El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (Movilh) denunció este viernes, junto a parlamentarios oficialistas, que grupos conservadores pretenden desvirtuar el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, aún en trámite parlamentario.
La iniciativa fue enviada al Congreso el 22 de marzo de 2005 por el gobierno de entonces de Ricardo Lagos (2000-2006) y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
El artículo tercero del texto original señala "que se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua".
También para causas de razones "ideológicas u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social". "Hay una ofensiva tremenda contra el proyecto de parte de la derecha, que está intentando sacar la categoría de orientación sexual" del texto, dijo a IPS el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, en el marco de la conferencia de prensa convocada este viernes.
Jiménez estuvo acompañado por los senadores oficialistas Carlos Ominami y Guido Girardi, de los partidos Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD), respectivamente, además del diputado Gabriel Silber, del también cogobernante Partido Demócrata Cristiano (DC).
La Alianza opositora de derecha, en tanto, está conformada por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI).
"(Algunos parlamentarios de la UDI) han tenido una actitud falaz, traicionera, porque cada vez que nos hemos contactado con ellos nos han dicho que están de acuerdo con que no exista la discriminación por orientación sexual, pero igualmente presentan indicaciones para sacar la categoría del proyecto", acusó.
Según Jiménez, una de las indicaciones propuestas por los legisladores de oposición es reemplazar el artículo tercero por una "declaración genérica", donde no se detallan las características que pueden ser objeto de discriminación, entre ellos la orientación sexual, lo que a su juicio restaría eficacia a la norma.
"Además, han aleonado (presionado) de manera perversa, han sembrado una campaña del terror al interior de las iglesias evangélicas" para que se opongan al proyecto, explicó.
Jiménez afirmó, asimismo, que "la Iglesia Católica ha enviado documentos al gobierno, donde manifiesta su preocupación por la ley y donde pide que la norma no sea aplicable a las (diferentes) iglesias", considerando el rechazo de éstas a la homosexualidad y al lesbianismo.
La Conferencia Episcopal de Chile, a través de su departamento de comunicaciones, optó por no emitir comentarios al respecto tras ser consultada por IPS.
"Nosotros hemos sido muy flexibles. Por ejemplos, dejamos que se eliminara la acción (judicial) especial antidiscriminación. Se negoció con la derecha reformar los recursos de protección e incorporar ahí elementos" para perseguir la discriminación, recordó.
"Pero nos parece inaceptable que se pretenda introducir estos cambios. Si así sucede, vamos a repudiar la ley y recurrir a los organismos internacionales (de derechos humanos) porque no es posible una ley contra la discriminación que sea un saludo a la bandera", advirtió.
El 29 de este mes, Jiménez se reunirá con el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, encargado de las relaciones con el Poder Legislativo, "para exigirle que el gobierno trabaje por una ley decente".
No obstante, le preocupa el "precedente negativo" sentado ya por Viera Gallo, quien negoció con la derecha modificaciones a otros proyectos de ley emblemáticos, como el que crea el Instituto de Derechos Humanos y el que ratifica la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Esto le valió la crítica de organizaciones de derechos humanos e indígenas.
A la conferencia de prensa también asistieron la profesora Sandra Pavez y el ex subprefecto de la Policía de Investigaciones César Contreras, quienes aseguraron que de haber contado con una ley contra la discriminación no habrían sido desvinculados de sus respectivos trabajos por su opción sexual.
Después de trabajar 18 años como maestra de religión, Pavez hizo público su lesbianismo, lo cual le significó que la Iglesia Católica le quitara el "certificado de idoneidad" necesario para ejercer su profesión.
"De nada me sirve mi título ni mi postítulo en religión si no tengo el certificado" que entrega la Iglesia, explicó a IPS. Aunque no fue despedida del colegio municipal en el que trabaja, donde es apoyada por el cuerpo directivo y docente y por los apoderados, está relegada a hacer labores administrativas.
Contreras, en tanto, fue llamado a retiro de baja por la Policía de Investigaciones en 2006, tras 18 años de servicio activo, faltándole dos años para jubilarse.
Sus superiores lo acusaron de integrar una red de pedofilia luego de que en su computador se encontraran links a páginas de Internet de contenido homosexual. Pero la justicia no acogió la demanda presentada en su contra por la institución.
Lleva dos años cesante, presentando diversos recursos judiciales y administrativos que hasta el momento no han sido favorables. Actualmente está esperando que el Poder Ejecutivo se pronuncie sobre un pedido de reincorporación.
"No se me hizo sumario administrativo ni se esperó que la justicia fallara (sobre el supuesto delito que había cometido). Todo se dio en un contexto de ilegalidad e inconstitucionalidad producto del vacío que la propia Constitución y las leyes le otorgan a las instituciones y a todo aquel que quiera discriminar", dijo a IPS.
"Estamos apoyando al Movilh, porque si se aprueba la ley con esos recortes va a ser más de lo que tenemos ahora. Hoy no hay una ley que proteja a las personas que han sido discriminadas", concluyó.
