Los países de América del Sur afrontan el desafío de avanzar en la lucha contra la exclusión y de reconocer que la discriminación es un atentado a los derechos humanos, concluyeron este martes los participantes del primer seminario internacional sobre esta problemática celebrado en Asunción.
Bajo el lema "Pluralismo con igualdad", representantes de organismos gubernamentales y de organizaciones civiles de Argentina, Chile y Paraguay compartieron experiencias del combate a la discriminación, que se evidencia bajo diversas formas en el rostro de millones de personas en la región.
Los participantes reconocieron que en sus países persisten la xenofobia, el sexismo, el racismo, la homofobia, el etnocentrismo y la segregación de personas con discapacidad, con opciones políticas minoritarias, o que simplemente hablan una lengua diferente en su propia tierra.
"Las diferencias biológicas son naturales, pero las políticas, las religiosas, son culturales. Lo que no es natural es la jerarquía, el poder que se establece, el creer que hay grupos superiores a otros", dijo a IPS Line Bareiro, coordinadora de la Red contra Toda Forma de Discriminación de Paraguay.
La Red está conformada por organizaciones sociales, de mujeres, de discapacitados, de activistas homosexuales y de derechos humanos, con el apoyo de agencias como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
Bareiro explicó que lo que se busca es pasar "de una sociedad de privilegios a una de derechos".
En el contexto del Mercado Común del Sur (Mercosur), Paraguay es el único país que no cuenta con una legislación que penaliza los actos de discriminación, pese a que la Constitución consagra en su artículo 46 que "todos los habitantes son iguales en dignidad y derechos".
En Argentina rige desde 1988 la ley contra actos discriminatorios, mientras Brasil promulgó en 1989 una legislación que define los delitos resultantes del preconcepto de raza y color. Uruguay adoptó en 2004 la Ley de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación.
La realidad paraguaya pronto podría cambiar si el Congreso legislativo de este país aprueba un proyecto de ley presentado por la Red que está en estudio de la Cámara de Senadores.
La iniciativa describe diferentes actos discriminatorios prohibidos en ámbitos como la salud, la educación y el trabajo, entre otros.
"Por ejemplo, expulsar a una estudiante embarazada del colegio, negar a los pueblos indígenas que accedan a educación en su lengua materna, impedir el ingreso a una persona a un servicio público porque va en silla de ruedas", dijo Bareiro.
La activista se refirió a casos frecuentemente denunciados en Paraguay, pero que quedan en el olvido ante la falta de una legislación que prevea sanciones.
El proyecto de ley crea un mecanismo para que las víctimas puedan denunciar los abusos ante la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo y otros organismos del Estado.
"Ahora, las personas que son víctimas" de actos cometidos por "particulares o funcionarios del Estado, no tienen posibilidad de una protección judicial o administrativa. Hay impunidad para los actores de discriminación", advirtió Hugo Valiente, redactor del documento.
El presidente del Congreso paraguayo, Miguel Abdón Saguier, dijo que el "proyecto de ley refleja que cualquier forma de discriminación es un atentado contra los derechos humanos".
Argentina es reconocida en la región como el país que más avances ha obtenido en el ámbito estatal en la lucha contra la exclusión.
La directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) de ese país, María José Lubertino, dijo a IPS que la ley vigente se implementa de manera transversal en el Estado.
El desafío del Inadi es descentralizar el proceso e incorporar la cuestión a los municipios, creando oficinas pertinentes para atender denuncias o resolver conflictos en el plano local, explicó Lubertino.
En Chile, si bien no existe una legislación específica, se utilizan los mecanismos ordinarios de tutela judicial en casos de este tipo.
Daniel Contreras, asesor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en ese país, recordó que en 1993 se produjo uno de los primeros juicios relativos a la discriminación racial en Chile.
Una ciudadana coreana fue impedida de ingresar a un sauna, bajo el argumento de que sus hábitos alimenticios la hacían despedir malos olores que molestaban a los demás usuarios. La afectada recurrió a la justicia, que falló a su favor y obligó a los propietarios a pagar una indemnización por "daño moral".
Aunque parezca contradictorio, Bareiro dijo que en Paraguay es poco y a la vez mucho lo que se sabe sobre discriminación. "Las personas y grupos de personas objeto de discriminaciones son demasiados y las investigaciones empíricas muy pocas", dijo.
Un estudio sobre el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, hecho por organizaciones feministas, revela que persisten conductas de exclusión en relación con las mujeres.
El documento hace hincapié en la falta de reconocimiento legal del trabajo doméstico, en el que las mujeres paraguayas constituyen 93 por ciento de la fuerza de trabajo, según la Encuesta Permanente de Hogares de 2005.
"Además de la discriminación legal, las trabajadoras domésticas muchas veces sufren violaciones, abusos o persecuciones sexuales de los patrones o de los hijos de los patrones", resalta el informe.
En un país con fuerte cultura machista, la discriminación de los homosexuales también forma parte del debate.
Para Simón Cazal, de la organización Paragay, la presión de los medios de comunicación, el cine y la música hace que la homosexualidad no pueda ocultarse como antes.
Uno de los impactos positivos de la globalización es el masivo acceso a la información sobre el tema, agregó. "Aun así, hay muchos desafíos todavía en la lucha. No tenemos todavía logro formal, una ley que nos ampare y nos proteja de la discriminación laboral, social, moral y un sinfín de realidades que nos toca vivir", dijo Cazal.
El seminario concluyó con un llamado a los legisladores paraguayos para que apoyen la iniciativa legal, que despierta el rechazo de organizaciones religiosas católicas y evangélicas.
Esos sectores cuestionan uno de los artículos del proyecto, que se refiere a la orientación sexual y la identidad de género como motivos de segregación.
