Dos años después de iniciado el censo nacional de población en Colombia, aún no se conocen resultados finales y los datos adelantados son cuestionados por sectores de la academia, la oposición política e, incluso, por dependencias gubernamentales.
La polémica, centrada especialmente en los indicadores sociales y de empleo, recrudeció esta semana en el marco de la celebración el miércoles del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Las estadísticas oficiales entregadas indican que la pobreza afectaba en 2006 a 45 por ciento de los colombianos, 4,2 puntos porcentuales menos que en 2005, y que la indigencia alcanzaba a 12 por ciento, tres puntos menos que el año anterior.
La información fue divulgada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la presentación de un balance sobre la marcha de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), que los gobiernos del mundo se comprometieron alcanzar en 2015.
Pero ambas cifras fueron cuestionadas por universidades y organizaciones no gubernamentales, que afirman que entre 66 y 70 por ciento de la población colombiana está en situación de pobreza.
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Argumentan que el cambio de la metodología impuesto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), aún no detallado, facilita la imprecisión en los resultados.
"Este gobierno se caracteriza por el gasto enorme en ajustar las metodologías para que produzcan los resultados que quiere escuchar", dijo a IPS Alberto Yepes, coordinador de la Campaña Colombia Sin Pobreza.
Una de las principales causas de pobreza para este experto es la reforma laboral de 2002, defendida por el gobierno derechista de Álvaro Uribe como una amplia posibilidad de nuevos puestos de trabajo.
Sobre la misma se pronunció el jueves el procurador general de Colombia, Edgardo Maya. "No cumplió con el objetivo de generar más empleo", dijo, y anunció que pedirá la revisión de esa reforma a la Corte Constitucional.
"La reforma disminuyó los ingresos de los trabajadores", dijo Maya.
La cuestión del empleo también motivó la participación del DNP en el debate, por la contradicción entre la alta desocupación y el crecimiento económico, que desde 2003 ronda el cuatro por ciento.
"El desempleo está en 10,6 por ciento (de la población económicamente activa), pero, según el nivel de crecimiento de la economía en Colombia, ese indicador debería tener un solo dígito", comentó a IPS el subdirector del DNP, Andrés Escobar, en un aparte del foro "Política pública de información estadística" realizado el jueves en la estatal Universidad Nacional de Colombia.
Por su parte, el economista Stéfano Farné dijo a IPS que "hay que tener mucho cuidado con el uso de las cifras, hasta tanto el DANE no informe sobre la metodología aplicada".
Farné no cree que sea una estrategia de Uribe sino un comportamiento común en los gobiernos. "Si hay 10 cifras estadísticas escoge la más conveniente y descarta las demás"
Mientras, Uribe mantiene su optimismo. Ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre, auguró que para "2010 la pobreza no superará 35 por ciento" de la población de su país. También indicó que el desempleo, que bordeó (al inicio de su mandato) 20 por ciento de los activos, hoy "está en 11 por ciento y luchamos para reducirlo a siete".
A las diferencias anteriores se suma la confusión sobre población.
El censo de 2005, publicado en mayo de 2006, indicó que Colombia estaba habitada por 41,3 millones de personas, lo cual llevó a los técnicos a confirmar que el crecimiento promedio anual desde 1993 (anterior medición nacional) fue de uno por ciento.
Pero el propio DANE había ubicado ese aumento poblacional pocos meses antes en 1,8 por ciento, por lo cual proyectaba 44 millones de habitantes para 2005.
El censo dio otros resultados inesperados. César Caballero, primer director del DANE durante el gobierno de Uribe, fue quien diseñó esta encuesta mayor, pero no lo ejecutó, puesto que es septiembre de 2004 renunció al cargo.
"En mi carta de renuncia manifesté que había recibido una orden moralmente imposible de cumplir. Mi responsabilidad era generar estadísticas con transparencia. Disentí de las presiones del gobierno para evitarlo", admitió Caballero a IPS.
Ernesto Rojas, quien rediseñó el censo y lo aplicó, también renunció en septiembre pasado. Pero "por una razón distinta a la mía", apuntó Caballero. "Él se negaba a entregar información", aseguró.
"Por mi parte critiqué la improvisación, porque teníamos una estrategia prevista y no la tuvieron en cuenta. Hicieron cambios, ejercicios sin pruebas piloto ni procedimientos que aseguraran la calidad de la información", continuó.
"Se improvisó con el patrimonio de los colombianos", sentenció aludiendo al costo del censo 2005 que, según datos oficiales superó los 65.000 dólares.
Dada la situación, el gobierno aprobó la evaluación por parte de expertos estadounidenses, sobre la pertinencia de la metodología, la recolección de información y la sistematización. Esta tarea recae en Héctor Maldonado, quien asumió el jueves como nuevo director de la entidad estadística. Los expertos analizan y emiten un concepto que sería atendido por el DANE.
Mientras tanto surgen propuestas de cambio. El senador Camilo Sánchez, del opositor Partido Liberal tramita un proyecto de ley que de origen a un ente independiente y autónomo, que otorgue cifras estadísticas "para beneficio del país. Que podamos definir con claridad los planes de gasto anual y los temas de desarrollo.
En el mismo sentido Leonardo Bautista, doctor en ciencias estadísticas y profesor de la Universidad Nacional, propone establecer un código de ética.
También las estadísticas oficiales sirven de base para cuantificar el estado de cumplimiento de los ocho ODM, aprobados en 2000 y que toman como base de medición los indicadores de 1990. Allí se establece como primer mandato la reducción a la mitad de la proporción de personas con hambre e indigentes (quienes tienen ingresos menores a un dólar por día).
"Tenemos en cuenta la medición estatal, por una razón básica. Las estadísticas no son función del PNUD", dijo a IPS el economista Carlos Garzón, asesor de la Organización de las Naciones Unidas.
"Las cifras que entregamos en ese documento son recopilación de los informes que los ministerios presentaron en abril en un Consejo Comunitario en Bogotá", agregó. "En esa ocasión unificamos cifras con organismos del gobierno, pero no se descarta información de otras organizaciones".
Un complemento lo registra el trabajo iniciado en convenio con ocho universidades regionales "para la construcción y validación de las líneas de base de los indicadores para tener en cuenta en las regiones", sostiene el documento.
El convenio se adelantó con universidades de los departamentos Bolívar, Cesar y Sucre al norte, Caldas, Huila en el centro, Cundinamarca y Boyacá hacia el oriente del país y el sureño Huila.
La presentación preliminar de resultados confirmó que la pobreza, el desempleo y la violencia son indicadores comunes que afectan el cumplimiento de los ODM. Inmersa en estas poblaciones, las víctimas del desplazamiento de sus hogares por la larga guerra civil, que no son tenidas en cuenta de manera particular en la medición.
Ante la pregunta de IPS, Blanca Cardona, del PNUD, señaló que "el Informe Nacional de Colombia resalta que el conflicto y el desplazamiento afectan el cumplimiento de los ODM de manera distinta según las regiones".
"Si bien no hacemos un esfuerzo expedito, ésta será una de las lecturas departamentales. Es necesaria la mirada diferencial", dijo Cardona.
* Con aportes de Constanza Vieira
