Después de invertir en acciones como el despliegue de tropas policiales federales en las ciudades más violentas de Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva apuesta ahora a políticas sociales integradas para dar un «brazo preventivo» a su nuevo programa de seguridad pública.
Lanzado el lunes, el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci), prevé invertir el equivalente a unos 3.300 millones de dólares hasta 2012, en las 11 áreas metropolitanas más violentas del país.
El plan, según Lula, afrontará la violencia "con la mano firme del Estado y la convicción democrática", después de haber aprendido, según dijo, "que determinado tipo de comportamiento humano no se resuelve con más golpizas, con porras y con celdas cada vez más apretadas".
Datos del Ministerio de Justicia señalan que de 420.000 jóvenes presos en este país, 65 por ciento tienen entre 18 y 24 años, y 70 por ciento son reincidentes. Son personas de las capas más marginadas del país, y una tercera parte de ellas no consiguen terminar ni la escuela primaria.
Por eso el Pronasci financiará no sólo la construcción de 160 presidios, sino la separación de unidades penitenciarias especiales para los detenidos más jóvenes, y acciones de reinserción social y de estímulo para que estudien mientras están presos.
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También habrá ayudas económicas para madres de jóvenes en áreas de riesgo, en un proyecto llamado "Madres de la Paz".
Al mismo tiempo que el gobierno intenta mejorar los salarios y las viviendas de los policías, así como combatir la corrupción de esa institución, también pondrá a disposición de los estados en situaciones de emergencia que lo requieran una Fuerza Nacional de Seguridad de 500 efectivos.
El plan comprende 94 acciones integradas entre los gobiernos federal, estadual y municipal, según el ministro de Justicia, Tarso Genro, con el objetivo de "cambiar los paradigmas de los programas de seguridad, con inclusión de proyectos sociales".
Paradigmas no tan innovadores, acota el sociólogo Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
En entrevista con IPS, el experto recordó que el nuevo programa, que "pretende ser el brazo de la prevención", está dentro de las políticas sociales tradicionales que se comenzaron adoptar en Brasil desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
Se trata de medidas sociales, principalmente en educación y generación de empleos de la población juvenil de las áreas periféricas de mayor problemática social, como las de Río de Janeiro, Victoria y São Paulo, explicó.
Con todo, Cano consideró que el nuevo programa "es correcto" no sólo en cuanto al foco geográfico sino también al grupo etario al cual está dirigido: jóvenes de 15 a 29 años de las áreas más marginadas.
Pero el programa también responde a otro objetivo, en su opinión.
"El gobierno necesita una cobertura política que justifique la parte represiva" en marcha actualmente en barrios pobres como las favelas de Río de Janeiro, destacó.
En ese aspecto, el nuevo plan "también sirve". Por un lado, "se está matando a los jóvenes en operativos policiales, pero por el otro se está intentando hacer algo también por el lado de la prevención", agregó.
Para Rubem César Fernandes, director ejecutivo de la organización no gubernamental Viva Río, que lucha contra la violencia, el programa es "importante" porque reúne medidas "no sólo para policías y prisiones" e "intenta integrar represión y prevención".
Según Fernandes, no se trata de "escoger entre uno y otro. Es necesario invertir tanto en castigo como prevención".
El activista destacó que los sondeos de opinión muestran que la clase media pone énfasis en la necesidad de acciones represivas —más policías, más prisiones—, y que las clases pobres priorizan las acciones sociales: más educación y empleos.
"Pero todos creen que estas dos líneas de acciones son necesarias. El desafío es hacer todo esto bien. El guión está, lo difícil será realizarlo", alertó.
Brasil tiene un índice anual de unos 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Justicia.
Hay, en promedio, unos 40.000 homicidios por año, es decir un "océano de personas asesinadas", según Antonio Carlos Costa, presidente de otra organización no gubernamental carioca, Río de Paz.
El Pronasci "es un paso inédito en la historia de nuestro país, una decisión equilibrada que tiene como objetivo tratar el mal social más grave del presente en nuestro país", dijo Costa a IPS.
"Pero lo que necesitamos entender es que estamos lidiando con un cáncer que ya se transformó en metástasis, la situación es verdaderamente grave. Exige soluciones mucho más allá, como una reforma del código penal", agregó.
El presidente de Río de Paz mencionó por ejemplo la necesidad de "tener leyes lo suficientemente rígidas como para disuadir a los que cometen crímenes que el crimen no es buen negocio".
Al mismo tiempo, se necesita que haya "socorro para los niños que están fuera de la escuela", impulsar medidas de distribución junta de la renta y programas de "ciudadanía en las favelas", para evitar esta "tragedia social relacionada a la letalidad que es la miseria", concluyó.
