El reclamo del departamento de Chuquisaca de ubicar en su capital, Sucre, la sede del gobierno nacional y del parlamento aparece como el último gran obstáculo para la Asamblea Constituyente de Bolivia, que se acerca al fin de su mandato sin solución a la vista y casi ninguna resolución.
Instalada el 6 de agosto de 2006 y con un segundo plazo de cierre de sesiones fijado para el 14 de diciembre, la Asamblea tiene como principal meta incorporar a las comunidades indígenas en la nueva ley fundamental, con derechos, campos de labranza y territorio, además de recuperar los recursos naturales para las arcas de este debilitado país.
El fortalecimiento de las organizaciones de indígenas y campesinos, expresado en la llegada al gobierno en enero de 2006 del primer presidente de ese origen, el aymara Evo Morales, reflotó en empresarios, terratenientes y grupos conservadores el viejo anhelo de autonomías departamentales, en contraste con las demandas de mayor integración de sectores empobrecidos.
La oposición al gobierno de Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), radicada en especial en el oriental departamento de Santa Cruz y respaldada por influyentes sectores de alto poder adquisitivo de Beni, Pando y Tarija, impulsó a grupos de clase media de Sucre a exigir para sí la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, radicados en La Paz desde 1899 tras una guerra civil.
Los constituyentes sesionan en la central ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial y capital constitucional de este país subdividido en nueve departamento y con 9,6 millones de habitantes, que es el más empobrecido de América del Sur.
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Aunque cinco comisiones de la Asamblea presentaron formalmente la propuesta, en la sesión del 15 de agosto se rechazó el tratamiento del tema con el voto de 130 de los 255 miembros del cuerpo, lo cual desató una batalla legal contra su dirección que hoy esta declarada en situación de rebeldía por negarse a comparecer ante un juez, y corre el riesgo de ser detenida por la policía.
Por iniciativa del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, varios partidos políticos retomaron la tarea pendiente de los asambleístas y negociaron el marco general de los cambios a la Constitución.
Pero no consiguieron satisfacer a los líderes cívicos de Sucre con la oferta de llevar la sede de la Corte Nacional Electoral que hoy funciona en La Paz y realizar obras de infraestructura aeroporturia y vial, en lugar del requerido traslado del gobierno nacional y el parlamento.
El camino elegido parece no tener una salida por la presión de Sucre sobre la Asamblea, que permanece como rehén, y la persecución a la directiva. Ello representa "tremendas señales de fracaso", dijo a IPS el sociólogo e investigador Franco Gamboa.
Con algo más de expectativa, el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja, comentó a IPS que la política boliviana se caracteriza por alcanzar situaciones cercanas al límite, pero recuerda que de esos trances surgieron consensos con creatividad.
El gobernante MAS examina la posibilidad de trasladar la sede de sesiones de la Asamblea a la sudoccidental ciudad de Oruro, porque en opinión del vicepresidente de ese cuerpo, Roberto Aguilar, el permanente asedio y la golpiza y persecución a representantes, así como la actitud de periodistas que en lugar de preguntar polemizan con el entrevistado, crea un clima adverso.
Empero, Gamboa cree inviable a esta opción por la decisión de los 58 representantes de la agrupación ciudadana de tendencia derechista Poder Democrático y Social (Podemos) y de otros nueve representantes de Autonomía por Bolivia, que rechazaron sesionar en Oruro, ubicada a 250 kilómetros al sur de La Paz.
Las dificultades por las cuales atraviesa la Asamblea se originan en la falta de objetivos claros y la poca preparación de los representantes frente al desafío de la reingeniería estatal reclamada por la población, según Pareja.
Al respecto, Gamboa advierte problemas de fondo y lamenta que la comisión suprapartidaria promovida por el vicepresidente García Linera no considere en su análisis los 21 informes y los 500 artículos propuestos por los asambleístas durante su trabajo de los últimos 14 meses.
Los acercamientos políticos en materia de régimen económico, el carácter de las autonomías, la visión de país y de la sede de los poderes están encaminados a un pacto, pero en la práctica no existe un texto constitucional que sirva de base de discusión en caso de reanudarse las sesiones, explica el investigador.
A Pareja no le extraña la búsqueda de consenso en La Paz, en una comisión política casi ajena a la Asamblea Constitucional, lejos de Sucre y con asambleístas en un forzado receso por las protestas y agitación social.
Los 255 constituyentes están quedando al margen de los acuerdos políticos, reflexiona Gamboa.
En estas circunstancias, el poder se ha dispersado entre la región occidental del país, dominada por las corrientes indígenas, y la oriental, liderada por los impulsores de las autonomías y conocida como la "media luna". Ante ello "no surge una negociación concertada, sino una demostración de fuerza", apuntó Pareja.
El politólogo hace referencia a la reciente disputa entre el gobierno y las organizaciones cívicas y prefectura de Santa Cruz por el control del aeropuerto de Viru Viru, administrado por ese gobierno local y acusado de corrupción.
"El gobierno está decidido a hacer respetar la mayoría obtenida en las urnas, la legitimidad y la legalidad, desde la perspectiva reivindicativa y antineoliberal", mientras las fuerzas de la "media luna" defienden una posición sustentada en el respeto al estado de derecho y las reglas del juego democrático, sostuvo Pareja.
Ambos poderes, de occidente y de oriente, necesitan un mensaje claro sobre los beneficios que obtendrán de la Asamblea Constituyente y, si una nueva Constitución no plasma los intereses de los sectores en pugna, no tiene sentido que culmine exitosamente, agregó.
El reconocimiento a las autonomías a los departamentos que votaron por este régimen en julio de 2006 hará posible una distensión en la política y, a cambio, el gobierno obtendrá vía libre a la reelección y una nueva arquitectura jurídica e ingeniería fiscal con una visión capitalista y comunitaria, explicó Pareja.
Por su parte, Gamboa considera necesaria la reincorporación de la demanda de capitalidad plena en la agenda de la Constituyente para reanudar las sesiones, porque "de otra forma es seguir por el camino equivocado".
