Eloísa Caro, trabajadora doméstica de 26 años, fue vendada, esposada, golpeada en el rostro, agredida verbalmente y casi asfixiada con una bolsa plástica en la cabeza, el día de 2006 en que atendió un llamado de la policía judicial en la capital de Venezuela para declarar sobre un robo en la residencia donde trabajaba.
Vicente R., de 16 años, regresó a su casa una mañana luego que su colegio suspendió las clases pues en su barriada caraqueña, La Vega, se protestaba por la muerte de un transportista. De pronto, agentes de la Policía Metropolitana entraron a la vivienda, golpearon al joven, colocaron una bolsa en su cabeza, lo obligaron a decir que asesinó al chofer, lo amenazaron de muerte y dispararon sus armas cerca de su rostro y oídos.
Los patrones de violación de garantías fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la inviolabilidad del hogar, registrados en Venezuela durante las dos últimas décadas del siglo XX, se mantienen en lo que va del XXI, asentó un estudio de la no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, publicado este mes.
"Documentamos 300 casos de abuso policial o militar y acompañamos a sus víctimas o a sus familiares, entre 2000 y 2005, en lo que puede ser la punta de un iceberg en materia de violaciones a los derechos humanos", dijo a IPS la médica Fiorella Perrone, conductora de la investigación.
Aunque el estudio abarcó hasta el año 2005, como continuación de los realizados por la Red entre 1985 y 2000, "la dureza de sus datos, al tratarse de casos asumidos por los familiares junto con nosotros, permite proyectar que esa situación de violaciones se mantiene en el presente", indicó Perrone.
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El más grave patrón es la violación del derecho a la vida, con 149 de los 300 casos estudiados, y, de ellos, 11 correspondieron a situaciones de desaparición forzada, "con la persona privada de su libertad seguida de falta de información sobre su paradero".
Según Provea, otra organización humanitaria, en el año comprendido entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 perdieron la vida 169 ciudadanos por la acción de cuerpos de seguridad del Estado. Ochenta por ciento de los casos fueron ejecuciones extrajudiciales, en un país que se ufana de ser el primero en haber abolido la pena capital, en 1863.
En 74 casos del estudio de la Red, las personas fueron víctimas de ejecución sumaria presentada, según la versión oficial, como consecuencia de un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad y presuntos delincuentes.
Un informe de la Fiscalía General de la República estableció que "las cifras referidas al presunto delito de homicidio por enfrentamientos policiales, entre 2000 y 2005, superan ampliamente las denuncias de organizaciones no gubernamentales: las víctimas suman 6.377 personas, con un total de 6.110 funcionarios policiales involucrados".
En Venezuela, de 27 millones de habitantes, se registran unos 12.500 homicidios al año, una tasa de 47 por 100.000 habitantes, sólo superada en la región por El Salvador (51) y seguida por Guatemala (44), Colombia (40) y México (29), según informes de la Conferencia Regional sobre Violencia Armada, celebrada en mayo en Guatemala.
El segundo grupo de violaciones, por su número, sería el de la integridad personal, y de los 118 casos seguidos por la Red, 97 de ellos correspondieron a situaciones en las cuales la persona resultó torturada, como Vicente y Caro, cuyo caso fue extraído de otro informe de la Red dedicado a la tortura.
Se registran acumulaciones de estos patrones negativos, como en el caso de Miguel Piña, presuntamente vinculado al robo en un banco en el noroccidental estado de Yaracuy, en el año 2005, según informes de Provea.
Agentes de la policía judicial se lo llevaron de su residencia y horas más tarde la esposa recibió una llamada informándole que Piña había muerto en un accidente de tránsito. La esposa sostiene que fue torturado, pues el cuerpo de la víctima presentó agujeros en la cabeza, quemaduras de cigarrillo en la piel y moretones en brazos y manos.
Los patrones estudiados por la Red también dan cuenta de afectaciones a los derechos a la libertad personal, inviolabilidad del hogar y seguridad personal. El de abuso de poder es un patrón tan frecuente que el año pasado, cuando el Ministerio del Interior hizo una encuesta sobre la reforma policial, 30 por ciento de los mismos agentes de distintos cuerpos policiales consideraron que los funcionarios abusan de sus funciones.
La Policía Metropolitana de Caracas, la más numerosa del país con unos 8.000 efectivos, encabeza la lista de violaciones en el inventario de la Red, con 15,3 por ciento de los casos, seguida de la policía judicial o Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 12 por ciento.
Les siguen el ejército y la militar Guardia Nacional, con 8,7 y ocho por ciento, y luego las policías de los 23 estados individualmente consideradas, pero que si se sumasen abarcarían más de 35 por ciento de los casos.
Los patrones que siguen a la ejecución extrajudicial son detenciones en calles y casas, allanamiento de hogares, disparos indiscriminados e impericia de funcionarios.
"Detrás de la tortura, los allanamientos y las ejecuciones extrajudiciales se halla el problema de la criminalización de la pobreza", dijo Perrone. "Un 97 por ciento de las personas que atendemos son pobres, y es muy raro que las policías allanen violentamente viviendas en urbanizaciones de clase media como hacen en los sectores populares, donde casi entran a saco", agregó la investigadora.
"Identificar como presuntos delincuentes a las personas de escasos recursos que viven en barrios (tugurios), convierte a las violaciones de los derechos humanos en una política represiva en respuesta a conflictos sociales y no a hechos aislados producto del abuso de ciertos funcionarios", añadió.
Otra cara del problema es la impunidad: de los 300 casos que la Red documentó, sólo en dos se lograron sentencias definitivamente firmes y en otros 13 se llegó a la fase de acusaciones fiscales. "Estos datos denotan las graves deficiencias de un sistema de administración de justicia que no permite esclarecer los hechos", asentó el estudio.
Junto con el retardo procesal, atribuible a la administración de justicia, están los mecanismos de impunidad que se activan en los cuerpos de seguridad, "el más notorio de los cuales (14 por ciento en los casos estudiados) es la incriminación como presuntos delincuentes de las víctimas de abuso policial y militar", señaló la Red.
También las prácticas erradas de los medios de comunicación representan mecanismos de impunidad, "cuando desinforman acerca de la realidad de las violaciones a los derechos humanos, cuando no investigan las denuncias, encubren a los autores, desvían la atención del público, guardan silencio o tergiversan las acciones", dijo Perrone.
Entre las recomendaciones al Estado, Perrone destacó "formular un plan nacional de derechos humanos, coordinado entre instituciones estatales y sociales, que instrumente los avances de la Constitución de 1999, que es muy garantista en materia de derechos".
También se requieren una ley para prevenir y sancionar la tortura, planes de concientizacion y para la rehabilitación de las víctimas, desmilitarizar las policías, dotarlas de mejores recursos y sancionar a policías, fiscales y jueces que violen los derechos humanos por negligencia, retardo procesal o corrupción.
