El gobierno peruano de Alan García cedió ante la presión de las autoridades regionales y dejó a un lado el decreto que reservaba los cargos en las escuelas estatales sólo para los educadores que obtuvieron las mejores calificaciones en sus centros de formación, el llamado tercio superior.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, se vio forzado a abandonar sus planes durante una reunión que mantuvo con los presidentes regionales en la noche de la víspera.
Aunque horas antes había asegurado ante el Congreso legislativo que el criterio de contratar sólo a los profesores que finalizaron en el tercio superior no iba a ser modificado, debió aceptar finalmente que los 17 gobiernos regionales, sobre un total de 26, que habían rechazado el decreto no lo apliquen en sus concursos para cubrir cargos docentes.
Chang, sin embargo, se negó a admitir que esa decisión significara un retroceso del gobierno nacional y señaló que se trata de "disposiciones complementarias".
Las regiones plantearon que la medida era discriminatoria, debido a que se corría el riesgo de excluir a maestros y profesores que demostraron un buen desempeño profesional aunque no figuraron en el tercio superior de sus promociones.
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La gubernamental Defensoría del Pueblo había calificado como inconstitucional a la cuestionada disposición.
"El tercio superior no puede ser considerado un criterio exclusivo para restringir la participación de otros docentes, con el argumento de que ese requisito garantiza la calidad educativa", dijo a IPS el defensor adjunto para Asuntos Constitucionales, Fernando Castañeda.
La Defensoría señaló que la norma "es inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública docente en condiciones de igualdad".
Funcionarios del Ministerio de Educación habían señalado, antes de la reunión del martes con los presidentes regionales, que el documento de la Defensoría era sólo una opinión que podía ser escuchada, pero no necesariamente acatada, por no tener carácter vinculante.
Chang había declarado que el propósito del decreto era corregir la "mediocridad" en la educación.
El gobierno nacional diseña la política educativa y las modalidades de contratación de los maestros de las escuelas públicas, pero son las regiones las que deben pagar los salarios, como parte de las funciones asumidas en el proceso de descentralización. En consecuencia, son las que enfrentan el descontento de los maestros.
"Es una lucha de lo justo contra lo injusto", señaló el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y presidente de la norteña región Lambayeque, Yehude Simon, para justificar el enfrentamiento con el gobierno de García.
"No pueden pretender que los gobiernos regionales nos convirtamos solamente en ventanillas de pago", enfatizó su par de la meridional Arequipa, Juan Manuel Guillén.
Por lo menos seis de las 17 regiones que rechazaron el polémico decreto ya habían emitido ordenanzas para declararlo inaplicable o ignorar el requisito del tercio superior en los concursos públicos de maestros, a cargo de las autoridades locales.
En los días previos a la reunión del martes, Chang amenazó con demandar ante la Fiscalía a los presidentes de las regiones por desacato a la autoridad. También dijo que pediría la intervención de la Contraloría General de la República para que los investigue por malversación de fondos en el caso que contraten a los maestros que no figuran en el tercio superior.
El procurador del Ministerio de Educación, Roger Niego, informó que las autoridades regionales podrían recibir penas de cárcel de hasta cuatro años.
Pero la Defensoría había destacado que el decreto "no asegura que quienes se encuentren en el tercio superior de sus centros de formación sean los mejores para desempeñar la función docente". No existen parámetros que demuestren que así podría mejorarse la calidad educativa, advirtió.
Castañeda destacó que se requiere un sistema integral de capacitación de docentes, que incluya mecanismos de diálogo y participación, además considerar otros criterios de evaluación, como la acreditación de estudios de perfeccionamiento y resultados en el desempeño profesional.
El presidente del no gubernamental Foro Educativo, Ricardo Cuenca, resaltó que el problema de la calidad educativa no se resuelve con un decreto, mucho menos cuando no existe un sistema de acreditación y evaluación de los centros superiores que forman a los maestros, lo que impide garantizar su nivel de enseñanza.
En Perú existen 54 facultades de formación docente en universidades y 341 institutos superiores de pedagogía, 319 de ellos públicos.
"La mejora de la educación no tiene que ver necesariamente con normas. En principio se necesitan políticas a largo plazo, como garantizar el aprendizaje de los estudiantes con equidad o una verdadera descentralización de la educación", señaló Cuenca a IPS.
El secretario general del Sindicato Unitario de Educación en el Perú, Luis Muñoz, aseguró a IPS que está a favor de que los docentes del tercio superior reciban una bonificación especial en puntaje a la hora de la evaluación, pero pidió que los otros maestros no sean excluidos de la convocatoria. Castañeda advirtió que "un derecho fundamental no puede ser restringido por decreto". Se requiere, dijo, la aprobación de una ley o que el Congreso legislativo delegue facultades en el Ejecutivo.
