Casi dos años después de obtener la aprobación ambiental del gobierno chileno, el cuestionado proyecto aurífero Pascua Lama, de la trasnacional canadiense Barrick Gold Corporation, continúa sin fecha de construcción.
Es el primer proyecto binacional del mundo, ya que 80 por ciento del yacimiento está en la septentrional región chilena de Atacama y el resto en la noroccidental provincia argentina de San Juan.
Un aspecto crucial es la definición de ambos países del reparto impositivo, dado que rige un convenio que impide la doble tributación.
En su página web, Barrick informa que "continúa avanzando en el proyecto", pero que para anunciar la construcción de la mina "falta obtener aún permisos sectoriales, especialmente en Argentina, y que los gobiernos de ambos países finiquiten aspectos tributarios".
En un comunicado difundido en octubre, indicó que "los plazos continúan siendo inciertos y no dependen de la empresa".
La empresa que maneja las relaciones públicas de Barrick, Extend Comunicaciones, declinó responder las preguntas de Tierramérica sobre fechas y autorizaciones pendientes.
El 15 de febrero de 2006, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama aprobó con condiciones el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Barrick. En diciembre hizo lo propio el gobierno de la provincia de San Juan.
La Corema desechó la propuesta de la empresa de remover tres glaciares cercanos al yacimiento —Toro I, Toro II y Esperanza—, que alimentan el sistema hídrico del Valle del Huasco y permiten la actividad de unos 70.000 pequeños agricultores. También le exigió un plan de manejo y control de estos.
Así se desestimó la oposición de comunidades y organizaciones ambientalistas de ambos países, que no han cesado de realizar actividades de protesta por considerar que el proyecto tendrá graves consecuencias ambientales y socioculturales.
Lucio Cuenca, director del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), dijo a Tierramérica que en febrero pretenden realizar un audaz encuentro binacional en el inhóspito sector donde se ubica el yacimiento.
En Argentina también se discute el anuncio realizado en noviembre por el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) de establecer en hasta 10 por ciento las retenciones a las exportaciones mineras.
Según la prensa, Chile exigiría que Barrick pague 80 por ciento de sus impuestos en el país, en congruencia con la cantidad de mineral que extraerá de su territorio, fórmula que sería rechazada por Argentina, donde se procesaría toda la producción.
El argumento argentino es que el eventual daño ambiental y el reparto de los desechos no responden a la lógica 80/20. Ambientalistas argentinos sostienen que, además de la afectación de las cuencas hídricas, del lado sanjuanino quedará el denominado "dique de cola" que, una vez extraído el mineral con cianuro, contendrá desechos de roca de por vida.
Ramón Rada, secretario ejecutivo de la comisión chilena que administra el Tratado Minero binacional de 1997, negó a Tierramérica que ambos países estén negociando "tasas" o "porcentajes" impositivos.
Sólo se están precisando "aspectos administrativos y de fiscalización" más adecuados al "modelo operativo y contractual que utilizarán las empresas que desarrollarán el proyecto", aclaró.
Rada citó el artículo siete del Tratado Minero, según el cual "las rentas o ganancias originadas por ventas o exportación del mineral extraído del territorio de una Parte (…), sólo podrán ser sometidas a imposición por esa Parte".
La Secretaría de Minería argentina sostuvo que resta "la adaptación a los protocolos que incluyen el Tratado, cuestiones muy técnicas y específicamente tributarias" sobre las cuales giró una propuesta en diciembre, que es evaluada por su par chilena.
Pero hay más trabas. Barrick mantiene un litigio judicial con un ingeniero chileno que la acusa de engañarlo al comprarle en 20 dólares —y no en el millón de dólares pactado— concesiones mineras aledañas al yacimiento.
La mina se construirá en terrenos que la comunidad indígena diaguita de los Huascoaltinos reivindica como propios. En enero de 2007, ésta denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no proteger sus derechos.
Además, el OLCA espera que el Consejo de Defensa del Estado se pronuncie pronto sobre su solicitud de demandar a Barrick por el delito de daño ambiental.
Se la acusa de destruir entre 50 y 70 por ciento de los glaciares durante labores de prospección y construcción de caminos, deterioro certificado por la gubernamental Dirección General de Aguas.
El senador del cogobernante Partido Por la Democracia Guido Girardi está convencido de que el proyecto destruirá completamente los glaciares. "Chile debe ser el único país donde los proyectos con informes técnicos negativos igual son aprobados", afirmó a Tierramérica.
El OLCA reveló en diciembre que las autoridades chilenas aprobaron la instalación de 363 torres de alta tensión, para llevar electricidad al yacimiento, en un sitio de la central región de Coquimbo declarado prioritario por el propio gobierno, por ser rico en fauna endémica.
En Argentina, se oponen las Madres Autoconvocadas de la localidad de Jachal, aledaña a la mina, agrupaciones de viñateros, empresarios de turismo aventura y organizaciones ambientalistas, entre otros.
El defensor del Pueblo de ese país, Eduardo Mondino, recomendó suspender el proyecto a la espera de un plan maestro de protección de la Biosfera de San Guillermo, en la que está ubicada la mina.
Se espera, además, que la Corte Suprema de Justicia argentina se pronuncie sobre un recurso presentado para hacer efectivo el seguro ambiental establecido en la Ley 25.675 de Ambiente, que no se aplica por falta de reglamento, y que afectaría a Barrick.
"Todas estas cosas no necesariamente detienen por sí solas el proyecto, pero sí generan incertidumbre. Cada día que Barrick posterga el inicio de la construcción de la mina se pone en juego su imagen pública tanto a nivel internacional como frente a sus accionistas", señaló Cuenca.
Al OLCA le preocupa el precedente que pueda sentar Pascua Lama en otros proyectos beneficiados por el Tratado Minero en la alta cordillera, "donde nacen las aguas".
* Con aportes de Sebastián Lacunza (Buenos Aires). Este artículo fue publicado originalmente el 12 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
