Un estudiante universitario mapuche murió este jueves de un disparo en un incidente con la policía, que aún aparece confuso. Mientras, la vida de una activista de la causa indígena encarcelada pende de un hilo tras 82 días de huelga de hambre.
El hecho ocurrió cerca de las 06:00 hora local en el establecimiento rural Santa Margarita, de propiedad del agricultor Jorge Luchsinger, ubicado en la comuna de Vilcún, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago.
El predio se encontraba con vigilancia policial permanente por la gran cantidad de atentados que ha sufrido en los últimos años.
El joven fallecido, identificado como Matías Catrileo Quezada, un estudiante de agronomía de 22 años, habría ingresado al predio reivindicado por su comunidad como propio— en compañía de un grupo de comuneros y habrían quemado algunos fardos de pienso.
Se trata del episodio más grave ocurrido en la zona desde el asesinato en 2003 del joven comunero mapuche Alex Lemún, quien recibió un impacto de bala en la cabeza en un enfrentamiento con carabineros (policía militarizada). El caso, investigado por la justicia militar, fue sobreseído sin condenas.
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En comunicación con la radio Bío-Bío, los indígenas aseguraron que Catrileo Quezada fue baleado por la espalda con una ametralladora y que decidieron esconder el cuerpo porque temen que la policía manipule la evidencia. Por ello pidieron a la Iglesia Católica recibir el cuerpo del joven muerto.
El obispo de Villarrica, Sixto Parzinger, se dirigió al lugar para mediar en la entrega. Poco después radio Cooperativa informó que este prelado y el defensor regional de la Araucanía, José Martínez, vieron el cadáver, que al parecer presenta un disparo en el abdomen.
En las últimas semanas, la región de la Araucanía ha estado en el centro de la noticia por una serie de atentados incendiarios a camiones y predios agrícolas y forestales.
Luego de conocida la muerte de Catrileo Quezada, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, llamó a los comuneros a entregar el cuerpo para dejar actuar a la justicia, aunque no confirmó el deceso.
Señaló, no obstante, que la policía informó de un enfrentamiento con armas de fuego entre los efectivos que custodiaban el predio por orden de la justicia y comuneros que estaban encendiendo fardos de pastos.
Ante la gravedad de los hechos, los senadores oficialistas Alejandro Navarro y Nelson Ávila llamaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), su compatriota José Miguel Insulza, para que intervenga en el conflicto mapuche.
Coincidentemente, organizaciones y personalidades defensoras de los derechos humanos convocaron este jueves a una conferencia de prensa para denunciar el "silencio" mantenido por el gobierno centroizquierdista de Michelle Bachelet sobre la huelga de hambre que tiene a una activista de la causa mapuche al borde de la muerte.
Los grupos que hicieron el llamado fueron Amnistía Internacional, capítulo chileno, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (Acción) y el jubilado juez Juan Guzmán Tapia, quien tiene en su haber profesional el procesamiento del hoy fallecido ex dictador Augusto Pinochet.
El asesinato de Catrileo Quezada "es un hecho muy lamentable, condenable, pero un hecho predecible porque la violencia de la policía y la violencia represiva del Estado en las comunidades indígenas, en particular en las mapuches, ha sido constatado y denunciado por organizaciones de derechos humanos a lo largo de la última década", dijo el codirector del Observatorio, José Aylwin.
"Este es el resultado del silencio y complicidad del actual gobierno con carabineros", remarcó.
"Hace tres semanas sostuvimos una reunión con el general (Alejandro) Bernales, (director de Carabineros), donde le representamos la persistencia de esta situación y llamamos la atención sobre la necesidad de que el Estado desarrolle una política de investigación de aquellas situaciones de uso desproporcionado de la fuerza, de violencia en contra de las comunidades, muchas veces con epítetos racistas", acotó.
Pero, al contrario, carabineros anunció hace unos días la conformación de un grupo especial dentro de la institución para enfrentar los hechos de violencia en la Araucanía.
"La violencia genera violencia. Aquí hay una violencia histórica, que comenzó con la ocupación del territorio mapuche por parte del Estado (en el siglo XIX) y (siguió) con las políticas de usurpación impulsadas a lo largo del siglo XX y que se mantienen hasta la fecha a través, por ejemplo, de la forestación exótica en las tierras de las comunidades y la expansión de proyectos de inversión", indicó Aylwin.
"Ha habido una violencia de reacción por parte de las comunidades, sin embargo, corresponde al Estado poner término a este espiral de violencia", dijo, para luego agregar que hechos como el de este jueves "hacen prever que esto se puede prolongar hacia el futuro con consecuencias impredecibles".
Por otra parte, Patricia Troncoso, una activista de la causa mapuche, cumplió este jueves 82 días en huelga de hambre, dispuesta a morir por conseguir la libertad de todos los autodenominados presos políticos mapuches y por la desmilitarización de las comunidades que reivindican tierras.
Los otros cuatro comuneros que ayunaban junto a ella desistieron pasados los 60 días por el delicado estado de salud en que se encontraban.
Troncoso, de 37 años, cumple una condena de 10 años y un día imputada del delito de "incendio terrorista".
La justicia le atribuyó responsabilidad en el incendio en diciembre de 2001 de 100 hectáreas que contenía una plantación de pinos en el predio Poluco Pidenco, de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía.
Para juzgar este y otros casos, el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) invocó la severísima ley antiterrorista impuesta por la dictadura militar de Pinochet (1973-1990).
Esto ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo.
Aunque la presidenta Bachelet se comprometió a no aplicar más la ley antiterrorista para perseguir acciones de protesta social mapuche, los activistas piden revisar las condenas dictadas bajo esa legislación.
En la conferencia de prensa de este jueves, las entidades criticaron la pasiva actitud del gobierno, que se comprometió a establecer una mesa de diálogo con los abogados de los presos y la Iglesia Católica.
"Hubo una sola reunión el 17 de diciembre y la otra debía hacerse el 19, pero los abogados todavía están esperando que los llamen", comentó a IPS el ex juez Guzmán Tapia.
Añadió que el gobierno ha dilatado la entrega de beneficios carcelarios (como salida dominical) a los que los presos mapuches tienen derecho por la cantidad de años que llevan recluidos. Entre ellos, la propia Troncoso.
Aylwin, recordó, además, que hace unas semanas el senador socialista Alejandro Navarro envió una carta a su correligionaria Bachelet para pedirle que el gobierno le dé categoría de tratamiento de urgencia a un proyecto que modifica la ley antiterrorista, que podría dejar en libertad a los huelguistas. Pero ese mensaje al parlamento no fue enviado.
"La situación es grave, sin exagerar, de vida o muerte", dijo Guzmán Tapia.
"Los gobiernos de la Concertación (Por la Democracia, la coalición de centroizquierda en el gobierno desde el retorno a la democracia en 1990), con razón, han criticado los abusos, el retardo y la inaplicación de la ley por parte de los jueces durante la dictadura. Ahora se le critica al gobierno su falta de resolución ante una situación que implica la vida de una persona", señaló el ex magistrado.
El Censo de 2002 indicó que el pueblo mapuche estaba conformado entonces por 604.349 personas, que representan 87 por ciento de la población indígena de Chile. Casi 30 por ciento de ellos residen en la Araucanía.
