Las irregularidades en la entrega de subvenciones escolares por parte del Ministerio de Educación de Chile son materia de la última denuncia de corrupción que afecta a la Concertación, la coalición de partidos de centroizquierda que gobierna hace 18 años.
La suma de escándalos enfrentados por la Concertación pueden comprometer su futuro político y su aspiración de conseguir un quinto periodo presidencial consecutivo en los comicios de 2009, comentó a IPS el politólogo de la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann.
El impacto probablemente se comenzará a percibir en las elecciones municipales de octubre, acotó.
La coalición de centroizquierda está integrada por los partidos Socialista (PS), Demócrata Cristiano (DC), Por la Democracia (PPD) y Radical Social Demócrata (PRSD).
Las anomalías en el pago de subvenciones del Ministerio de Educación correspondientes al año 2006 fueron reveladas por la Contraloría General de la República en un informe fechado el 23 de enero, pero dado a conocer una semana atrás.
La entidad detectó pagos millonarios a personas que no estaban autorizadas a recibirlos y 50.886 estudiantes de todo el país inscritos en más de un colegio, artilugio utilizado por establecimientos financiados por el Estado para cobrar subvenciones adicionales.
Ante ello, la Contraloría sugirió remover al secretario regional ministerial de Educación de la Región Metropolitana de Santiago, Alejandro Traverso, quien pidió una reconsideración de la medida. No obstante, el gobierno confirmó su salida del cargo.
El informe de la Contraloría se conoció mientras la presidenta Michelle Bachelet se encuentra de vacaciones, al igual que la ministra de Educación, Yasna Provoste, a quien los parlamentarios de la oposición derechista pretenden interpelar en el Congreso legislativo en marzo. Inclusive han planteado acusarla constitucionalmente.
El Ministerio de Educación se ha defendido diciendo que desde 2006 se han llevado a cabo sumarios internos para esclarecer los hechos y que la cartera se encuentra modernizando el proceso de certificación de las subvenciones.
Pero la ex contadora del Servicio Regional Ministerial de Educación de Santiago, Franka Grez, que puede ser procesada por el delito de estafa en este caso, aseguró el lunes al diario La Segunda que "hace mucho tiempo" se cometían las irregularidades en la repartición.
Grez no denunció los ilícitos en su momento porque esto significaba "perder su trabajo", alegó. Consultada sobre la posibilidad de que los fondos públicos defraudados hubiesen ido a parar a campañas políticas oficialistas, Grez respondió: "Yo creo que sí".
Esto se suma a las declaraciones del ex auditor del Ministerio, Hernán Ortiz, quien fue despedido luego de que intentara infructuosamente ser recibido por la ministra Provoste para informarle de las anomalías detectadas en una investigación interna liderada por él. Nunca recibió respuesta de los informes escritos que le envió, aseveró.
Decepcionado, decidió renunciar a su partido, la DC, y se pasó a una de las dos colectividades de la oposición derechista, Renovación Nacional (RN). El martes, Ortiz denunció casos de corrupción en otras reparticiones del Ministerio de Educación.
A juicio de Holzmann, la presidenta Bachelet, quien asumió el 11 de marzo de 2006, "no ha tenido una línea clara" para enfrentar diferentes irregularidades detectadas durante su administración.
Holzmann criticó su falta de prolijidad en el nombramiento de algunas autoridades que falsearon sus antecedentes académicos.
Dos de los casos más sonados fueron el de Catalina Depassier, su primera directora del organismo encargado de la política deportiva, Chiledeportes, que se atribuía en el currículum una licenciatura en filosofía cuando sólo había cursado un semestre de la carrera, y Alberto Etchegaray, superintendente de Valores y Seguros, que aseguraba ser abogado, pese a que no tenía el título: sólo era licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Ambos debieron renunciar.
Además, Holzmann cree que el gobierno ha tendido a ejecutar "defensas corporativas" en vez de "hacer valer con fuerza responsabilidades políticas y perseguir eventuales responsabilidades penales". Los casos de corrupción han calado hondo en la Concertación, propiciando la renuncia a sus partidos de varios parlamentarios. La fuga de congresistas terminó, a fines de 2007, con la mayoría que tenía el oficialismo en ambas cámaras.
En 2006, el ex diputado del PPD, Jorge Schaulsohn, figura emblemática de la Concertación, fue expulsado de su partido por asegurar que en la coalición existía una "ideología de la corrupción". El otro gran escándalo que complica a la Concertación es el que protagoniza la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y que se gestó durante la administración del presidente Ricardo Lagos (2000-2006).
Entre 2003 y 2005 la empresa desarrolló un ambicioso plan de modernización, que no dio los resultados esperados dado que en 2007 la deuda de EFE ascendía a casi el mismo monto invertido: 1.000 millones de dólares.
Entre las irregularidades descubiertas figuran miles de facturas extraviadas, erróneo cálculo de demanda de pasajeros y compra de trenes usados a una empresa española —sin repuestos ni garantías— que fallaron a los pocos meses, cuando existía otra oferta por equipos nuevos y más baratos.
Hasta ahora, la fiscal encargada del caso, Sonia Rojas, ha formalizado 66 delitos de fraude al fisco por 332 millones de pesos (unos 700.000 dólares). El Consejo de Defensa del Estado litigó al ex presidente de EFE, Luis Ajenjo, por el delito de malversación de caudales públicos.
Además de este caso, la justicia sigue investigando otros hechos como el pago de "sobresueldos"(salarios extraordinarios no registrados) a autoridades del Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Lagos.
En el primer año del mandato de Bachelet salieron a la luz irregularidades en la adjudicación de concursos públicos en Chiledeportes.
"Si se lo compara con otros países, Chile sale relativamente bien parado, pero esa es una imagen falsa. Lo que importa es la percepción de la opinión pública y la evaluación interna es negativa", planteó Holzmann.
Según el Índice Mundial de Percepción de Corrupción 2007, elaborado por Transparencia Internacional, Chile se ubica en el lugar 22 entre 180 países analizados, descendiendo dos lugares con respecto a 2006.
Nueva Zelanda lideró la lista como el país donde existe la menor percepción de corrupción entre funcionarios públicos y políticos.
A fines de 2006, Bachelet dio a conocer su agenda en materia de transparencia, probidad, eficiencia y modernización del Estado.
En ese marco, las reparticiones públicas ya cumplieron un instructivo presidencial que las obligaba a publicar en sus sitios de Internet las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, su personal de planta y contratado y las transferencias de fondos que realicen a personas jurídicas, entre otros aspectos.
En julio de 2007, Bachelet promulgó una ley que establece normas que protegen a los funcionarios que de buena fe denuncien irregularidades, y el 18 de enero, el parlamento aprobó el esperado proyecto de acceso a la información de la administración del Estado.
Aún está pendiente la aprobación legislativa de otra importante iniciativa legal: la que regula el "lobby" o cabildeo. A mediados de enero, Chile Transparente, el capítulo nacional de Transparencia Internacional, criticó la lentitud de esta agenda, opinión compartida por Holzmann.
El analista destacó, sin embargo, que la Contraloría ha dado un "salto cualitativo" luego del nombramiento en 2007 de su actual titular, Ramiro Mendoza, pues sus "fiscalizaciones técnicas y focalizadas están jugando un rol político dentro del Estado".
