La indignación y el desconsuelo se apoderaron de los sobrevivientes y familiares de víctimas del incendio del supemercado Ycuá Bolaños, en Paraguay, al conocerse este sábado el fallo de un tribunal sobre el siniestro que en 2004 mató 364 personas y dejó a más de 500 heridas.
Los jueces condenaron a 12 años de prisión a Juan Pío Paiva, principal accionista de la empresa propietaria del local, por los delitos de "homicidio doloso" y "homicidio doloso en grado de tentativa".
En los mismos términos fue condenado su hijo, Víctor Daniel Paiva, pero con una pena de 10 años de cárcel, y el guardia de la empresa de seguridad privada que custodiaba el local, Daniel Areco, con cinco años de reclusión. Éste último fue acusado de haber ordenado del cierre de las puertas del supermercado, impidiendo la salida y consecuente muerte masiva de los clientes que acudieron el domingo 1 de agosto de 2004 a hacer sus compras.
También fue condenado a dos años y seis meses de prisión uno de los accionistas del comercio, Humberto Casaccia, mientras otros tres miembros del directorio, María Victoria Cáceres de Paiva, Antolina Burgos de Casaccia y Agustín Alfonso, fueron absueltos de culpa y pena.
La decisión del tribunal no dejó conforme a ninguna de las partes, pero menos aun a las víctimas.
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Los gritos de "injusto", "no hay justicia" y "es muy poco" quebraron la tensa calma en una plaza cercana a la sede del Poder Judicial, donde cientos de familiares y afectados por la tragedia se congregaron para seguir la lectura del fallo, que se dio a conocer un día después de que se recorfdaran tres años y seis meses del incendio.
Las organizaciones de víctimas dispusieron 400 sillas blancas vacías en la plaza, que tras conocerse la sentencia fueron volteadas como símbolo de desaprobación de una condena que calificaron de "benigna".
Liz Torres, dirigente de la Asociación de Familiares y Víctimas del Ycuá Bolaños, adelantó a los periodistas que apelarán la sentencia para que los condenados reciban la pena máxima de 25 años. Éste fue el pedido del Ministerio Público, tras argumentar que los procesados ordenaron y ejecutaron el cierre de las salidas con el fin de evitar robos.
"Estamos indignados por esta resolución pero esperanzados de que con la apelación consigamos elevar esta condena", dijo Torres, quien sobrevivió junto a su marido a la tragedia y se ha convertido desde entonces en una de las principales voceras de las organizaciones.
Roberto Almirón, otro dirigente de las víctimas, dijo que presentían este desenlace. "Penas leves para gente que mató a cerca de 400 personas. Es una vergüenza. Estoy indignado", dijo a IPS.
El abogado querellante Alejandro Nissen anunció asimismo que recurrirá al tribunal de apelaciones.
"Nos agravia la absolución de tres procesados, no sabemos a qué se debió. Solo una vez que tengamos la copia de la sentencia vamos a ver los argumentos, pero adelantamos que vamos a apelar", explicó.
En tanto, el fiscal de la causa, Edgar Sánchez, manifestó que deberán "analizar" minuciosamente la sentencia para saber si es factible la medida.
Sánchez fue duramente cuestionado por los jueces, por la "endeble labor de investigación". En los considerandos de la sentencia se explica que los jueces tuvieron que utilizar la presentación final de un querellante para basar su fallo.
Los acusados, quienes se declararon inocentes y pidieron ser absueltos, estuvieron recluidos desde el día del incendio hasta mediados del 2007, cuando los jueces ordenaron su excarcelación.
"Es una sentencia chanfleada (torcida). Lo principal en la acusación era el cierre de las puertas y de eso nos defendíamos", dijo el abogado de Juan Pío, Luis Escobar.
"Pero lo importante es que mi cliente va a litigar en libertad y lo demás ya lo discutiremos en la apelación", agregó.
Las partes tienen 10 días para apelar la sentencia.
Ahora queda pendiente un proceso judicial contra el arquitecto que diseño el supermercado, Bernardo Ismachowiez, cuyo juicio oral y público está previsto para marzo próximo.
El profesional, recluido en una prisión estatal, está acusado por el delito de actividades peligrosas en la construcción, debido a que las pericias demostraron numerosos defectos en la edificación del supermercado.
Las autoridades del municipio capitalino, organismo encargado de verificar y habilitar obras de esta naturaleza, quedaron exentas de responsabilidades durante el proceso.
En el periodo de existencia del Ycuá Bolaños (2001-2004) pasaron dos administraciones municipales: Martín Burt (1997-2001) y Enrique Riera (2004-2007).
Un dispositivo de seguridad sin precedentes se montó en las adyacencias al Poder Judicial este sábado, a fin de evitar posibles disturbios como el registrado el 5 de diciembre del 2006, cuando se suspendió el primer juicio.
En esa ocasión, dos de los tres jueces del anterior tribunal consideraron culpables a los principales acusados del delito de homicidio culposo, que conlleva una pena máxima de cinco años de cárcel, pese a que la Fiscalía también había solicitado la máxima pena.
Los familiares de víctimas consideraron insuficiente la condena y reaccionaron en forma violenta, destrozando el recinto de audiencias y posteriormente descargando su ira contra otros comercios de propiedad de Juan Pío Paiva.
A raíz de los desmanes, en una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia ordenó la anulación del primer juicio y el inicio de un nuevo proceso.
El 8 de agosto del 2007, tras superar una cadena de inhibiciones de jueces, comenzó el segundo juicio oral. La defensa de los acusados pidió al Tribunal de Sentencia la nulidad del proceso, por considerarlo un doble juzgamiento.
También se plantearon otros 52 incidentes por parte de los demás defensores para evitar el juicio, pero el 5 de setiembre pasado, en una polémica decisión, la Justicia negó la existencia de doble juzgamiento y se ratificó en el inicio de un nuevo.
El incendio del supermercado Ycuá Bolaños es la peor tragedia civil en la historia de Paraguay. El Tribunal contabilizó oficialmente 364 muertos, 11 desaparecidos y unos 400 heridos, aunque las organizaciones de víctimas hablan de 400 fallecidos.
El fuego se inició a las 11:25 hora local, cuando el recinto se encontraba abarrotado por más de 800 personas.
Una explosión en el sistema de gas de la cocina se propagó hacia el patio de comidas y arrasó con las dos plantas del edificio, incluyendo el estacionamiento.
Supervivientes de la tragedia afirman que eso provocó una estampida hacia las salidas, pero al llegar a las puertas, descubrieron que estaban cerradas.
Según declaraciones de testigos durante el proceso criminal, las puertas fueron clausuradas por órdenes de los empresarios con el fin de no dejar que nadie saliera sin pagar por los bienes del supermercado.
Dos representantes de las "Madres de Cromañón", la discoteca de Buenos Aires donde el 30 diciembre de 2004 perdieron la vida 194 personas, acompañaron a las víctimas durante la lectura y la posterior marcha por las calles de Asunción con una bandera paraguaya gigante de 70 metros que contenía las fotos de los caídos durante la tragedia.
