La falta de interés de los medios de comunicación en la pena de muerte es responsable de la generalizada indiferencia del público de Marruecos al respecto, según expertos y activistas de este país árabe.
"Los medios marroquíes todavía no incorporaron la abolición a su agenda", dijo a IPS Driss Ould Kabla, secretario de redacción del semanario Al-Michal, de Casablanca.
A pesar de que extraoficialmente se suspendieron hace 15 años las ejecuciones en Marruecos, este país se alineó con el resto del mundo árabe al votar en contra de la moratoria internacional de este castigo extremo aprobada por el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU.
Marruecos fue uno de los 52 países que votaron contra la moratoria el 15 de noviembre.
Los representantes de este país ni siquiera asistieron al debate de dos días en el recinto de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), a diferencia de sus pares egipcios y sirios, que expresaron fuertes críticas a la iniciativa aprobada.
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La prensa marroquí ignoró, en general, las deliberaciones y la posición de Rabat. Al-Michal es el único periódico marroquí que informa regularmente sobre el asunto.
El silencio casi total de los medios de comunicación se debe, en buena medida, a la vigencia de una anticuada mentalidad conformista, y no a la censura oficial, según Kabla.
"Tenemos una larga historia de apoyo a la pena de muerte desde la dirigencia política, social y religiosa", explicó el periodista, pero "la prensa independiente ha mostrando suficiente osadía en otros asuntos", enfatizó.
Cientos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el régimen del rey Hassan II (fallecido en 1999), algunas de las cuales fueron investigadas por el propio Kabla, se conocieron a través de Al-Michal. Numerosos sitios web del mundo árabe reprodujeron esos informes.
Varias organizaciones no gubernamentales compartían parte de la culpa por la apatía del público, según el periodista marroquí. "Los grupos abolicionistas no están comunicando sus posiciones con la suficiente amplitud", opinó.
Ahmed Kouza, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, coincidió en que la prensa marroquí era sumisa a la hora de informar sobre la pena de muerte. Los medios no advierten que entre la abolición de este castigo y la promoción de los valores democráticos existe un vínculo estrecho, sugirió.
En otras áreas informativas, agregó Kouza, los medios marroquíes han jugado "un papel clave en la transición democrática" en curso en este país, pero parecen no darse cuenta de que "la abolición es una parte integral" de este proceso.
La "transición democrática" fue lanzada en Marruecos en 1998, cuando el fallecido rey Hassan II nombró primer ministro al líder de la oposición, Abderrahmane Youssoufi.
Hassan II gobernó entre 1961 y 1999. Su hijo, Mohamed VI, continuó desde el trono las reformas democráticas. También lanzó un proceso de reconciliación con víctimas de violaciones de derechos humanos durante el reinado de su padre.
En su informe final presentado al rey Mohamed VI en 2005, la comisión a cargo del proceso de reconciliación recomendó la abolición de la pena de muerte.
En 2006, el legislador reformista Bouchra Khiari, del Frente de las Fuerzas Democráticas, presentó en el parlamento un proyecto en ese sentido.
"Hubo entonces un debate profundo entre los abolicionistas y los defensores de la pena de muerte", dijo Kabla.
Pero ni siquiera esta deliberación pública mereció espacio en los medios, "porque el movimiento abolicionista todavía no es suficientemente influyente", agregó.
Kouza cree que es sólo cuestión de tiempo que la prensa marroquí se dedique a informar al respecto. "Todavía falta el compromiso político y social. Pero el periodismo, sin dudas, se está volviendo más profesional", aseguró.
La prensa independiente florece. Desde el inicio de la "transición democrática" se fundaron unos 400 periódicos privados y se eliminó el monopolio estatal de la radio. Ahora hay 11 emisoras independientes. La televisión sigue bajo el control del Estado.
La última ejecución en Marruecos se registró en 1993. Sin embargo, los tribunales siguen dictando condenas a muerte en caso de homicidio. Activistas de derechos humanos calculan que más de 150 condenados languidecen en las prisiones de este país.
