Fuentes militares de Nicaragua y funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtieron que decenas de campos minados todavía están activos en este país, una herencia de la guerra civil que sacudió al país entre 1979 y 1990.
Carlos Orozco, coordinador regional del Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica de la OEA, informó a IPS que se descubrieron 51 campos minados en la zona fronteriza con Honduras, un área donde viven alrededor de 24.000 campesinos.
Esa zona fue escenario de combates entre "contras", las fuerzas irregulares de derecha financiadas y organizados por Estados Unidos, y el Ejército Popular Sandinista, el aparto militar del Estado reorganizado al instaurarse la democracia tras el derrocamiento por parte de la guerrilla izquierdista de la larga dictadura de la familia Somoza.
Según datos oficiales, en esa guerra civil murieron 50.000 personas, 500.000 fueron desplazadas de sus hogares y alrededor de otras 50.000 resultaron lisiadas.
Orozco señaló que el ejército sembró 135.000 minas antipersonales. Se desconoce la cantidad colocada por los "contrarrevolucionarios", principalmente en las zonas fronterizas con Costa Rica y Honduras.
[related_articles]
Los registros del programa de la OEA indican que el ejército nicaragüense tenía almacenadas miles de toneladas de explosivos y 133.435 minas, que fueron destruidas en un proceso que concluyó en 2002.
"En 1990 había en Nicaragua 500.000 civiles viviendo a menos de 10 kilómetros de los campos minados", aseguró Orozco.
En los últimos cinco años, denuncias de campesinos de los departamentos Jinotega y Nueva Segovia, fronterizos con Honduras, así como de Matagalpa, alertaron a las autoridades militares sobre explosiones en esas zonas montañosas.
Una investigación del ejército descubrió los campos minados en los alrededores de antiguos campamentos de los "contras".
Los responsables del programa de la OEA identificaron ocho municipios, con una población de más de 24.000 personas en riesgo, en un radio de cinco kilómetros de las zonas sembradas con explosivos. El inspector general del ejército de Nicaragua, mayor general Roberto Calderón Vindell, dijo a IPS que, a través del Programa Nacional de Desminado Humanitario, las Fuerzas Armadas tienen planeado destruir a partir de este año los 51 campos minados remanentes de la guerra civil.
Los militares calculan que hay alrededor de 17.000 minas. La intención es destruir 7.600 este año y las restantes en 2009, siempre y cuando les asignen el dinero necesario para esa misión.
El comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, señaló que desde el comienzo de las operaciones de limpieza se habían destruido 157.972 minas antipersonal.
Las autoridades militares señalaron que alrededor de 1,1 millones de personas han sido beneficiadas directa o indirectamente por la limpieza de 397 campos.
"En mi pueblo había más de 15.000. Mucha gente murió y otra emigró por la pobreza, ya que nadie se metía a sembrar en esos campos de la muerte. Ahora hay caminos y escuelas donde antes habían bombas enterradas", relató Agresio Osejo Sacasa, alcalde del municipio de Somotillo, en el occidental departamento de Chinandega.
Según el ejército nicaragüense, desde 1990 se limpiaron tierras minadas, además de 145 kilómetros de caminos en la frontera norte y 96 en la frontera meridional.
A pesar de los avances, el coronel retirado William McDonugh, director para Acción Humanitaria contra Minas de la OEA, cree que Nicaragua no podrá ser declarada país libre de minas en 2009, como se especuló en 2005, cuando se creía haber eliminado 90 por ciento de esos explosivos.
"Esos 51 campos remanentes son los más inaccesibles. El ejército no podrá destruirlos en dos años", alertó a IPS McDonugh, quien ha estado supervisando las tareas de desminado en América Latina desde fines de los años 80.
La preocupación del funcionario de la OEA se basa en el fin de la cooperación económica que proporcionaban a Nicaragua tanto Dinamarca como Suecia. Estos países concluyeron sus planes de ayuda en diciembre.
Canadá, Estados Unidos, Japón y naciones de la Unión Europea continúan apoyando las tareas de limpieza, dijo Orozco.
Sin embargo, estimó que se requerirán mayores recursos para acabar con los campos minados descubiertos, ya que incluso la OEA enfrenta problemas presupuestarios.
"Tenemos alrededor de 1,5 millones de dólares para asegurar el cumplimiento de los planes de desminado de este año, pero necesitamos 3,7 millones de dólares más para 2009 y mantener los programas de asistencia a las víctimas hasta 2010", advirtió Orozco.
La OEA tiene una lista de 100 sobrevivientes que esperan apoyo para su rehabilitación, agregó.
"Ya hicimos el diagnóstico a 98 y esperamos capacitarlos este año en labores productivas para integrarlos con utilidad a la sociedad, pero necesitamos recursos adicionales para lograr eso", afirmó Orozco.
Desde 1990, cuando comenzó el programa, 1.187 personas sobrevivieron a las explosiones de las minas. Otras 50 murieron.
La Comisión Nacional de Desminado del Ministerio de Defensa informó que sólo en 2007 atendió a 425 sobrevivientes.
"Hubo 1.250 consultas para atenciones permanentes, que requerían cambios de prótesis, operaciones de ojos y oídos, así como ayuda psicológica, entre otras", informó el organismo.
Oswaldo Danilo Mairena, un ex soldado de 45 años, se encuentra en la lista de personas atendidas por las autoridades del desminado.
Perdió su pierna izquierda y el ojo izquierdo en 1991, cuando intentaba desactivar unas minas. Aunque ya han pasado casi 17 años, el ex militar todavía sigue recibiendo atención médica a causa de sus lesiones.
"Cuando uno cae en una mina queda sangrando para siempre", afirmó Mairena.
