El presidente de Perú, Alan García, prometió que para fines de 2007 habría transferido a las regiones la totalidad de los servicios de educación, salud y empleo. Pero al vencer ese plazo, sólo se había completado el traspaso de una cuarta parte de esas funciones.
Sin embargo, la polémica no está alimentada sólo por la demora. El gobierno de García no ha dado claras señales sobre su voluntad de girar a las regiones los recursos del presupuesto nacional que sostenían esas funciones, por lo cual la calidad futura de esas prestaciones genera dudas, dada la experiencia negativa de otros países de América Latina que aplicaron reformas de este tipo.
Una parte importante de los servicios a cargo de 11 de los 15 ministerios de Perú deben ser transferidos a los 26 gobiernos regionales, un paso que se considera importante para otorgarles un real poder político y económico.
De las 4.810 funciones que deberían haberse traspasado en este proceso antes del 31 de diciembre, se concretaron sólo 26,1 por ciento de ellas, informó a IPS la Secretaría de Descentralización del Consejo de Ministros (SDCM), a cargo de la supervisión del proceso.
Se fijó una nueva fecha límite, fin de marzo, para alcanzar la meta.
[related_articles]
"Esta vez sí vamos a cumplir, porque hay decisión política de ambas partes para conseguirlo. Además en muchos casos sólo falta formalizar la transferencia", aseguró a IPS el encargado de la SDCM, Gróver Pango.
En 2004 se estableció que se traspasarían servicios de salud, educación, turismo, población, agricultura y pesquería, entre otros servicios, que permitirían que los gobiernos regionales tengan mayor participación en las políticas públicas y dejen de ser simples ejecutores de las decisiones del Poder Ejecutivo nacional.
"Hemos avanzado en un año lo que el gobierno anterior planificó hacer en siete, pero nosotros estamos más preocupados en que el proceso siga adelante", agregó Pango.
Entre 2004 y 2005 se transfirieron 2.887 funciones, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), una cifra muy próxima a lo que se ha conseguido en 2007.
Según Pango, una de las razones del retraso es que los gobiernos regionales no cumplen con los requisitos generales para la transferencia: contar con un plan de desarrollo regional, de capacidades, de presupuesto participativo, entre otros aspectos.
Otro motivo es que el gobierno central considera que las regiones no están preparadas para recibir ciertos servicios. Es por ello que resulta difícil suscribir el acta final que permite hacer efectiva la transferencia y la mayor parte de las funciones quedan en la etapa de acreditación, es decir, con el visto bueno de la SDCM para acordar la transferencia, señaló Pango.
Hasta fines del año pasado, 53,4 por ciento de las funciones llegaron a esa fase. Las regiones que más han avanzado son la nororiental Amazonas, donde se han acreditado 107 de las 185 que deben ser transferidas, la septentrional La Libertad llegó a las 139 funciones, mientras que las australes Arequipa y Tacna cuentan con 102 y 118, respectivamente.
"Este gobierno quiso acelerar el proceso, pero no sólo no lo consiguió sino que tampoco ha hecho algo para ordenarlo y corregirlo. Los principales problemas siguen siendo la falta de desarrollo de capacidades en la entrega de funciones y de recursos", señaló a IPS el coordinador ejecutivo de la no gubernamental Propuesta Ciudadana, Javier Azpur.
El gobierno central, indicó, no cuenta con una estrategia de fortalecimiento para que las administraciones regionales desarrollen proyectos que permitan responder a las demandas de sus poblaciones. Por ello es que tampoco se les confían facultades suficientes para que tengan una participación importante en la generación de políticas públicas, agregó.
Azpur puso como ejemplo que en un programa de vacunación casi siempre se utiliza a los gobiernos regionales como simples operadores y no se les permite participar en el desarrollo de las campañas de salud.
"Por eso, la transferencia muchas veces sólo se da en el plano administrativo", agregó y enfatizó que el traspaso no está acompañado hasta ahora por las partidas presupuestarias que garantizarían el mantenimiento de la prestación de esos servicios.
El Ministerio de Economía y Finanzas está elaborando un cálculo de los recursos que deben ser entregados a las regiones junto con las funciones, indicó Azpur, cifra que será informada el 28 de marzo, cuando García y los gobiernos regionales realicen su segunda jornada de trabajo en lo que va del año.
El coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Yehude Simon, afirmó que, si la transferencia está acompañada por los recursos presupuestarios, las regiones gozarán de verdadera autonomía.
Simon dijo que, aunque se exige a las regiones contratar técnicos para controlar a las empresas de transporte, para evitar los accidentes en las carreteras, el dinero no se ha transferido y la Ley de Presupuesto les prohíbe contratar nuevos trabajadores.
Según Pango, se buscará fortalecer a las regiones con la transferencia del personal que hoy trabaja en los diversos ministerios, a través de incentivos y señaló que existe la posibilidad de que se autorice el empleo de las regalías que aquéllas reciben por la actividad minera para la contratación de técnicos.
Azpur indicó que la apuesta debe ser continuar uniendo esfuerzos con las regiones en lugar de desprestigiarlas por su supuesta incapacidad para la ejecución de obras públicas, como en su opinión ha sucedido desde julio de 2006, cuando García llegó al gobierno.
Sin embargo, la no gubernamental Propuesta Ciudadana pone en duda esa estrategia en base a las propias estadísticas oficiales. En 2007 las regiones incrementaron su capacidad de gasto en tres puntos porcentuales respecto de 2006, mientras que la del gobierno central se redujo cuatro por ciento, señaló la organización.
Entre 2004 y 2007, la inversión en las regiones pasó de 261 millones de dólares a 778 millones, pero el incremento en el caso del gobierno central en ese mismo período fue sólo de 783 millones a 1.090 millones de dólares, indicó Propuesta Ciudadana.
