Las movilizaciones anunciadas en Chile por agrupaciones de izquierda, estudiantes universitarios y trabajadores subcontratados de la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) anticipan un año cargado de manifestaciones sociales.
"Probablemente este año será activo en protestas sociales producto del descontento que siente parte importante de la población, por demandas de justicia social no satisfechas", dijo a IPS el sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile, Carlos Castro.
La Coordinadora por la Protesta Popular, nacida en 2007 y que agrupa a 16 organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles de extrema izquierda, llamó a la población a sumarse este jueves y el viernes a la II Jornada de Protesta Popular.
El objetivo es reclamar por "el alza de los alimentos y servicios básicos, la cesantía y la corrupción del gobierno", según señaló este lunes María Magdalena Rivera, portavoz de la Coordinadora, quien integra el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El aumento del precio de algunos productos ha tenido gran impacto en la población. Por ejemplo, el kilogramo de pan hoy bordea los 1.000 pesos (más de dos dólares).
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La jornada de protesta también pretende "rendir homenaje a los caídos durante la dictadura" del fallecido general Augusto Pinochet (1973-1990), pues cada 29 de marzo se conmemora en sectores populares el "Día del Joven Combatiente". En esa fecha de 1985 dos hermanos izquierdistas de 18 y 20 años fueron asesinados por la policía.
Algunas exigencias de la Coordinadora son "trabajo, salud y viviendas dignas", "educación gratuita" y "autonomía para la nación mapuche", la etnia más numerosa del país. El llamado es a manifestarse de maneras diferentes: no ir a trabajar, llegar tarde o laborar lento, realizar asambleas y golpear las cacerolas en las casas.
Aunque los mismos organizadores asumen que la protesta seguramente no será "masiva", a las autoridades les preocupa el grado de violencia que pueda alcanzar, ya que en 2007 hubo 819 detenidos durante las manifestaciones nocturnas del 29 de marzo.
La Coordinadora asegura que "se ha ido generando una lenta recomposición y articulación de los sectores populares del país". "En los últimos dos años ha habido un avance, aún incipiente, pero las organizaciones populares y revolucionarias cada vez se cualifican y cuantifican más", indicó la entidad a IPS.
Esta convocatoria y los falsos avisos de colocación de bombas en Santiago en los últimos días han contribuido a generar un clima de tensión que inquieta al gobierno de Michelle Bachelet. En la madrugada del día 18, una sucursal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) fue blanco de un ataque explosivo que no dejó heridos, pero sí daños millonarios. Se adjudicó el atentado el grupo anarquista Columna Armada y Desalmada Jean-Marc Rouillan, en referencia al radical francés fundador de Acción Directa.
Durante los dos días siguientes, la policía recibió una decena de llamadas telefónicas que advertían sobre la ubicación de bombas en edificios públicos y privados de la capital, entre ellos, un canal de televisión, el Centro de Justicia, una terminal de autobuses y varias estaciones del tren subterráneo. Todas resultaron falsas.
Este lunes fueron desalojados varios inmuebles —incluidos dos canales de televisión y las dependencias del Consejo de Defensa del Estado— por llamadas similares.
El gobierno cree que los avisos fueron pergeñados por bromistas y, para enviar una señal de fuerza, ha señalado que se aplicará la severa ley de Seguridad Interior del Estado a los responsables.
Según se informó, ya fueron identificados dos de ellos. Se trataría de un menor de edad y de un hombre adulto.
Mientras, la dirigencia del sector empresario manifestó de inmediato su preocupación por los hechos.
El secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril, Andrés Concha, señaló el jueves que este ambiente "no es propio de un país que está creciendo a una tasa razonable, que los niveles de empleo hoy día son los más altos de la historia y que hay mayores oportunidades de trabajo para todo el mundo".
Por otra parte, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a miles de obreros subcontratados de la Codelco, dio un ultimátum a esta empresa minera estatal.
Si Codelco no cumple los ofrecimientos que llevaron a miles de trabajadores subcontratados a deponer una huelga de 36 días en 2007, la CTC iniciará el 1 de abril una paralización similar, indicó el jueves presidente del sindicato, Cristián Cuevas.
Algunos de los beneficios pactados son aumentos salariales y el no despido de los trabajadores que participaron en la movilización. Codelco también se comprometió a cancelar ocho de las 36 jornadas de movilizaciones y pagar un bono especial de 50.000 pesos (unos 100 dólares), entre otros puntos. En tanto, los estudiantes universitarios se manifestarán este miércoles por el deficiente funcionamiento de la tarjeta electrónica con la que pagan el transporte público y por su rechazo al resultado de las dos comisiones creadas por la presidenta Bachelet para mejorar la calidad de la educación primaria, secundaria y superior.
El Consejo Asesor para la Educación Superior entregó su informe el jueves a la mandataria.
Cada universidad decidirá si conduce la protesta mediante marchas, paros u otro tipo de acción. La movilización es una "señal de advertencia" al Poder Ejecutivo, explicó a IPS Jaime Zamorano, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. "Vamos a ir viendo cómo se den las cosas. Abril será un mes crucial", añadió.
Todavía está en la retina pública el histórico paro de estudiantes secundarios de 2006, apenas investida Bachelet, que implicó la salida del gabinete del entonces ministro de Educación y de otros secretarios de Estado.
A juicio de Castro, para contrarrestar las movilizaciones sociales que amenazan con multiplicarse, el gobierno de Bachelet debe avanzar rápidamente en mejoras sociales aprovechando la bonanza económica que vive el país por los altos precios internacionales del cobre, del cual Chile es principal productor mundial.
