Para hacer cumplir el constitucional derecho a la salud en Colombia, los usuarios acuden a la justicia y los sindicatos a instancias internacionales, los médicos piden administrar los hospitales públicos y la prensa conservadora cuestiona. Mientras, el Estado sanciona sin brindar soluciones.
Los antecedentes de la situación se remontan a 1993, cuando el hoy presidente colombiano Álvaro Uribe impulsó desde su asiento en el Senado la ley número 100 que dio vida a las instituciones de salud y fondos de pensión privados.
En el sector público, la crisis se acentuó en los últimos seis años con el cierre de 150 hospitales de la administración central del Estado y universitarios en todo el país y el despido de más de 60.000 trabajadores.
La última denuncia sobre estos hechos fue presentada en noviembre ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y servicios complementarios de Colombia (Anthoc), sumándose a otras similares en instancias supranacionales.
"El cierre de hospitales y el despido de trabajadores se contrapone con las ganancias del sector privado de la salud, que superaría los 20 billones de pesos (10 millones de dólares) en 2006, según datos del Departamento de Planeación Nacional que en 2004 reconoció utilidades por 17 billones de pesos (8,5 millones de dólares)", dijo a IPS Yesid Camacho, presidente de Anthoc.
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En Colombia, estas "utilidades son sólo superadas por el negocio de las telecomunicaciones", agregó.
Sin embargo, para ser atendidos de manera oportuna, lograr atención especializada, recibir la medicina necesaria y superar imprevistos, los usuarios con frecuencia acuden a la Acción de Tutela. Esta figura jurídica, incluida en la Constitución aprobada en 1991, es un "recurso para defenderse de los atropellos y obtener pronta justicia", definió el sociólogo Álvaro Angarita.
En 2004, sólo en Bogotá fueron presentadas 1.793 tutelas. En 2005 ascendieron a 2.984 y el año pasado alcanzaron a las 4.263 acciones, especialmente por negación de procedimientos, tratamiento o medicamentos, según información de la gubernamental Contraloría Distrital, receptora de demandas.
Las cifras complementan la investigación de la estatal Defensoría del Pueblo dada a conocer a comienzos de este mes sobre el descontento de los médicos y el resto de los trabajadores del sector por las llamadas Empresas Promotoras de Salud (EPS), de carácter privado.
Denuncian que no pueden cumplir la ley de Ética Médica si el tope de formulación, exámenes de laboratorio, radiología e imágenes diagnósticas autorizadas es de 65 por ciento del total de consultas, indica la investigación.
Consideran también que el tiempo mínimo requerido para valorar y diagnosticar un paciente es de media hora. En las EPS están obligados a dedicar 18 minutos por persona "en el mejor de los casos", y teniendo en cuenta que, "parte de este tiempo se dedica a llenar formularios".
La ineficiencia en la atención en salud ha hecho común el concepto de "paseo de la muerte", o búsqueda de atención en hospitales que no dan respuesta.
Un ejemplo es la sanción impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud a dos entidades privadas responsables de la muerte de Orlando Plazas, de 46 años, trabajador ambulante que el 12 de junio pasado acudió en busca de atención.
Por no tener dinero para pagar la consulta ni estar afiliado a la EPS, el hombre murió en la puerta de uno de esos centros asistenciales.
La EPS Cafesalud debe cancelar el equivalente a 216.000 dólares, y la empresa Esimed, administradora del centro de atención, 433.000 dólares, la más alta sanción que permite la ley.
Sin embargo "ese monto es comparativamente insignificante con las utilidades que registran las empresas de salud", dijo Camacho. "Y ni hablar de responsabilidad social, ética, humanismo o compromiso", agregó..
"Además, situaciones como ésta, más frecuentes de lo que quisiéramos, no disminuyen el interés del gobierno en la privatización, no sólo de la salud sino también del manejo de las pensiones y los riesgos profesionales de los trabajadores", asegura Camacho.
"En consecuencia, continúa la liquidación de clínicas y hospitales públicos", agregó.
La Empresa Solidaria del Estado (ESE) Luis Carlos Galán, que agrupa cuatro clínicas, entre ellas la San Pedro Claver, de larga tradición, y otra de atención infantil, además de 17 Centros de Atención Ambulatoria (CAA) con 794.000 afiliados, entró en liquidación en agosto pasado.
Informaciones no confirmadas aseguran que la empresa habría sido ofrecida a la orden española de los hermanos de San Juan de Dios, que pagaría cerca de 85 millones de euros (unos 125 millones de dólares).
"En cambio de entregarla a la comunidad española o cualquier otro capital extranjero, el gobierno debería respetar la ley que dice que, en casos de este tipo, los primeros con derecho a adquirir o administrar los bienes son los mismos trabajadores", dijo a IPS el médico colombiano William Flye, presidente de la Asociación Médica Sindical (Asmedas), seccional Bogotá.
"En segunda instancia están los entes públicos como podría ser la Secretaría de Salud. Luego las empresas del sector solidario y en última instancia el sector privado. Pero el gobierno invirtió el orden", dijo Fley.
"Aún así lo que pedimos es que nos inviten a concursar en las mismas condiciones que lo hacen los capitales extranjeros. Que tengamos acceso a créditos de Estado por sumas de 250.000 millones de pesos pagaderos a 15 años e intereses muy bajos", afirmó Flye.
"Nosotros sabemos hacerlo, ofreciendo a los pacientes la atención que merecen como personas, y no como clientes o usuarios, términos que no comparto", continúa Flye.
Sin embargo el sindicalista Camacho opina que esta igual sería una privatización que beneficiará a pocos, quitando al Estado la responsabilidad de un mandato constitucional.
Las mayores dudas sobre la intención del Estado las deja el registro de crecimiento anual de ocho por ciento y utilidades a partir de 2003 por 12.468 millones de dólares en las clínicas de la ESE Luis Carlos Galán, y el informe de la Superintendencia de Salud sobre viabilidad financiera y gestión social.
Camacho reitera que "no es más que un negocio con intereses claros". "De nuestra parte insistiremos en encontrar instancias internacionales que de alguna manera contribuyan a frenar esta escalada", dijo.
El gobierno, por su parte, mantiene silencio frente a las constantes denuncias en medios masivos como el diario El Tiempo en sus páginas editoriales y la revista Semana.
Tampoco se pronuncia sobre la conformación de una EPS con capital de las cinco más grandes empresas de salud en el país, en reemplazo del Instituto de los Seguros Sociales, que fuera anunciada con énfasis a comienzos de este año.
"Es porque las privadas le hacen el quite para no asumir a los pacientes de mayor costo, por edad y gravedad, que aún quedan en el ISS", según afirmación en la que coinciden Camacho y Flye.
