¿A cuánto está el voto? «Más o menos a 100.000 pesos» (50 dólares), contesta Víctor Raúl Mosquera, el defensor del Pueblo (ombudsman) del noroccidental departamento colombiano del Chocó.
En el selvático departamento, rico en recursos naturales y con la población más pobre de Colombia, "la gente tiene como el negocio de su vida las elecciones", señala el funcionario.
A los votantes también les pagan en especie: "una docena de tablas de madera, o de tejas de zinc, o una taza sanitaria, o bultos de cemento, o pintura", según Mosquera. "No es fácil controlar eso. Le dicen a la gente: vaya a tal parte y reclame".
¿Qué partidos incurren en esa práctica? "Conservatismo, liberalismo, ¡cualquiera!", agrega en referencia a las dos fuerzas políticas tradicionales de este país.
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Pero matiza: "Ni el Polo, ni el grupo de Zulia Mena, que no se sometió a eso", en referencia al izquierdista Polo Democrático Alternativo y a la ex parlamentaria que representó a las comunidades negras en los años 90 y se postula ahora a la alcaldía de Quibdó, capital departamental, por el Partido Liberal Colombiano.
Antes era peor. "Se quedaban con las cédulas (de ciudadanía), y las entregaban el día de elecciones. Hoy es más sutil. Ese manejo es muy reservado", apunta Mosquera.
El viernes 26, vísperas de los comicios, "me dicen que los votos están oscilando entre 20 mil y 50 mil pesos (10 y 25 dólares). Imagínese el domingo, eso subirá más", dice a IPS.
Se mueve mucho dinero por estos días en Quibdó. "Hay gente que está sacando 100, 200 millones" (50.000 a 100.000 dólares) en efectivo de los bancos desde las dos semanas previas a los comicios.
"Ofrecen bastante. Y como nosotros no tenemos un solo peso…", dice, escandalizando a estas reporteras en el poblado ribereño de Puerto Conto, Julia Susana Mena, miembro de la directiva del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), que agrupa a las autoridades tradicionales de 120 comunidades negras del Medio Atrato.
"Yo, que estoy con un proceso para ver cómo nos vamos a organizar, aparezco y les digo que vamos a luchar entre todos. Pero (la gente dice) ella no tiene plata, votemos por éste acá, que nos aporta cinco para algo", explica.
La ACIA cumple 20 años de vida jurídica. Fue creada para combatir la miseria, y promovida y acompañada por la católica Diócesis de Quibdó.
Mena cursó seis años de educación básica "y después lo que me he preparado en la organización". Jefa de hogar con cinco hijos, es una líder reconocida no sólo en su región, sino entre las comunidades del país que oponen resistencia civil a la guerra colombiana de decenios, en la que se enfrentan guerrillas de izquierda contra la fuerza pública y sus aliados, paramilitares de ultraderecha.
Ella afirma que si la ACIA se lanzara como tal a elecciones, otro gallo cantaría, y de sus candidatos "nadie perdía". Pero no hay consenso.
Frente a las elecciones, la ACIA no lanza sus propios candidatos en los ocho municipios que cobija, sino que apoya a algunos que prometen "trabajar con el plan de trabajo nuestro, que ya está elaborado. Y eso es lo que quieren las comunidades".
Pero "como algunos alcaldes, cuando llegan al poder, se olvidan de quién los llevó allá", comienzan a "hacer lo que les viene en gana, los recursos no los invierten en lo que los deben invertir".
Entonces, como el gobernante no cumple, que pague por el voto. "Le dicen: déme alguna cosita, sabiendo que esa cosita no nos saca ni del pantano, ni va a hacer que mañana (el funcionario) responda", cuenta Mena sobre la realidad electoral en las comunidades negras del río Atrato, que recorre el Chocó de sur a norte rumbo al mar Caribe.
Además, "sale un mar de candidatos" que compiten con los que la ACIA respalda.
Cada cual vota por alguien distinto, porque las comunidades no se organizan para votar. Al final, "salen diciendo que se equivocaron", dice la líder.
En el municipio del Medio Atrato, la ACIA apuesta este domingo por un docente lugareño como alcalde, Luis Gorgonio Moreno Valencia, que se presenta por el movimiento Apertura Liberal.
"No podemos lanzar todo el tiempo a gente del núcleo central de la ACIA porque se volvería un monopolio", dijo a IPS durante un recorrido en lancha por el Atrato el abogado Roque Rentería, ex alcalde de ese municipio y uno de los líderes de la organización campesina.
