El significado de conceptos como diálogos ciudadanos, cuentas públicas o presupuestos participativos comienzan a ser conocidos lentamente en Chile.
La Agenda Pro Participación Ciudadana lanzada hace un año por la presidenta Michelle Bachelet ha logrado avances para instalar estas ideas en el ordenamiento jurídico del país.
Esa agenda "es fundacional, porque busca institucionalizar la participación ciudadana en el sistema político y en el sistema de gestión pública", declaró a IPS Francisco Estévez, director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Secretaría General de Gobierno, que tiene rango ministerial.
Los dos primeros gobiernos de la coalición de centroizquierda en el poder desde 1990 abrieron algunos espacios de participación ciudadana, pero fue apenas en 2000 cuando se comenzó a avanzar con más decisión gracias a un instructivo dictado por el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006), que obligó a los órganos de administración del Estado a incorporar esta modalidad en su gestión.
Aunque se había tomado "conciencia de la necesidad de tener participación ciudadana" antes de la gestión de Bachelet, fue en este período cuando el tema "se comienza a instalar institucionalmente en el Estado", señaló Estévez.
La Agenda, presentada el 29 de septiembre de 2006, recogió lo avanzado por Lagos planteando cuatro ejes: derecho a la información, participación ciudadana en la gestión pública, fortalecimiento del asociacionismo y no discriminación e interculturalidad.
La base son dos proyectos de ley: uno sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, enviado al Congreso legislativo en 2004 —que Estévez confía sea aprobado durante el segundo semestre de 2008— y otro que establece medidas contra la discriminación, que data de 2005 y que está a punto de ser convertido en ley.
Bachelet mejoró y dio nuevo impulso al primer proyecto con una modificación que consagró el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública.
La iniciativa facilita la creación de organizaciones sociales y consolida el fondo establecido en 2003 para financiar proyectos de la sociedad civil. También promueve diversos espacios para que la población participe en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas a nivel nacional, regional y local.
Entre ellos se encuentran los consejos de la sociedad civil, los diálogos participativos, los presupuestos participativos y las cuentas públicas participativas, que ya están siendo implementadas de forma piloto en algunos ministerios y servicios públicos.
"Una vez que se apruebe el proyecto sobre asociaciones no se va a poder gobernar sin mecanismos de participación ciudadana", explicó Estévez, pero aclaró que "la decisión política es avanzar aunque no tengamos leyes".
Sin embargo, el asesor legal de la no gubernamental Corporación Participa, Patricio Espinoza, dijo a IPS que la Agenda "no ha sido del todo divulgada aún".
Esto podría cambiar cuando Participa termine el manual que está preparando junto con la DOS y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) sobre experiencias de participación ciudadana en la administración pública.
Los diálogos participativos, por ejemplo, fueron un elemento importante durante la constitución, entre marzo y septiembre de este año, de la nueva región de Los Ríos (que antes era parte de la de Los Lagos), 800 kilómetros al sur de Santiago.
El secretario regional ministerial de Gobierno de esa región, Hernán Gómez, expuso la experiencia en la primera jornada del Seminario Internacional Participación Ciudadana en las Políticas Públicas, organizado por la DOS y GTZ, que finalizó este viernes.
Los diálogos son consultas que permiten sistematizar las inquietudes, necesidades y propuestas de la población, sobre las cuales las autoridades asumen compromisos concretos. Gracias a los 13 diálogos efectuados, la población estuvo informada sobre el proceso de creación de la nueva región y las autoridades contaron con la ventaja de conocer "lo que la gente de cada una de las comunas quería para su región, localidad y sector", dijo Gómez.
En tanto, los presupuestos participativos son promovidos por la DOS y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, que todavía no cumplieron con su compromiso de difundir en 2007 un documento para informar sobre los casos exitosos.
Los presupuestos participativos, que se aplicaron por primera vez en la ciudad brasileña de Porto Alegre, surgieron en Chile en 2003 en las comunas de Buin y Cerro Navia, en la Región Metropolitana de Santiago y ya superan la decena en todo el país.
El que se realiza desde 2004 en el municipio de San Joaquín, en la región de Santiago, es uno de los más aplaudidos: los ciudadanos involucrados en su debate pasaron de 4.000 a 10.000 en cuatro años.
La alcaldía cuenta con más de 250.000 dólares anuales para la ejecución de proyectos de servicios, infraestructura y equipamiento urbano presentados por la comunidad.
"Soy una defensora a muerte de los presupuestos participativos porque he visto los cambios que provocan", dijo durante el seminario Sylvia Guerrero, integrante del Consejo de Presupuesto Participativo de San Joaquín.
A su juicio, esta herramienta le dio a los vecinos "poder de decisión", les ha enseñado a "priorizar necesidades" y a ser "solidarios". Destacó los proyectos de instalación de microcentros de salud.
Espinoza valora la apuesta del gobierno para dejar instalada en el ordenamiento jurídico la participación ciudadana, pero cree que la Agenda debe generar instancias más decisorias y menos consultivas, que abarquen aspectos trascendentales para el país.
El presidente de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Acción), Miguel Santibáñez, reconoce algunos avances pero plantea que "el problema de Chile va más allá de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en momentos determinados. Nosotros pensamos que tiene que ver con algo más profundo que es la concepción de democracia".
"Se requiere generar urgentemente mecanismos efectivos, reales, vinculantes, que no sean sólo rituales, que tienen que ver con dinámicas de plebiscitos comunales y nacionales, vigilancia ciudadana, lucha contra la corrupción", indicó.
Espinoza y Santibáñez coinciden en que es indispensable reemplazar la autoritaria Constitución aprobada en 1980 por la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet (1973-1990).
"La participación ciudadana tiene dos campos distintos: en el sistema político y en la gestión de las políticas públicas. Para llegar a una democracia participativa hay que avanzar en las dos esferas, que están ligadas pero tienen instrumentos distintos", indicó Estévez.
El director de la DOS sostuvo que Bachelet envió al Congreso legislativo varios proyectos de ley que se enmarcan en el primero de esos campos.
Uno de ellos modifica el poco representativo sistema electoral binominal que rige hoy para las elecciones municipales y parlamentarias —por el cual se eligen dos candidatos por distrito con mayoría simple de votos—; otro crea la iniciativa popular de ley, que permite a los ciudadanos presentar proyectos para la discusión legislativa, y un tercero que posibilita la elección directa de los consejeros de los gobiernos regionales que deciden los destinos de recursos considerables.
