como privados, tendrán que aplicar desde el 1 de julio criterios ambientales en la concesión de créditos para actividades rurales en la Amazonia brasileña. Certificaciones agrarias y ambientales y adecuación a la delimitación ecológico-económica serán exigidas a grandes y pequeños agricultores, según la decisión adoptada el 28 de febrero por el Consejo Monetario Nacional, integrado por los ministros del área financiera.
«El gran avance es la inclusión de bancos privados» en el combate a la deforestación, porque las instituciones estatales ya venían imponiendo reglas, dijo a Tierramérica Paulo Barreto, investigador del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia.
La medida contribuye a reducir la deforestación, que volvió a crecer en el segundo semestre de 2007, aunque no la practicada por invasores de tierras públicas que autofinancian sus actividades totalmente ilegales, agregó.
