«Me torturaron, me quitaron los zapatos, me golpearon brutalmente, con mucho odio, con mucha saña», relató Pedro Alvarado, un defensor de derechos humanos detenido por policías mexicanos.
Alvarado fue una de las víctimas de la represión en San Salvador Atenco, a unos 15 kilómetros de la capital mexicana, durante la refriega entre habitantes del poblado y agentes policiales en mayo de 2006.
Luego de su aprehensión, el activista fue liberado bajo fianza y está sujeto a un proceso penal por los cargos de ataques a la vía pública y al sistema de transporte.
Su testimonio pertenece a 12 historias de violaciones de derechos humanos e impunidad, como la llamada "guerra sucia" de las décadas de 1970 y 1980 llevada a cabo contra opositores, la represión en el sureño estado de Oaxaca desde mayo de 2006 y los cientos de casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en la norteña Ciudad Juárez, que una delegación de Amnistía Internacional (AI) ha recabado durante su visita a México.
La misión, encabezada por la secretaria general de AI, la bangladesí Irene Khan, se entrevistó esta semana con miembros de organizaciones de derechos humanos, visitó Oaxaca y, a partir de este jueves, sesionará con integrantes del gobierno federal, inclusive el presidente conservador Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN).
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Khan dijo a la prensa que el gobierno de Calderón, que asumió en diciembre, ha incumplido con su promesa de respetar los derechos humanos, con la impunidad como telón de fondo. "Es muy triste y desesperanzador escuchar historias de fallas en el respeto a los derechos humanos y de la calidad de la justicia", declaró.
En Atenco, las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 200 personas, allanaron casas sin orden judicial, golpearon y ultrajaron a varias mujeres, según hechos documentados por organizaciones de derechos humanos.
Un día antes del operativo, los habitantes de Atenco que en 2002 habían evitado por la fuerza la construcción de un aeropuerto en sus tierras, chocaron con policías por el desalojo de un grupo de floricultores.
En Oaxaca se mantiene desde mayo del año pasado el enfrentamiento entre el gobierno estadual de Ulises Ruiz y el magisterio de la región afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un paraguas de unas 300 organizaciones locales cuya principal petición es la renuncia del gobernador, a quien acusan de corrupción y abuso de poder.
Ese conflicto se tornó muy violento en la segunda mitad de 2006, con una veintena de personas muertas, la gran mayoría atribuidas a la represión policial, 370 heridos y 350 detenidos. Al no allanarse el principal reclamo de los manifestantes, la renuncia o destitución de Ruiz, las protestas se reiniciaron en junio de este año.
AI presentó el martes un informe sobre esa situación, en el cual recoge los casos de 18 asesinatos no resueltos, detenciones arbitrarias y abusos policiales cometidos entre junio de 2006 y abril en Oaxaca, uno de los estados más pobres de México.
Ruiz, símbolo del ala más conservadora del Partido Revolucionario Institucional, descalificó el documento bajo el argumento de que fue elaborado "por consejeros de la APPO".
"Lo que quedó claro en mi visita a Oaxaca, y en la entrevista que tuve con el gobernador Ulises Ruiz, es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado, muchas de las cuales nosotros las hemos documentado", destacó Khan.
Un día después de la presencia de la delegación de Amnistía en Oaxaca, un artefacto que estalló en una tienda departamental en la capital estadual homónima dejó daños materiales y fue reivindicado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Otro fue desactivado en un banco.
El EPR, surgido en 1996, se adjudicó el 10 de julio el sabotaje a gasoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos en los estados de Jalisco, oeste, y de Querétaro, en el centro del país, en demanda de la liberación de dos de sus miembros presuntamente desaparecidos en mayo en Oaxaca.
En las entrevistas de Khan este jueves y el viernes con los secretarios (ministros) Francisco Ramírez, de Gobernación (Interior), Genaro García, de Seguridad Pública, y Patricia Espinosa, de Relaciones Exteriores, "el gobierno de México refrendará su compromiso pleno con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los mexicanos", indicó la cancillería en un comunicado.
La misión de la organización no gubernamental internacional escuchó también las quejas de parientes de víctimas de la guerra sucia y de la ola de violencia de género en Ciudad Juárez, donde más de 350 mujeres han sido asesinadas desde 1993.
"A veces ya no queremos luchar, parece que estamos luchando contra una pared", dijo a IPS Patricia Cervantes, de la organización no gubernamental Justicia para Nuestras Hijas, y cuya hija Neyra desapareció en mayo de 2003 en Chihuahua, estado al que pertenece Ciudad Juárez. Su cuerpo, con señales de violación, fue hallado en junio de ese año.
El gobierno decidió clausurar la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, creada en 2004 para atender los casos de Cuidad Juárez, donde este año han asesinado a 16 mujeres.
"No hemos tenido acceso a la justicia durante 30 años. Vemos negada cualquier posibilidad de juicios a los responsables", se lamentó Alicia de los Ríos, cuya madre del mismo nombre fue detenida por fuerzas de seguridad en enero de 1978, y nunca reapareció.
En las postrimerías de su gestión, el presidente Vicente Fox (2000-2006), también del PAN, puso fin a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado que él mismo había establecido en 2001 para investigar los crímenes de la guerra sucia.
Para las organizaciones de derechos humanos, los resultados de la Fiscalía fueron pobres, pues se hizo cargo de 532 casos que desembocaron en siete órdenes de captura, pero en ninguna condena.
Uno de los desafíos incumplidos de la Fiscalía era esclarecer las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, cuando policías y paramilitares dispararon sobre civiles desarmados, dejando una cantidad de muertos aún no establecida.
En julio, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que esos actos constituyeron genocidio, pero sin genocidas, pues exculpó a quien fue sucesivamente secretario de Gobernación y presidente del país durante aquellos hechos, Luis Echeverría (1970-1976).
"La Fiscalía fracasó, y el tema del pasado está fuera de la agenda de este gobierno", sostuvo Rupert Knox, investigador sobre México de AI y parte de la delegación visitante.
Según la Fiscalía, se cometieron 12 matanzas, 120 ejecuciones extrajudiciales, 800 desapariciones forzadas y 2.000 actos de tortura contra detenidos, especialmente durante los años 60 y 70.
La semana próxima llegará a México una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, liderada por su presidente, Florentín Meléndez. En su agenda incluirá una visita a Oaxaca.
