Una docena de países se abstendrán de votar o se ausentarán del recinto del comité de la ONU que votará, en primera instancia, la moratoria de la pena de muerte la semana próxima.
"Ésos pueden ser los votos decisivos para definir si la resolución será adoptada o no por la mayoría de los 192 estados integrantes de la ONU", pronosticó un diplomático del mundo en desarrollo.
Pero Yvonne Terlingen, presidenta de la oficina de Amnistía Internacional en la ONU, dijo a IPS que, hasta ahora, 75 estados copatrocinan el proyecto de resolución, y es de suponer que todos ellos votarán a favor.
Quienes se oponen a la resolución probablemente la debiliten proponiendo varias enmiendas, descriptas por observadores como "demoledoras", pues diluirán su contenido central.
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"Urgimos a todos los estados miembro a apoyar el texto y resistirse a cualquier enmienda que altere el propósito de esta importante resolución", dijo Terlingen.
La votación de la semana próxima se procesará, en primera instancia, en el Comité Social, Humanitario y Cultural de la ONU (también llamado Tercer Comité), en el que participan representantes de los 192 estados.
Se prevé que el plenario de la Asamblea General votará la resolución a mediados de diciembre.
Según las tradiciones de la ONU, los votos en la Asamblea General no presentan variaciones respecto de los comités.
En 1971 y 1977, la Asamblea General adoptó sendas resoluciones sobre la pena capital, según las cuales era "deseable" que ese castigo fuera abolido en todos los países.
Pero una resolución similar fue retirada en 1999 antes de ser sometida a votación.
La oposición a la actual resolución procede de los países de la Conferencia Islámica y la Liga Árabe, así como de China y otros países asiáticos y del Caribe donde aún se practica la pena capital.
Los países que se abstendrán o se ausentarán de sala son el factor desconocido de la votación.
El proyecto fue redactado por la Unión Europea (UE). Terlingen negó que se trate de un "proyecto europeo", pues los 75 copatrocinadores —muchos más que los 27 miembros del bloque— demuestran "un amplio apoyo de diversas regiones".
Terlingen dijo que 10 países que representan a todas las regiones del mundo —Albania, Angola, Brasil, Croacia, Filipinas, Gabón, México, Nueva Zelanda, Portugal (en nombre de la UE) y Timor Oriental— fueron coautores del boceto.
No menos de 130 de los 192 países de la ONU ya abolieron la pena de muerte en la ley o en la práctica, y apenas 25 países llevaron a cabo ejecuciones en 2006, dijo.
Unos 50 países abolieron la pena de muerte para todos los delitos desde 1990, agregó la activista.
En Asia, unos 25 países abolieron la pena de muerte en la ley o en la práctica, destacó. En África, apenas seis de 53 estados implementaron ejecuciones en 2006.
"La tendencia mundial hacia la abolición de la pena capital fue reconocida por el secretario general de la ONU y por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ambos apoyan la moratoria", añadió.
"Esperamos que más países se unan a los copatrocinadores de esta resolución", señaló Terlingen.
La oposición más manifiesta y articulada al proyecto procede de Singapur, que continúa aplicando la pena de muerte.
El embajador de ese país en la ONU, Vanu Gopala Menon, dijo la semana pasada a IPS que la resolución solamente "agriará la atmósfera" en el foro mundial, creando "divisiones innecesarias".
"No me queda claro qué espera obtener la UE con esta resolución. Puede darles un sentido de satisfacción moral, pero no cambiará la posición de los países según los cuales la pena de muerte sirve para disuadir delitos serios", agregó.
Menon también dijo la semana pasada en el recinto del Tercer Comité que algunos representantes de la UE sugirieron "de manera poco sincera" que una moratoria a las ejecuciones es una "concesión".
"No lo es. Está claro que el objetivo último de una moratoria es la abolición", sostuvo.
"Sea el proyecto de resolución sobre una moratoria o la abolición de la pena de muerte, su objetivo es imponer los puntos de vista y valores de los patrocinadores sobre quienes tenemos un punto de vista diferente", agregó.
Menon señaló que la discusión no se relaciona con los méritos o deméritos de la pena de muerte. En ausencia de un consenso internacional, los países a cada lado de la discusión no tienen derecho a imponer sus opiniones, advirtió.
"Cada estado tiene el derecho soberano a elegir sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y legales sobre la base a sus propios intereses", expresó.
