La asistencia financiera de Estados Unidos a México para combatir el narcotráfico pasará de 40 millones de dólares anuales a más de 500 millones, un aumento sin precedentes para fortalecer un cuestionado enfoque punitivo y militar de este delito transnacional.
Autoridades mexicanas indicaron este jueves que ambos gobiernos ya concluyeron la negociación del acuerdo, que incluye entrega de equipos, capacitación de personal militar y desarrollo de programas de inteligencia conjunta, aunque no contempla desembolsos de dinero en efectivo.
Sin embargo, el plan deberá ser aprobado por el Congreso legislativo de Estados Unidos para que entre en vigor.
"El volumen del financiamiento anunciado da una idea del fracaso del modelo seguido hasta ahora. Pero, paradójicamente, se continúa en el mismo camino", dijo a IPS Javier Oliva, un académico mexicano experto en seguridad y narcotráfico.
Según José Luis Sierra, otro especialista en contrabando de drogas, insistir en el combate militar en lugar de dar prioridad a la prevención tanto en Estados Unidos como en México "es un gigantesco error".
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"La mayor parte del financiamiento anunciado debería ir a los sectores de salud y educación", señaló a IPS.
Aunque el acuerdo no tiene aún nombre oficial, la prensa local lo bautizó "Plan México", en alusión al Plan Colombia, la estrategia antidrogas y contrainsurgente aplicada en ese país sudamericano desde 2000, financiada por Washington, y que incluye el despliegue de asesores militares de Estados Unidos.
En junio de este año, la Casa Blanca reconoció que la superficie de cultivos ilícitos de coca en Colombia había aumentado en 2006.
Washington, Bogotá y varios analistas han señalado que el negocio de la droga es el combustible de la longeva guerra interna colombiana en que participan guerrillas de izquierda, fuerzas regulares y sus aliados paramilitares ligados a grandes capos del narcotráfico, ahora parcialmente desmovilizados.
El gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón aclaró que el acuerdo no incluye la presencia de tropas estadounidenses, instalaciones militares ni agentes extranjeros en este país. Pero sí implicará uso de nueva tecnología, entrenamiento de personal militar e intercambio de información, se dijo.
El plan insiste con una estrategia que "no funciona", dijo a IPS Oliva durante una entrevista telefónica desde Francia, donde desarrolla investigaciones en el Instituto de Ciencias Políticas. Pero "asegura la influencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico", agregó.
Washington "afianza su estrategia continental de lucha contra las mafias", dijo Oliva, catedrático e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Este país y otras naciones de América Latina han aplicado desde los años 80, con el apoyo de Estados Unidos, planes contra el narcotráfico que ponen acento en la persecución de traficantes, la destrucción de cultivos, la criminalización de los consumidores y un protagonismo militar creciente.
Los críticos de esta estrategia afirman que su resultado ha sido una mayor violencia en los países productores, la destrucción de su tejido social, un aumento del consumo interno y algunos vaivenes en la cantidad de mercadería que logra ingresar a Estados Unidos, el principal destino de las drogas que se producen en el mundo.
Mientras, el narcotráfico y la drogadicción persisten, lo que demuestra que el enfoque adoptado es erróneo, coincidieron Oliva y Sierra.
Según varios estudios, México, donde operan poderosas bandas mafiosas, logra incautar menos de 20 por ciento de la droga que tiene a Estados Unidos como destino.
"Este nuevo acuerdo con Washington, del que México aún debe dar detalles, otra vez deja de lado las ideas de preparar mejor a la policía y de avanzar en políticas de prevención", señaló Sierra, quien se encuentra en Houston, Estados Unidos, para desarrollar un trabajo de investigación.
El gobierno de Calderón, iniciado en diciembre, puso a los militares al frente de la lucha contra el narcotráfico, con un grado de participación que no le habían otorgado sus antecesores, si bien desde fines de los años 80 las Fuerzas Armadas han actuado en este terreno.
El uso del ejército en una tarea básicamente policial dejó una estela de violaciones a los derechos humanos, según informes de la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las denuncias hablan de allanamientos y detenciones injustificadas, robos, torturas, violaciones de mujeres y asesinatos cometidos por soldados bajo el efecto de las drogas. La estrategia, que se sustenta en leyes locales cuestionadas por agrupaciones humanitarias, ha recibido el apoyo de Washington, que considera que el gobierno de México está en la senda correcta.
Varios analistas mexicanos avalan la militarización, pues consideran que es la única fuerza que puede enfrentar a los poderosos narcotraficantes. No obstante, cuestionan al gobierno por no dar pasos firmes para profesionalizar a la policía.
Según el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos Rico, el nuevo acuerdo comenzaría a aplicarse en 2008 y tendría una vigencia mínima de dos años. El monto de la ayuda oscilaría entre 1.000 y 1.400 millones de dólares para el bienio, explicó.
Rico aseguró que en las negociaciones, sobre las que el gobierno de Calderón dio poca información previa, México pidió a Estados Unidos que reforzara su lucha contra el consumo interno y el tráfico de armas.
El funcionario confía en que el plan no sufrirá trabas para su aprobación legislativa en Estados Unidos. En el caso de México, la ley no exige cumplir con un trámite similar.
Ante las críticas de la oposición, que ve en el acuerdo una violación de la soberanía mexicana, Rico insistió en que este país rechazará "no sólo la presencia de efectivos militares" estadounidenses sino también la de "agentes en funciones operativas en territorio nacional". (FIN/IPS/dc/jsp-dcl/la na ip hd mx sl/07)
