Mientras el mundo tiene los ojos puestos en la liberación de tres rehenes de la guerrilla colombiana, cientos de civiles de este país viven en el cautiverio del secuestro.
"Un secuestro no termina con el acto de liberación. En palabras de secuestrados que lograron libertad, la recuperación es larga, dolorosa y puede ser tan difícil como el tiempo de cautiverio", dijo a IPS la psicóloga clínica Dary Nieto, de la organización no gubernamental País Libre.
"Por lo tanto es una obligación social respetar la intimidad y la dignidad de las personas liberadas, y en ello juegan un papel fundamental los medios de comunicación", agregó.
Por razones políticas o extorsivas en Colombia fueron secuestradas durante la última década 23.256 personas, según estadísticas oficiales.
A las guerrillas izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se les adjudican 6.778 casos. Durante el mismo lapso hubo 5.138 secuestros a los que no se les establece responsables. El también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) es acusado de 5.387 casos, mientras a la delincuencia común se le atribuyen 3.790 y a los ultraderechistas paramilitares, 1.163.
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"Si consideramos a sus familias y dolientes, no es exagerado afirmar que la gran mayoría de colombianos, de una u otra manera, ha sido afectada por este delito", agregó Nieto.
Aún así, la psicóloga considera que la indiferencia social ha sido razón para que el secuestro se haya mantenido a través del tiempo, fortalecido por la ausencia del Estado y la impunidad en este país que lleva casi medio siglo de guerra interna.
"Un 92 por ciento de impunidad envía un mensaje claro: el delito se comete y no se castiga", complementó Olga Lucía Gómez, directora de País Libre.
En su opinión contribuyen además "problemas como la exclusión social y la ausencia de posibilidades laborales que facilitan la organización de grupos delincuenciales, que encuentran en el secuestro una fuente de ingresos" mientras otros pretenden poder y dominio.
"De cualquier manera se siente un intenso dolor de patria. En el caso de los secuestrados políticos, los soldados de Patascoy (en el sureño departamento de Nariño) cumplieron 10 años de cautiverio sin que se ponga en marcha una estrategia social y política que resuelva el problema", dijo Nieto.
La psicóloga se refería a los 45 rehenes civiles, militares y policías, en manos de las FARC, a los que se suman tres contratistas estadounidenses que trabajaban en operaciones de contrainsurgencia en territorio colombiano.
Las FARC pretenden canjear a estos rehenes por unos 500 guerrilleros presos y, ante la negativa del gobierno de Álvaro Uribe a sus condiciones, ofrecieron este mes, de manera unilateral, liberar a tres de ellos, dos mujeres políticas, Consuelo González de Perdomo y Clara Rojas, y al pequeño hijo de ésta, Emmanuel, nacido en la selva de una relación con un guerrillero.
La experiencia de Nieto en la cuestión del secuestro se inició con el Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, puesto en marcha por el ex mandatario Ernesto Samper (1994-1998), cuando este delito aumentó considerablemente.
Los antecedentes del secuestro en Colombia, según el historiador Juan Romero, se remontan a la conquista española, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada capturó en 1537 al zaque (rey del pueblo muisca) Quemuenchatocha, para exigir a sus súbditos la entrega de oro y esmeraldas.
En la década de 1970 el izquierdista Movimiento 19 de Abril (M-19), hoy desaparecido, realizó retenciones urbanas de impacto publicitario. A comienzos de los años 80 se produjo el auge de secuestros por parte de los "extraditables", capos del narcotráfico que presionaban de este modo para que las autoridades no accedieran a entregarlos a la justicia de Estados Unidos.
El punto más alto de ese delito se registró a fines de los años 90.
De 1.038 secuestros registrados en 1996, en 1998 fueron 2.860 casos, extorsivos y políticos.
"Fue un tiempo en que municipios enteros eran sometidos por grupos al margen de la ley, al punto que las negociaciones entre secuestradores y las familias de secuestrados se hacían en lugares públicos. Todos sabían qué pasaba, pero había una gran impotencia ante los secuestradores, facilitada por la ausencia de Estado", describió Nieto.
El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) enfrentó los peores momentos. En 1999 se registraron 3.205 casos, para alcanzar el tope máximo en 2000 con 3.572 secuestros.
