La Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción para abrir una investigación sobre crímenes contra la humanidad cometidos por paramilitares en Colombia, aunque se hayan desmovilizado, afirma la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Las estadísticas contenidas en el informe presentado en Bogotá por la FIDH indican que los grupos paramilitares de ultraderecha, que esa organización asegura han resurgido con otros nombres, han cometido unos 60.000 crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos desde la década del 90.
Más de un millón de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares por causa de las estrategias de terror, amenazas y las masacres cometidas por esos grupos irregulares que actuaron muchas veces al amparo de las fuerzas de seguridad del Estado.
En 2006, más de 219.000 personas fueron desplazadas, y sólo entre enero y junio de 2007, más de 770 civiles fueron asesinados o víctimas de desaparición forzada.
Hasta fines del año pasado habían sido encontradas más de 80 fosas comunes, pero la Fiscalía estima que todavía faltan por encontrar más de 3.000 personas. "Y este dato se considera bastante lejos de reflejar la denuncia de más de 30.000 desapariciones forzadas", señala el documento presentado el jueves por la FIDH.
Pone énfasis, además, en que, amprados en la llamada ley de Justicia y Paz, los paramilitares son juzgados en audiencias conocidas como versiones libres, que "terminan convirtiéndose en apología del delito", pudiendo ser condenados a una pena máxima de ocho años.
"En medio de esta situación, esperamos una respuesta de la Fiscalía de la CPI, a la que hemos enviado tres informes relativos a Colombia", dijo a IPS el secretario General de la FIDH, Luis Guillermo Pérez. Este país forma parte de ese alto tribunal con sede en La Haya.
Las negociaciones para la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron lanzadas por el gobierno derechista de Álvaro Uribe apenas comenzó su primer periodo en 2002. La meta fijada fue que 20.000 combatientes dejaran las armas para 2006.
En julio de 2005, Uribe sancionó la ley de Justicia y Paz, en medio de polémicas y advertencias por parte de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, que argumentaban que la puesta en práctica de esa norma era una posibilidad de "impunidad para los violadores de derechos humanos".
En agosto del mismo año llegó al país una misión de la FIDH, para denunciar que esa ley no se ajustaba a las normas internacionales y era violatoria de los derechos de las víctimas.
La FIDH trabajó con las organizaciones humanitarias colombianas Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos y la Organización Femenina Popular.
Entre enero y julio del año pasado desarrolló un programa de sensibilización y formación, con participación de funcionarios de la CPI, dirigido a personal judicial, defensores públicos y sociedad civil, con los cuales llegaron a más de un millón de personas.
La misión observó las audiencias realizadas entre mayo y julio en los denominados Tribunales de Justicia y Paz en Bogotá, en Medellín, la capital del noroccidental departamento de Antioquia, y en Barranquilla, capital del caribeño Atlántico.
También emitió informes a la Fiscalía de la CPI, sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, con el fin de motivar la apertura de una investigación.
"Sabemos que los procesos pueden ser relativamente largos, pero los argumentos respaldan la solicitud", dijo Pérez.
"La Corte Penal Internacional tendrá que valorar la efectividad de la justicia en general, más el miedo de algunos por razón de amenazas. Valorar si los victimarios confiesan realmente, la totalidad de sus crímenes, si dan a conocer el sitio de las fosas comunes, el paradero de los desaparecidos y si entregan la totalidad de sus bienes", agregó.
"Si no es así, los tribunales podrán decirles: señores jefes paramilitares, ustedes no se pueden beneficiar de la ley de Justicia y Paz, y los vamos a condenar a una pena ordinaria", puntualizó.
Pero, además, la misión de la FIDH confirmó que más de 30 grupos paramilitares, con cerca de 9.000 combatientes, continúan operando en todo el país, la mayoría bajo nombres nuevos.
En Bogotá, en los sectores de Ciudad Bolívar y Cazucá, al sudoriente de la ciudad, operan los Bloques Central Santander y Guaviare, con 750 hombres, se afirma en el documento.
Con 83 páginas, el informe se titula "La desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional", y fue presentado en Bogotá por la presidenta del FIDH, Souhayr Belhassen.
"Debemos llamar la atención sobre la continuidad del conflicto colombiano, que desde nuestro punto de vista es uno de los más graves del mundo", dijo Belhassen durante la presentación del informe, que hace recomendaciones al Congreso legislativo de Colombia, a las autoridades judiciales, al gobierno de Uribe, la comunidad internacional y a la Fiscalía de la CPI.
Entre las recomendaciones al Congreso está la derogación de la totalidad de la normatividad, y la expedición de un marco legal que cumpla con los postulados de las cortes colombianas Constitucional y Suprema de Justicia, además de los estándares internacionales.
La FIDH solicita a las autoridades nacionales "realizar procesos penales rigurosos, guiados por la independencia", aunque también reconoce la intimidación de jueces y funcionarios de ese poder que no escapan del miedo que producen las amenazas.
A la comunidad internacional le recomienda condicionar la negociación del Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina al respeto de los derechos humanos, solicitud que repite al Congreso de Estados Unidos respecto de la ratificación del tratado de libre comercio.
Y a la Fiscalía del CPI recomiendan iniciar la investigación sobre los crímenes teniendo en cuenta el principio de complementariedad.
"Esta posibilidad existe desde 2002, y es la razón por la que empezamos nuestra participación ese año. No se hizo específicamente en el gobierno de Uribe. Lo hubiéramos hecho con cualquier gobierno", afirmó Pérez.
Colombia suscribió en 1998 el Estatuto de Roma, firmado el 17 de julio de ese año en esa capital por la mayoría de los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas, que dio vida a la CPI para juzgar individuos por crímenes de guerra y contra la humanidad, además de actos de genocidio.
La Corte nació oficialmente el 1 de junio de 2002, luego de que 60 países completaron el proceso de ratificación del acuerdo.
El gobierno estadounidense de George W. Bush, que asiste con dinero, asesoramiento e infraestructura a Colombia en la lucha contrainsurgente, retiró la firma de su antecesor, Bill Clinton (1993-2001), y presiona para firmar acuerdos, como hizo con Bogotá, para que no entreguen a ciudadanos de ese país acusados de esos delitos a la CPI.
Mediante una reforma a la Constitución, aprobada por el Congreso en mayo de 1998, sancionado al mes siguiente y ratificado en agosto de 2002, Colombia incorporó el Estatuto de Roma a su legislación.
Así, "cualquier delito cometido antes de esa fecha no podría ser llevado de ninguna manera ante la Corte Penal Internacional", dijo Pérez.
"Pero la historia cambia y en América Latina hay vientos de esperanza que nos hace creer que la evolución a futuro será cada vez más positiva", agregó.
Por su parte el presidente del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, Agustín Jiménez, dijo a IPS que el informe de la FIDH se hace público en un momento "en el que la situación de las víctimas está en vilo, ante la perspectiva del gobierno de realizar un proceso de impunidad con el paramilitarismo".
Precisó, además, que "algunos sectores de la sociedad civil reclaman que se otorgue a las víctimas el derecho a conocer la verdad, se imparta justicia y se promueva la reparación integral".
"Es importante que la comunidad internacional conozca, desde otra mirada, la grave situación que vivimos en Colombia, y desde esa perspectiva el informe es fundamental", concluyó. (FIN/IPS/hm/dm/hd ip/cb/sl la/07)
