El movimiento en demanda de aumento salarial, reforma agraria y reducción de impuestos a los combustibles en República Dominicana cobra fuerza y repetirá las movilizaciones, que ya dejaron varios heridos y detenidos acusados de alterar el orden público.
Los reclamos sociales comenzaron a recibir señales de respuesta, al menos en unos de los puntos, con las declaraciones del presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, quien considera factible abrir un proceso de revisión de la ley de Hidrocarburos y, con ello, los tributos que abona el sector y encarecen el combustible.
"El gobierno puede evaluar esa situación conjuntamente con los sectores involucrados en el comercio de combustible y determinar algún tipo de salida que pudiera implicar una modificación a la ley", indicó Pared Perez, también secretario general del gobernante Partido de la Liberación Dominicana.
La norma que regula el comercio de combustibles establece impuestos que llegan hasta 73 por ciento del precio de venta de las gasolinas, que en el caso de la de mejor calidad llega a 156,40 pesos (unos cinco dólares) el galón (3,8 litros) y la media a 146,8 (4,5 dólares).
Para el gobierno de Leonel Fernández, la protesta del martes no tuvo éxito, tras destacar que nuevamente "el pueblo mostró altos niveles de civismo".
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Rafael Núñez, portavoz del mandatario, sostuvo que la huelga fue "un fracaso total, porque la mayoría de los establecimientos comerciales abrieron sus puertas, se realizaron las actividades privadas, los empleados acudieron a sus centros de trabajo y el transporte de pasajeros se desenvolvió con toda normalidad".
Empero, la policía informó que habían resultado heridas ocho personas en distintos incidentes, donde se detuvo a 16 manifestantes, quienes serán sometidos a la justicia, imputados de alteración del orden en la vía pública.
El llamado paro cívico de 24 horas se desarrolló en la víspera de manera parcial, debido a que tres de las principales asociaciones de transportistas abandonaran el plan de protesta el día previo y firmaron acuerdos paralelos con el presidente Fernández, en la propia casa de gobierno.
El transporte privado urbano e interurbano de pasajeros operó con precariedad en todo el país, por lo cual sólo estuvieron disponibles unidades de la estatal Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y las conducidas por afiliados a la Confederación Nacional de Transporte, uno de los sindicatos que pactó con el gobierno.
Los vehículos transitaron custodiados por fuerzas militares por temor a atentados.
La convocatoria a la huelga, promovida por el Foro Social Alternativo, sufrió fuertes presiones del gobierno, de jerarcas de la Iglesia Católica, de evangélicos, empresarios, comerciantes y de las tres asociaciones de transporte que acordaron, las cuales plantearon que la paralización del país sólo generaba pérdidas.
A pesar de esas presiones, los organizadores mantuvieron el llamado a la huelga y contaron con el apoyo de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción, la asociación de transportista de pasajeros más grande del país.
"El gobierno trabajó duro para impedir el paro y movió en contra a los empresarios, a las iglesias, a los comerciantes y aun así la paralización fue un éxito", explicó a IPS Fidel Santana, coordinador del Frente Amplio de Lucha Popular y uno de los portavoces del Foro Social Alternativo.
Para Santana, "el paro fue realmente cívico, como lo habíamos convocado y fue un llamado a las autoridades para que obtempere a las demandas del pueblo".
Aunque todavía no se dispone de información oficial sobre los resultados de la protesta, los propios organizadores minimizaron los incidentes, aunque dicen que hubo una treintena de detenidos y 12 personas con heridas leves, lo cual difiere con las cifras oficiales.
El Foro Social Alternativo, que agrupa a 256 organizaciones sociales, sindicales, campesinas, profesionales y de transporte, tras evaluar la paralización, anunció que los días 9 y 12 de este mes continuará la lucha por las reivindicaciones con marchas frente a la Secretaría (Ministerio) de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano, que distribuye las tierras fiscales.
"La opción del gobierno es responder a los reclamos o continuar enfrentando nuevas jornadas de lucha popular", sostuvo Maria Teresa Cabrera al leer un documento del Foro Social Alternativo. Cabrera es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores.
Para el Foro Social Alternativo lo más importante de la protesta fue la civilidad de los dominicanos. "El que quiso salir salió y el que quiso apoyar el paro lo apoyó. Fue un ejercicio ciudadano", dijo a IPS Víctor Gerónimo, del Colectivo de Organizaciones Populares e integrante del Foro Social Alternativo.
"Es algo muy positivo que no se produjeran pérdidas humanas", añadió. El comentario cobra una importancia mayor al recordar que en el marco de una protesta similar el 9 de julio pasado murió una persona, como consecuencia de una bomba casera que le explotó en las manos, y otras cinco resultaron heridas. (FIN/IPS/dp/dm/ip if pr/sl la/07)
