Se elevó la presión internacional sobre Fiji tras la decisión del régimen militar interino de instaurar otra vez el estado de emergencia.
Los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda aprovecharon la cumbre del foro Cooperación Económica de Asia Pacífico (Apec), celebrado el fin de semana pasado en Sydney, para analizar la situación política en Fiji.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos pidió explicaciones por la medida.
Washington volvió a reclamar al régimen interino que dé "pasos significativos para garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles, retirar por completo al ejército del gobierno y realizar nuevas elecciones lo antes posible".
El ejército arguyó que el estado de emergencia, instaurado la semana pasada, se debió a que las declaraciones públicas del depuesto primer ministro Laisenia Qarase incitaban a la violencia.
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Pero los opositores replicaron que el motivo real era silenciar a Qarase.
Por su parte, la Unión Europea (UE) temió por la seguridad del ex primer ministro y sus partidarios, pidió que se normalizara la situación y amenazó con retener millones de dólares en asistencia.
La UE había exigido que se levantara el anterior estado de emergencia para fines de mayo como condición para restablecer la asistencia de 272 millones de dólares prevista para un periodo de siete años.
Las medidas se habían impuesto por primera vez en este archipiélago del Pacífico tras el derrocamiento de Qarase con el incruento golpe de Estado del 5 de diciembre de 2006.
El líder del golpe y autodesignado primer ministro Commodore Voreqe Bainimarama insistió en que Qarase suponía una amenaza a la seguridad nacional.
Atenta contra los intereses del país que Qarase y sus partidarios sigan difundiendo su "campaña de mentiras, desprestigio e incitación", afirmó el viernes Bainimarama ante la Federación de Empleados de Fiji, en Suva.
Qarase había denunciado antes haber recibido una amenaza de muerte telefónica de una persona que dijo pertenecer al ejército. Su chofer fue detenido y golpeado por soldados antes de ser puesto en libertad.
Pero Bainimarama desestimó las preocupaciones por la seguridad de Qarase y las consideró algo "fuera de lugar". Además, señaló que el estado de emergencia era temporal y aseguró que los soldados no saldrían a la calle ni se impondrían limitaciones al movimiento de las personas.
Pero eso no apaciguó las críticas. Incluso, el canciller australiano Alexander Downer señaló en la cumbre de APEC que el régimen de Bainimarama destruía a Fiji.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, sostuvo que el estado de emergencia era una "mala señal" para el país, y trató de discutir la crisis en la cumbre de Sydney.
Bainimarama, quien recibió pedidos de renuncia y de celebrar elecciones, calificó la postura de la comunidad internacional de "ingenua" en su discurso ante la Federación de Empleados.
También defendió el golpe de Estado arguyendo que desde la independencia de 1970, la política de Fiji ha estado dominada por instituciones y políticas basadas en el enfrentamiento étnico.
El liderazgo en el ámbito comunitario y nacional se consolidó en base a conflictos étnicos, que dividieron a la población autóctona y a los fijianos de origen indio, las dos mayores comunidades.
Antes del golpe de Estado, la economía de Fiji estaba "muy mal y a punto de colapsar. Los índices de desempleo y subempleo crecían y disminuía la inversión productiva", añadió Bainimarama.
La continua emigración de personas capacitadas y educadas, la paralización de la industria y el declive del sector exportador, el deterioro agudo del equilibrio fiscal y de la balanza de pagos, y el crecimiento de la pobreza y de la inequidad social fueron otros problemas mencionados por el autodesignado primer ministro.
La afirmación de la comunidad internacional y de organizaciones locales de que la respuesta a los problemas de Fiji es la realización de nuevas elecciones es errónea, como quedó probado tras los anteriores golpes de Estado de 1987 y 2000, sostuvo.
La "cultura de golpe de Estado", añadió, está lejos de terminarse, y la comunidad internacional es más bien ingenua al presionar a Fiji para que retorne a una democracia parlamentaria después de cada quiebre institucional sin permitir que la población aborde en forma general las causas de raíz de conflictos y desacuerdos.
"Con demasiada comodidad, la comunidad internacional señala que es mejor que esos asuntos los resuelva el próximo gobierno electo", dijo Bainimarama.
"Pero sin duda son conscientes de que, en Fiji, los gobiernos electos manipularon a la gente y se basaron en políticas que acentúan las divisiones étnicas y en prácticas corruptas", añadió.
"Le pido seriamente a nuestros vecinos y a toda la comunidad internacional que por favor comprendan mejor nuestra situación interna y trabajen con nosotros para superar el problema. No merecemos todas estas restricciones que perjudican nuestros esfuerzos de recuperación para salir adelante", afirmó.
Hubo avances visibles después del golpe de Estado, pero la comunidad internacional no afloja su política de "mano dura", sin relajar las sanciones en áreas específicas de cooperación al desarrollo y prohibición de viajar.
"La prohibición de viajar impuesta por Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda impiden que personas capacitadas acepten cargos en lugares importantes para ayudar a sacar el país adelante", señaló Bainimarama.
El primer ministro había anunciado que las elecciones iban a realizarse en marzo de 2009. Hay mucho por delante para ver si cumplirá su promesa.
