Las reparticiones del Estado colombiano vinculadas a la guerra civil son las de peor gestión administrativa y contable, según el informe auditor presentado por la Contraloría General de la República.
En el otro extremo, sobresalen el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
Según el informe, 17 por ciento de la gestión pública empeoró en los últimos dos años, 45 por ciento se mantuvo igual y 38 por ciento mejoró.
El análisis contiene información de 273 entidades, 132 gubernamentales y 141 que manejan recursos del Estado, como universidades públicas, corporaciones autónomas regionales y entidades privadas que reciben fondos fiscales.
La lista de las peor administradas está encabezada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), cuyo fin es "contribuir a mejorar la calidad de vida de pobladores rurales", lo que incluye a la población desplazada por la violencia y a ex miembros de grupos armados ilegales reinsertados en la vida civil.
IPS intentó comunicarse con las autoridades de Incoder, pero el número telefónico de la entidad registrado en la guía de Bogotá no está actualizado y en la línea que figura en el sitio web, nadie contestó.
Como Incoder, están mal calificados el Hospital Militar, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ministerio del Interior y Justicia, el Senado de la República, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Éstos hacen parte de 43 entidades catalogadas en "estado crítico, porque se ubican en los más altos niveles de incumplimiento de su Misión y labores administrativas, hacen uso antieconómico de los recursos o, en el peor de los casos, adelantan prácticas inconvenientes", dijo el contralor general de la República, Julio César Turbay, en rueda de prensa el jueves.
Colombia es el primer productor mundial de cocaína, y el tráfico de drogas financia a todos los actores armados del conflicto interno en el que se enfrentan guerrillas izquierdistas contra fuerzas del Estado y grupos paramilitares parcialmente desmovilizados. Tampoco sale bien librada el área del Estado que conforman el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional.
El informe había sido entregado en sesión privada el miércoles al presidente Álvaro Uribe y a su ministra consejera para el seguimiento de las entidades gubernamentales, Cecilia Álvarez.
"Recibimos al informe en noviembre cuando usualmente se entrega a mitad de año, incluyendo una serie de entidades que no pertenecen al gobierno. Además, es un informe complejo de entender, incluso para mí que trabajo el tema", dijo Álvarez a IPS.
"Detalles mínimos en contabilidad, minucias, incompatibilidad de conceptos, descalifican la gestión de entidades que a lo largo del tiempo han demostrado excelente gestión, como los ministerios de Educación, Protección Social o la Consejería Presidencial para la Acción Social", justificó.
Turbay puntualizó que si bien el documento "no trata específicamente el tema de corrupción, permite detectar problemas con alcance penal y disciplinario que se trasladan a los entes (estatales) de investigación, como la Fiscalía y la Procuraduría, a quienes compete investigar".
La otra cara la presentan las cuatro entidades mejor calificadas, sólo una sola de ellas gubernamental, la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
La sigue el Fondo de estabilización de precios para los azúcares centrifugados de la Asociación de Cultivadores de Caña de azúcar, entidad gremial del sector azucarero.
Las otras dos tienen capital mixto con participación extranjera. Una es la Empresa Colombiana Pesquera de Tolú, Pestolú, que funciona por convenio de cooperación entre los gobiernos de Colombia y de Japón para el desarrollo de la zona del golfo de Morrosquillo, noroccidente del país.
La segunda es la Empresa Transportadora de Energía de la Costa Atlántica, parte del Grupo Empresarial ISA, con capitales de Perú y Bolivia.
Entre las bien calificadas están también el Ministerio de Cultura y los de Minas y Energía y Hacienda. Todos los demás pierden el examen, incluida la cancillería, una de las carteras más pequeñas del organigrama gubernamental.
La ministra Álvarez afirmó que en el siguiente Consejo de Ministros se analizará la situación, porque "el presidente quiere dejar todo en orden antes de concluir su mandato en 2010".
