La seguridad de quienes defienden los derechos humanos en Guatemala empeoró en los últimos cinco años: medio centenar fueron asesinados y es casi total la impunidad de los ataques que sufren, dijo este miércoles Hina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas.
Por la cantidad e intensidad de los ataques contra defensores de los derechos humanos y porque 98 por ciento de ellos quedan impunes, "la justicia en Guatemala se convierte en una palabra vacía", manifestó la abogada pakistaní en una conferencia de prensa que brindó tras una misión de tres días para observar los progresos de este país desde su anterior visita, en junio de 2002.
Los ataques se inscriben en un contexto de violencia generalizada que en los últimos cinco años ha causado 25.700 víctimas, lo que coloca a Guatemala entre los países más violentos de América Latina, según dijo el lunes Diego de León, de la no gubernamental Fundación Myrna Mack, en una reunión de miembros de organizaciones de derechos humanos con Jilani.
La representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos se reunió también con representantes del gobierno, del sistema judicial y de la comunidad internacional.
Factores como "la desigualdad en la distribución de ingresos, la violencia y el crimen organizado, la impunidad casi total y la influencia de los poderes paralelos han deteriorado dramáticamente el entorno en el que actúan los defensores de los derechos humanos en el país", dijo Jilani.
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Pero a pesar del contexto, la funcionaria indicó algunos progresos, como la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuya función es investigar grupos de seguridad clandestinos e ilegales con el fin de desmantelarlos.
La Cicig es fruto de un acuerdo firmado en diciembre de 2006 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno del entonces presidente guatemalteco Oscar Berger, ratificado en agosto de 2007 por el Congreso legislativo y puesto en vigor el 4 de septiembre.
Jilani observó que la policía y el Ministerio Público (fiscalía) constituyen "parte del problema", ya que la protección que brindan los agentes a los defensores en situación de riesgo es "selectiva e ineficaz", mientras los fiscales actúan con pasividad en las investigaciones de las denuncias.
La experta advirtió también sobre la criminalización y estigmatización de la labor de promoción de los derechos humanos desde algunos sectores políticos y medios de comunicación, que han calificado a los activistas de "protectores de los derechos de los criminales", dando lugar a más amenazas y agresiones.
Esto demuestra que "ha faltado voluntad política suficiente para resolver la situación", acotó.
Jilani recomendó al gobierno "tomar medidas visibles y concretas para otorgar a la labor de los defensores de los derechos humanos reconocimiento y legitimidad política" y sugirió para ello que condene con firmeza los ataques que sufren y reconozca la importancia de su trabajo.
También aconsejó garantizar la coordinación entre instituciones responsables de la investigación de los casos, especialmente entre la policía y el Ministerio Público.
La experta pidió a la comunidad internacional "seguir monitoreando la situación de los defensores de los derechos humanos" en este país centroamericano y recomendó a éstos últimos fortalecer alianzas y coaliciones dentro y fuera del país para estar más protegidos.
Según Jilani, todos los sectores de la comunidad humanitaria guatemalteca han sufrido violaciones y agresiones, y quienes trabajan en cuestiones de justicia y derecho a la verdad están especialmente amenazados.
También son blancos de ataques sindicalistas, periodistas, juristas, mujeres defensoras, campesinos, indígenas y jóvenes, así como organizaciones no gubernamentales internacionales.
"La impunidad es terrible, no hay investigaciones y enjuiciamientos en torno a los ataques", dijo a IPS Claudia Samayoa, de la no gubernamental Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Guatemala.
Representantes de sindicatos criticaron el lunes ante Jilani lo que llamaron una "política de Estado en contra del movimiento sindical".
La organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), que reivindica la memoria de las víctimas de la guerra civil (1960-1996), denunció ataques y amenazas a la entidad "por parte de policías y ex militares".
Defensores del campesinado se refirieron a los desalojos forzosos con uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil y cuerpos privados, en tanto que defensoras de los derechos de las mujeres se quejaron de amenazas de muerte y manifestaron su preocupación por el "retroceso de los últimos años".
La cuestión de las defensoras y de las mujeres en general preocupa a las Naciones Unidas, comentó Jilani, quien abogó por "medidas especiales de protección".
Un informe del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo revela que en 2007 fueron asesinadas 392 mujeres en un total de 3.319 muertes violentas.
"El sistema de justicia es fuente de impunidad, y ésta ha alcanzado dimensiones de violación masiva de los derechos humanos", consideró el lunes De León, quien recomendó el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil.
El clima imperante llevó al presidente socialdemócrata Álvaro Colom, que asumió su cargo el 14 de enero, a afirmar la semana pasada que no indultaría a los condenados a muerte, reestableciendo así la vigencia de las ejecuciones que estaban en suspenso desde 2000.
Una ley restituyó la semana pasada la facultad del Poder Ejecutivo de aplicar el derecho de gracia, abriendo así de hecho la puerta para la reanudación de las ejecuciones al eliminar un vacío legal que las frenaba.
La norma fue aprobada casi por unanimidad tras los asesinatos de 10 choferes de autobuses, presuntamente a manos de maras o pandillas juveniles.
Según encuestas, la mayoría de los 13 millones de habitantes de este país están a favor de la pena capital. Cincuenta y uno por ciento de los habitantes son pobres.
Jilani comentó a los periodistas que la pena capital "es un tema importantísimo en el ámbito de los derechos humanos", por lo que espera que "el gobierno tenga en cuenta las obligaciones internacionales antes de decidir al respecto".
La jurista se declaró "alentada por el compromiso manifestado por el nuevo Gobierno" y confió en que será "lo bastante persistente" para conducir al país al proceso de reforma y transformación que le permitirá enfrentarse a problemas estructurales como "la desigualdad, la violencia y la impunidad".
