Una coalición de más de 200 organizaciones de derechos humanos acusó al gobierno de Estados Unidos de ocultar su responsabilidad en materia de discriminación racial y religiosa, en un informe oficial al respecto que elevó a la ONU.
La acusación figura en el "informe alternativo" presentado este lunes, Día Internacional de los Derechos Humanos, para rebatir el elaborado por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, calificado por las organizaciones de "completo encubrimiento".
El "informe periódico" que el gobierno debe presentar como signatario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial fue elevado discretamente a la ONU en abril, y publicado sin promoción alguna en el sitio web del Departamento de Estado.
El informe alternativo fue elaborado por la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos (USHRN, por sus siglas en inglés), integrada, entre otras, por organizaciones de carácter tan variado como Amnistía Internacional y el Fondo Popular para el Alivio de Huracanes.
El estudio acusa al gobierno de George W. Bush de no lograr, ni por acción ni por omisión, promover la equidad racial y étnica respecto de los derechos al voto, a la salud, a la vivienda y a la educación, con denuncias, incluso, de brutalidad policial y parcialidad de la justicia penal.
También advierte que el informe del gobierno "resta importancia (…) a datos que demuestran las disparidades raciales y la discriminación en curso", y "sufre vacíos mayúsculos que aspiran claramente a encubrir los ejemplos más atroces del persistente racismo y la discriminación racial en los Estados Unidos de hoy".
"Este informe es un esfuerzo importante por corregir el registro histórico, dado que se relaciona con el fracaso del gobierno de Bush y de los gobiernos previos en abordar la actual crisis de opresión y discriminación racial en Estados Unidos", dijo a IPS el director ejecutivo de USHRN, Ajamu Baraka.
Representantes del gobierno de Estados Unidos deberán comparecer ante un panel de expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para defender al país de acusaciones en materia de relaciones raciales, desigualdades persistentes y discriminación.
La USHRN subraya varias áreas en las cuales, asegura, el gobierno no ha logrado rebatir las acusaciones.
Por ejemplo, según un portavoz de USHRN, el informe del gobierno destaca programas de capacitación para que organismos policiales y judiciales muestren sensibilidad hacia las comunidades árabe y musulmana.
Pero las autoridades "fracasan completamente en reconocer difundidas prácticas de aplicación de la ley (con sesgo) racial y étnico, como un programa especial de registro, con entrevistas agresivas, de miles de musulmanes, árabes y sudasiáticos que no son ciudadanos".
El informe de USHRN señala que "desde el 11 de septiembre de 2001, nuevas leyes y políticas federales limitaron el acceso de no ciudadanos al derechos del debido proceso, mientras crearon una atmósfera de elevado temor y desconfianza hacia los nacidos en el exterior, así como hacia quienes son percibidos como de una particular extracción religiosa o étnica".
"En un clima cada vez más antiinmigrante, las autoridades propusieron (…) cientos de medidas que negaban a inmigrantes y refugiados el acceso a empleo y a un salario vital, protecciones laborales, acceso a beneficios públicos, atención a la salud y educación, y una seguridad pública adecuada", agrega el estudio.
La USHRN advierte que "la crisis humanitaria en la frontera alcanzó nuevos registros, dado que las muertes de inmigrantes llegan a cifras récord y el gobierno federal vierte miles de millones de dólares en la militarización de la región".
Dentro de las fronteras, "los trabajadores (inmigrantes) están cada vez más sujetos a redadas violentas (…) en sus lugares de trabajo y en sus hogares, apuntando típicamente a una población de minorías étnicas que es enormemente desproporcionada respecto de la cantidad de gente a la que en realidad se acusa" de violar las normas migratorias.
El informe destaca la discriminación contra las mujeres de minorías étnicas. El gobierno estadounidense alega que "se logró un avance sustancial en el abordaje de las disparidades en el acceso a la atención a la salud a lo largo de los años".
Pero, según el informe alternativo, este alegato oculta "persistentes y dramáticas desigualdades raciales en la mortalidad infantil y materna, expectativa de vida y prevalencia y supervivencia en casos de cáncer, VIH/sida y enfermedades cardiacas que conmocionan a un país de la riqueza y recursos de Estados Unidos".