"Lanzamos a alguien que es de la región, pero lo apoyamos nosotros. Venimos experimentando en el proceso político electoral", agregó.
Pero el ombudsman Mosquera advierte, sobre la participación electoral de la ACIA, que "entrar a competir sin haber formado a las comunidades en algo distinto, es peligroso", en referencia a las costumbres clientelistas de la gente.
Tiene además un argumento delicado: en los lugares donde hay presencia de guerrilla o de paramilitares, los alcaldes están sujetos a pagar parte del presupuesto público a la fuerza dominante en el municipio, "esa es la realidad que se vive, eso no es algo que se pueda escoger".
Entonces, "hay dos opciones: o uno no aspira a esos cargos, o si aspira tiene que condicionarse a eso. Por eso digo que lo mejor es no aspirar. Porque si uno va a aspirar, para luego tener que sacar dinero para pagarle a esa gente, es mejor no aspirar", dice Mosquera.
Las comunidades de la ACIA rechazan toda presencia armada en sus territorios, 800.000 hectáreas sobre las que obtuvieron títulos colectivos de propiedad en 1997, pero no son escuchadas.
En todo caso, "aquí el control no es fácil. Y además la Registraduría (General de la Nación, a cargo de organizar las elecciones) es muy frágil. El sistema electoral colombiano es muy frágil", apunta Mosquera, pues ni siquiera puede garantizar la seguridad de las urnas en el trayecto hasta el centro de recolección, una vez cerrada la votación.
Además, hay muchos momentos en que el contenido de las planillas donde se registran los votantes, o de la urna misma, pueden ser alterados. Colombia "tiene el sistema electoral más atrasado de América Latina", dijo a IPS una fuente de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, que pidió omitir su nombre.
La pobreza de las aldeas demuestra que una persona elegida con sufragios pagos no se debe a la comunidad que la votó, sino a sus financiadores. Y estos son poderosos en el Chocó.
Tras polémicas negociaciones del gobierno nacional con jefes paramilitares, muchos de ellos capos del narcotráfico, se logró una desmovilización parcial de esas fuerzas. La de Chocó fue en el municipio de Istmina en agosto de 2005.
Pero "siguen manejando su negocio y su poder, y siguen manejando sus extorsiones. Lógicamente que eso también incide en que la gente no tenga una capacidad de protesta porque están atemorizados. Esa gente sigue amenazando y desapareciendo", reporta el ombudsman a IPS.
"Hubo apenas un cambio de nombre", y en el norte del Chocó, en Quibdó, Istmina y Baudó, municipio cercano a la costa sobre el océano Pacífico, "hay incidencia de los paramilitares, que están ligados estrechamente con el narcotráfico".
"Esa es su fuente de financiación, y el lavado de activos también, a través de compra de muchos negocios. Han quebrado a los comerciantes tradicionales: construcción de vivienda, creación de nuevos negocios como graneros, farmacias, prenderías", afirma Mosquera.
Esto "incide en las administraciones, porque ellos financian también las campañas" electorales, advierte.
El gobernador del Chocó, Julio Ibargüen, es investigado por la Corte Suprema de Justicia, que debe determinar si son ciertas las pruebas de que entregó el negocio de la salud en Chocó a "El Señor", un narcotraficante de la zona costera pacífica.
El defensor tiene dos propuestas para cortar la compra de votos. La principal es la financiación estatal de las campañas.
La otra, que, "si el Estado fuera más fuerte, podría pedir a los bancos los movimientos de las últimas semanas. Que miren quiénes han hecho retiros masivos esta semana o la semana pasada".
La guerrilla influye en el área rural, y antes también lo hacía en varios cascos urbanos. Cada cierto tiempo, se alternaba su presencia con la de paramilitares. En septiembre, los rebeldes profirieron amenazas de muerte contra candidatos, concejales o funcionarios de nueve de los 31 municipios del Chocó, además de gremios productivos y entidades estatales que están presentes en el Bajo Atrato.
El jueves, guerrilleros quemaron el material electoral en el municipio de Nóvita.
"Ellos no quieren que haya elección, o que la gente vote", señala Mosquera. En Chocó, las dos guerrillas principales, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, actúan juntas, según el funcionario.
"El riesgo electoral puede incrementarse de aquí al domingo", advierte.
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"Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Chocó. El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística. Los abonados que lo reproduzcan deben incluir el logo correspondiente. La Fundación AVINA no asume responsabilidad por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido". |
