Grupos ambientalistas y de trabajadores de Uruguay realizarán nuevas protestas contra las actividades de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE), que el 10 de noviembre inauguró el puerto privado de M’Bopicuá, sobre el occidental río Uruguay, para el procesamiento y exportación de madera. Según el gobierno, la terminal representa una inversión inicial de 33 millones de dólares y unos 140 empleos en su primera etapa.
Pero según la activista Ana Filippini, del grupo ecologista Guayubirá, la inversión corre por cuenta del Estado bajo la forma de subsidios, préstamos blandos y exoneraciones fiscales, y los empleos creados en M’Bopicuá se perderán al disminuir la actividad de los puertos de Fray Bentos ( sólo 10 kilómetros río abajo) y Paysandú.
Además, ENCE planifica construir junto al puerto una fábrica de celulosa y para ello ya ha realizado estudios de impacto ambiental, con resultados favorables.
Esa fábrica será muy contaminante porque utilizará cloro, dijo a Tierramérica Filippini, quien puso en duda el rigor científico de los estudios
