Es cuestión de «soberanía nacional, no de xenofobia», subrayó el presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil (Incra), Rolf Hackbart, al explicar la necesidad de regular la propiedad extranjera de tierras brasileñas.
La euforia de los biocombustibles aceleró las compras de tierras en Brasil en los últimos años, incluso de inversores extranjeros. Los magnates George Soros y Bill Gates, los dueños del buscador de Internet Google y el ex presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) son mencionados como compradores de tierras o socios de empresas dedicadas a la energía agrícola.
Una consecuencia de esto es el encarecimiento de la tierra. El precio de una hectárea subió en promedio 17,83 por ciento en 2007, según el Instituto FNP de consultoría, y mucho más en zonas de expansión de los cultivos de granos y caña de azúcar.
Es necesario establecer algún "control" de las propiedades rurales en manos de extranjeros, para que el país tenga conocimiento de su realidad y "el dominio sobre el destino" de esas tierras, "no se trata de prohibir" la inversión extranjera, aclaró Hackbart a IPS.
Una ley regula la adquisición de tierras por extranjeros desde 1971, restringiéndola a residentes o a empresas instaladas en el país y fijando límites para las superficies y autorizaciones especiales. A partir de cierta extensión, se exige anuencia del Congreso legislativo, y las áreas en manos de extranjeros no pueden sobrepasar un cuarto del territorio de cada municipio.
En la faja fronteriza, definida en 150 kilómetros por la Constitución, la posesión extranjera requiere además de una autorización del Consejo de Seguridad Nacional.
Pero "hay un agujero" causado por una enmienda constitucional de 1995 que eliminó la distinción entre empresas de capital nacional o extranjero, explicó Hackbart. De esa forma desapareció la regulación sobre las tierras ocupadas por empresas constituidas en este país con participación extranjera en cualquier porcentaje.
Desde el año pasado, un grupo interministerial de trabajo estudia alternativas para regular la "ocupación desenfrenada de tierras" por esas empresas controladas por capital extranjero, especialmente en la Amazonia, donde incluso organizaciones ambientalistas internacionales promueven la compra de áreas para su conservación forestal.
Se oponen a tal disposición los parlamentarios "ruralistas", especialmente del conservador Partido Demócrata, y sectores del agronegocio.
Brasil tiene legislación suficiente y debe asegurar el "derecho a la propiedad sin xenofobia", opinó Leoncio Brito, quien preside la Comisión de Asuntos Agrarios de la Confederación de la Agricultura y la Ganadería de Brasil.
El gobierno no impone ninguna restricción al capital especulativo que entra y sale de Brasil cuando quiere, no tiene por qué hacerlo a "quienes invierten en la producción, se instalan en el país, traen tecnologías y pagan impuestos, sería usar dos pesos y dos medidas", afirmó Brito a IPS.
Tiene poco sentido controlar las tierras en manos extranjeras, que son menos de uno por ciento del total, mientras 320 millones de hectáreas, o 38 por ciento del país, fueron destinados a la conservación ambiental, reservas indígenas y asentamientos campesinos, y sólo 62 millones de hectáreas son ocupadas por la agricultura, argumentó.
En el lado opuesto, João Pedro Stédile, uno de los coordinadores del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que lucha por la reforma agraria, considera necesario limitar "por ejemplo a 1.000 hectáreas" la propiedad extranjera en el campo brasileño "por una cuestión de justicia y para mejorar la vida de los brasileños".
Los inmigrantes que "vienen a Brasil trabajar deben tener los mismos derechos que los trabajadores brasileños" en la reforma agraria, "un terreno de hasta cien hectáreas", pero a las empresas extranjeras hay que imponerles "límites en la propiedad territorial", fijados "en todos los países del mundo", dijo a IPS. "Todos los países desarrollados controlan sus tierras" y en Brasil la regularización agraria es un gran desafío, indispensable para "un desarrollo con sustentabilidad económica, social y ambiental", arguyó el presidente del Incra, órgano del Ministerio de Desarrollo responsable de la reforma agraria.
Los catastros del Incra, que están incompletos, indican que hay 33.228 inmuebles rurales cuyos dueños son extranjeros, y que suman 5,58 millones de hectáreas, lo que corresponde a 0,97 por ciento del área total registrada, informó Hackbart a las comisiones de Agricultura y Ambiente del Senado que convocaron una audiencia el 5 de marzo para debatir el asunto.
El control agrario es precario en Brasil no sólo en relación a los extranjeros. En la Amazonia apenas cuatro por ciento del territorio tiene una ocupación privada debidamente legalizada, frente a 31 por ciento de superficie supuestamente privada, unos 158 millones de hectáreas sin registro legal válido, según estudios del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon).
Además, en la porción estatal, equivalente a 65 por ciento de la Amazonia, el control también es incierto ante las invasiones y el extenso fenómeno del "grillaje", es decir la apropiación fraudulenta de tierras cometida por particulares.
El Incra recuperó su capacidad de actuación y desplegó un gran esfuerzo de regularización agraria, empezando por 36 municipios amazónicos en los que se registró mayor deforestación desde el año pasado, señaló Hackbart.
Ahora se dispone de recursos tecnológicos eficaces, como el georreferenciamiento, o mapeo de información que se apoya en recursos satelitales y de informática.
La alarma por la desnacionalización destaca también las fronteras, ante las denuncias de que la empresa sueco-finlandesa Stora Enso pretende adquirir extensas áreas en el extremo sur de Brasil para la siembra de eucalipto como materia prima para su industria de celulosa.
Un proyecto del senador Sergio Zambiasi propone reducir de 150 a 50 kilómetros la faja de fronteriza fijada por la Constitución por cuestiones de seguridad nacional.
Es una "afrenta al país y un claro favor a la Stora Enso", según Stédile que defendió el mantenimiento de la faja fronteriza y la "expropiación" de tierras adquiridas en ella por empresas extranjeras, violando la Constitución, para destinarlas a la reforma agraria.
Se trata de una "falsa defensa de la soberanía", pues ninguna faja de frontera tiene sentido hoy, cuando las informaciones corren instantáneamente en el mundo y las armas son intercontinentales o espaciales, replicó el ganadero Brito.
Ampliar las posibilidades de compra de las empresas transnacionales agrava la concentración de la tierra, además de los problemas ambientales, evaluó Lucia Ortiz, coordinadora de Amigos de la Tierra en Brasil.
La soberanía no se limita a la seguridad, sino que exige "la diversificación productiva según las potencialidades locales", concluyó.