Por ejemplo, las mujeres estadounidenses negras tienen casi cuatro veces más probabilidades que las blancas de fallecer en el parto y 24 veces más probabilidades de infectarse con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida, según el estudio.
Los autores del informe atribuyeron estas desigualdades a "una variedad de acciones y omisiones gubernamentales, desde no atender las altas proporciones de mujeres de color no aseguradas hasta las restricciones en el financiamiento público de servicios de salud sexual y reproductiva".
Las mujeres negras, indica el estudio, "están en más desventaja (ante los hombres) desde el punto de vista económico que las mujeres blancas, y tienen más probabilidades de depender de seguros de salud financiados por el gobierno".
Además, agrega, "son golpeadas de modo desproporcionado por políticas federales y estaduales que restringen el acceso a y el financiamiento público para la atención a la salud sexual y reproductiva".
El documento también acusa al Departamento (ministerio) de Salud por no lograr reabrir clínicas públicas en las comunidades de la costa del Golfo de México devastadas por los huracanes Katrina y Rita, contribuyendo "un aumento en la cantidad de muertes debidas a la falta de servicios médicos".
En cuanto a la vivienda, el informe de USHRN advierte que el gobierno "no respondió adecuadamente a actos privados de discriminación" en esa materia.
"Los estadounidenses de origen africano y latinoamericano frecuentemente son discriminados cuando intentan alquilar o comprar una casa, o cuando intentan garantizarse financiamiento o seguros para la compra de un inmueble", agrega.
El informe también asegura que los ciudadanos pertenecientes a minorías raciales discriminadas se ven obligados a contratar préstamos depredadores y de menor calidad, que a menudo acarrean intereses más elevados y sanciones.
"El mercado hipotecario de menor calidad claramente perjudica a los miembros de grupos minoritarios que buscan hipotecas (…). Las mujeres de color han sido victimizadas por abusos de préstamos de menor calidad, más que cualquier otro grupo de propietarios de inmuebles", agrega.
Entre los culpables, el estudio señala a "instituciones depositarias reguladas federalmente, instituciones reguladas por el Estado, banqueros hipotecarios y corredores de bolsa independientes y no regulados, instituciones del mercado secundario, inversores privados, agencias calificadoras y tasadores".
El informe destaca la brutalidad policial y las experiencias negativas de las minorías raciales y étnicas en todo el sistema de justicia penal como ejemplos de prácticas racistas.
Funcionarios "conocidos por estar involucrados en las formas más atroces de tortura policial y violencia racista a menudo quedan sin procesar ni castigar", mientras los "mecanismos disciplinarios" ante estas violaciones de derechos humanos "carecen de transparencia y efectividad", lo que anula su capacidad disuasiva, establece el informe.
El documento acusa al Departamento de Justicia de no promover "una investigación exhaustiva sobre el trato abusivo de los evacuados por huracanes por parte de personal de aplicación de la ley y militar" ampliamente documentado.
El informe de la USHRN dice que, más de 50 años después de que la Corte Suprema de Justicia asegurara la igualdad de razas en el sistema de enseñanza, las autoridades "no lograron brindar oportunidades educativas iguales y de alta calidad." Sus autores advirtieron que "las escuelas públicas son hoy más segregadas que en 1970".
Entre otras razones, los expertos lo atribuyen a la existencia de "escuelas mal financiadas que perpetúan los menores logros de los estudiantes de minorías debido a una menor calidad de los maestros, un mayor superpoblación de las aulas, instalaciones inadecuadas y políticas de asignación de estudiantes que promueven la segregación".
El Congreso legislativo y el gobierno "no han hecho más que abandonar las políticas de integración y diversidad escolar como cuestión de política", agregaron. "El sistema escolar público se ha convertido en un punto de ingreso al sistema de justicia juvenil, en particular para los jóvenes de color", sostuvieron los autores del informe.
Este vínculo de la escuela a la prisión está fomentada por "desigualdades históricas, como la educación segregada, la pobreza concentrada y las disparidades raciales en la aplicación de la ley. Las disparidades raciales existen en las proporciones de suspensiones, expulsiones y arrestos en la escuela, lo que contribuye con una deserción desproporcionadamente alta y con remisiones al sistema judicial".
