Representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Guatemala, México, Uruguay, Colombia, Sahara Occidental y Suecia exigieron este martes la reparación a las víctimas de conflictos armados y crímenes de lesa humanidad y el castigo a sus autores.
"La falta de voluntad política de las instituciones estatales enmarcadas en leyes de impunidad obstaculizan la investigación y sanción de los responsables intelectuales y materiales de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra", dijeron delegados en una declaración tras una reunión de ocho días en la que reflexionaron sobre la lucha contra la impunidad.
Antonio Caba, sobreviviente de una masacre en Guatemala y presidente de la Junta Directiva de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) dijo a IPS que en este país centroamericano "no ha habido resarcimiento a las víctimas" del genocidio y responsabilizó al Ministerio Público (fiscalía) de "falta de voluntad y atraso" a la hora de juzgar a los responsables.
En 1996, con los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, concluyeron en Guatemala 36 años de guerra entre la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Estado, que dejó unas 200.000 víctimas, en su mayoría indígenas, con el ejército como responsable de más de 90 por ciento de los crímenes, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
En su declaración, 12 organizaciones exigen al Estado de Guatemala que "genere las condiciones para una justicia equitativa e igualitaria que permita juzgar dicho delito y desclasifique los archivos militares que son prueba palpable de las estrategias contra la población civil, principalmente contra el pueblo maya".
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"Hemos solicitado al Ministerio Público que cite a (Efraín) Ríos Montt y nunca lo ha hecho", dijo Caba, quien consideró que el genocidio es el crimen "más impune" en Guatemala.
El ex dictador Ríos Montt, que gobernó entre marzo de 1982 y agosto de 1983, tiene procesos abiertos en un juzgado de Guatemala por delitos relacionados con su mandato, considerado el más sangriento de los que se sucedieron en el conflicto armado interno (1960-1996).
Además, la Audiencia Nacional Española emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país contra el ex militar y otros siete ex funcionarios de su gobierno a los que se les imputa la comisión de crímenes de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales.
Ríos Montt logró en las elecciones del 9 de septiembre un escaño de diputado por el derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), después de que el Tribunal Supremo Electoral de este país aceptó el 18 de mayo su postulación, despertando indignación dentro y fuera de Guatemala.
En la declaración presentada este martes en una conferencia de prensa, las organizaciones exigen al Estado guatemalteco que las querellas presentadas en el país contra Ríos Montt y otros ex dictadores y sus altos mandos militares "lleven un proceso apegado a la ley, basado en el respeto a los derechos humanos y reconociendo el daño provocado a las víctimas de una forma digna".
El lunes, la Corte Suprema de Justicia celebró una vista pública enmarcada en el proceso legal que se le sigue a Ríos Montt, en la que no estuvo presente ningún representante de la fiscalía, algo "lamentable", según Caba.
La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos la decisión de desclasificar o no documentos de operaciones militares de 1982 y 1983, comandadas por Ríos Montt, que contienen información vinculada a denuncias de genocidio.
La defensa de Ríos Montt argumenta que un documento considerado secreto de Estado sólo puede ser desclasificado después de 30 años o por decisión de la misma autoridad que lo clasifica, en este caso el Ministerio de Defensa.
Las víctimas, por su parte, esgrimen que el secreto de Estado no puede ser un mecanismo de impunidad ni evitar la investigación de crímenes.
Entidades como la AJR y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, el Servicio de Rehabilitación Social de Uruguay, el Movimiento Sueco para la Reconciliación y el Servicio Paz y Justicia de México hicieron un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse y hacer visible la situación de impunidad que se vive en varios de esos países.
Tras reflexionar y recorrer las comunidades afectadas por el conflicto armado guatemalteco, los activistas señalaron que "nos encontramos ante un contexto de continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos hacia los pueblos del Sur, en una realidad de conflicto y posconflicto marcada por el racismo, discriminación, exclusión, marginación y opresión".
En su documento final, los participantes en el Encuentro Sur Sur, que se celebró en Nevad (Quiché, suroeste del país) reclamaron al Estado uruguayo la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que libró de procesos a uniformados acusados de crímenes durante la última dictadura militar en ese país (1973-1985).
También instaron a que las Fuerzas Armadas uruguayas entreguen la información que permita ubicar los restos de todos los detenidos desaparecidos, así como la profundización de los procesos de verdad, justicia y reparación integral.
Al Estado de Colombia, que vive una guerra interna de casi medio siglo, los activistas le reclaman un "real desmantelamiento de las estructuras paramilitares, reducción del presupuesto para acciones militares, desmonte de todas las estructuras de guerra y desarrollo del acuerdo humanitario, con el fin de buscar una solución política negociada al conflicto social armado interno".
En lo que respecta a Marruecos, en conflicto con la población de la ex colonia española del Sahara Occidental, la declaración exhorta a ese estado a "respetar los derechos humanos en los territorios del Sahara Occidental, que mantiene ocupados ilegalmente desde 1975, y a permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación mediante un referéndum justo y limpio".
Al Estado mexicano se le pide que "detenga el despojo de tierras de las comunidades campesinas e indígenas, el cese de la violencia contra las mujeres por parte de sus cuerpos militares y policiales y la liberación inmediata de los presos políticos".
"Exigimos el pleno respeto a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como a los tratados, pactos y convenciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos", reza la declaración.
En Guatemala, México, Colombia y Sahara Occidental continúan las amenazas y el saqueo de información a organizaciones sociales y ataques constantes a defensores y defensoras de los derechos humanos, lo que representa una ausencia de garantías para la realización de sus acciones, agregaron los activistas.
