La guerra desatada hace décadas en Honduras por la tala ilegal de madera se traslada ahora a la reglamentación de la Ley Forestal – Áreas Protegidas y Vida Silvestre, dilatada en el Congreso legislativo.
Tres días después de aprobada, una ley debe pasar a la comisión de estilo (designada para revisar y corregir el texto) y, luego, ser promulgada por la presidencia y publicada en la gaceta oficial. En este caso, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) deberá elaborar la reglamentación en un plazo de tres meses.
La norma tuvo sanción legislativa el 13 de septiembre, por eso no se entiende el retraso, dijo a esta periodista Aída Romero, de la Fundación Democracia sin Fronteras.
La demora se debe al ordenamiento de sus casi 200 artículos, afirmó Ana Lanza, de la Secretaría General del Congreso.
Detrás de esta lentitud está la presión del sector forestal, por el cual se tardó ocho años en aprobar la ley, según un activista que pidió no ser identificado.
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Las exportaciones declaradas de madera a Estados Unidos son de tres millones de dólares, pero lo que realmente se vende asciende a 6,8 millones de dólares, o sea 226 por ciento más, afirmó para este artículo Andrea Johnson, encargada de tala ilegal de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con sede en Londres.
Gran Bretaña y España importan madera hondureña por 100.000 y 1,3 millones de dólares, pero los montos verdaderos son de 1,6 millones y 2,6 millones de dólares respectivamente, en otro caso ilustrativo de tala y venta ilegal.
La participación de las comunidades en consejos consultivos forestales, la regularización de tierras forestales —con delimitación de áreas de protección, conservación, manejo mediante contratos comunitarios, protección de fuentes y cursos de agua—, y penas de prisión de hasta 15 años por delitos ambientales, son algunos de los aportes más sobresalientes y controvertidos de la ley.
Para la Fundación Democracia sin Fronteras, portavoz de la Coalición por la Justicia Ambiental que agrupa a ocho organizaciones ecologistas de Honduras, la reglamentación es fundamental porque allí es donde se puede implementar correctamente la ley o cambiar por completo su espíritu.
Por eso, y ante la demora del proceso, la Fundación entregó el texto aprobado a la comisión de estilo del Congreso, junto con algunas sugerencias de correcciones, para que no se siga dilatando la reglamentación, afirmó Romero.
La Coalición prevé una campaña de difusión para que las comunidades asuman el papel que les compete dentro de los consejos consultivos.
Asimismo, vigilará la reglamentación que estará a cargo del director ejecutivo del ICF, creado por la ley para reemplazar a la cuestionada Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor).
Pero la Coalición se apartará del proceso si en ese cargo se designa a Ramón Álvarez, actual gerente general de Cohdefor, cuya gestión ha sido objeto de denuncias de corrupción, aseguró Romero.
El propio Álvarez invitó a la Coalición a participar en la reglamentación, cuando siendo director de Cohdefor se oponía a reformar la legislación forestal, enfatizó Romero.
Según una investigación realizada en 2005 por la EIA, en Honduras existe una red dedicada a la alteración fraudulenta de permisos, sobornos, expedición de títulos de propiedad falsos e intimidaciones, que implica a políticos, a la Cohdefor, empresas madereras, aserraderos, transportistas, taladores, alcaldes, policías y otros funcionarios.
Firmas como José Lamas SRL, Maderas Noriega, Sansone, Serma, Derimasa y Yodeco son las principales proveedoras de madera para compradores en Estados Unidos y Europa, como Aljoma Lumber, Home Depot e Intergro, sostiene el informe de la EIA.
El texto señala que el mayor tráfico es de especies de pino (Pinaceae) y de caoba (Swietenia macrophylla), entre otras, que salen del departamento Olancho, la Mosquitia y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, en el norte y oriente del país.
La EIA afirma que 80 por ciento de las caobas y 50 por ciento de los pinos extraídos de Honduras en 2004 fueron cortados ilegalmente. En los años 90 el país perdió 10 por ciento de su cobertura boscosa.
La biodiversidad hondureña, concentrada en 107 áreas protegidas que ocupan 27.000 kilómetros cuadrados, está amenazada por la tala.
En 1996, la Biosfera del Río Plátano fue declarada «en peligro» por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Mientras, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y el Movimiento Ambientalista de Campamento, se mantienen expectantes. Su trabajo de conservación les ha valido amenazas, intimidaciones y la muerte de ocho miembros desde 1997. Los últimos activistas fueron asesinados el 20 de diciembre de 2006.
Víctor Ochoa, del MAO, aseguró a esta cronista que «la institucionalidad del Estado se mantuvo pasiva y cómplice ante la tala ilegal en Olancho; la reglamentación forestal no se cumple. Instituciones como la Cohdefor son corruptas y su trabajo ha sido legalizar lo ilegal».
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales). Publicado originalmente el 27 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