Según el Ministerio de Defensa, ese año no se pudo establecer la responsabilidad de 1.073 plagios, mientras al ELN le adjudicó 916, a las FARC 849, a la delincuencia común 314, a los paramilitares 190, a grupos disidentes 178, y otros no especificados 52.
La caída de secuestros atribuidos a las FARC coincidió con la desmilitarización del municipio sureño de San Vicente del Caguán, decidida por el gobierno de Pastrana para negociar con esa guerrilla, y donde, en 2002, éstas secuestraron a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt y a su compañera de fórmula Clara Rojas.
Fue "un momento político en el que, a pesar de las críticas, Pastrana reconoce a los grupos armados como interlocutores, otorgándoles un status político que contribuyó con la disminución del secuestro", aseveró Nieto. "Pero también fue muy notoria la indiferencia general ante el secuestro. Muchos no eran registrados por la prensa y, cuando lo hacían, la gente no atendía. Una actitud que repercutió en su fortalecimiento como práctica constante", continuó.
La población consideraba que si no pertenecía a grupos económicos o sectores sociales fuertes, o no habitaba ni accedía a regiones apartadas del país, estaba fuera de peligro.
"Somos una sociedad individualista, poco comprometida, con una mirada que en el mejor de los casos abarca la familia nuclear. Sin embargo, nuestras estadísticas dicen que los sectores medios son víctimas frecuentes", sostuvo. "Creemos que lo malo le pasa a otros que cometen errores, y por lo tanto se lo merecen".
Las estadísticas registran una paulatina disminución de secuestros a partir de 2002. En marzo de 2003 el gobierno de Uribe anunció su política pública contra el secuestro y la extorsión. En 2006 la cifra oficial de casos de este delito fue de 687.
El gobierno atribuyó 39 por ciento a autores desconocidos, y 30 por ciento a autores no establecidos, una diferencia sutil, a las FARC, 18 por ciento, al ELN, nueve por ciento, a grupos disidentes dos por ciento, a paramilitares uno por ciento, y a otros no determinados, uno por ciento.
Nieto advierte que las consecuencias de este delito deben considerarse de manera particular, según los antecedentes vivenciales de la víctima, el tiempo transcurrido y la modalidad del cautiverio.
"Una persona que ha vivido el secuestro se enfrenta a la intimidación constante, al sometimiento, a la pérdida de voluntad y todo lo que significa libertad, a no tener un proyecto de vida, no tomar decisiones, y esto sin duda la afecta ", asegura.
En el caso de los rehenes, hay sensación de total impotencia porque la solución depende de los acuerdos de otros.
Las familias de los rehenes realizan todo tipo de acciones para lograr un acuerdo humanitario que otorgue la libertad de sus parientes.
Un ejemplo es el profesor de geografía Gustavo Moncayo, el "caminante por la paz", que ha recorrido miles de kilómetros a pie para hablar con Uribe, dormir en el suelo de la central Plaza de Bolívar, conseguir recursos para viajar a Europa, regresar a Colombia y seguir su camino hasta Venezuela.
Su propósito es impulsar la liberación de los rehenes, incluido su hijo Pablo, hoy de 29 años y capturado hace 10 en el Cerro Patascoy, junto con Libio Martínez los que llevan más tiempo en poder de las FARC.
Las víctimas de secuestro extorsivo enfrentan situaciones complejas, las cifras que exigen los captores generalmente superan su capacidad económica, pero en términos generales el tiempo de cautiverio es más breve, explican los especialistas.
Unos y otros son víctimas. Son "situaciones muy complejas que debemos dimensionar para no dejarnos confundir. No se trata de buenos y malos, sino de una implicación social en donde todos tenemos una fracción de responsabilidad", afirma Dary Nieto.
En esto "no cabe el morbo, ni la especulación que se ha visto en la situación de Clara Rojas y su hijo Emmanuel. La dignidad y la intimidad deben ser respetadas si queremos un país mejor".
"Porque el niño también hará un duelo, tendrá pérdidas, extrañará el entorno y se reacomodará con su familia a una nueva situación en el amor y la verdad. Hemos clamado su retorno, y lo menos que podemos ofrecerle es una vida normal. El quehacer de los medios debe ser inteligente, evitando expectativas que generen nuevas frustraciones", concluyó Nieto.
