Unos 80 millones de folios, que contienen desde denuncias de secuestros hasta reportes de detenciones y asesinatos, constituyen en Guatemala la desordenada herencia documental de la Policía Nacional, instrumento junto al ejército del sistema de terror impuesto en buena parte del siglo XX.
Hasta hace dos años, este invaluable tesoro yacía abandonado en un inmueble a medio construir en el norte de la capital guatemalteca, dejado a merced de la humedad y de las ratas, cucarachas, polillas y toda otra clase de plagas destructoras.
Ahora, gracias a un ambicioso plan de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH), las actas que documentan la política de represión desde fines del siglo XIX empiezan a ser rescatadas, clasificadas, evaluadas y archivadas electrónicamente.
"Estamos en el proceso de recuperar el archivo histórico de la Policía Nacional (PN), desde su creación en 1881 y hasta su transformación en 1997", explicó a IPS Alberto Fuentes, responsable de la organización operativa del proyecto.
El archivo no sólo tiene un valor histórico y documental, sino que puede también ayudar a esclarecer algunas de las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidas en Guatemala durante la guerra civil de 1960 a 1996, cuando los refugiados llegaron a más de un millón y resultaron muertas más de 200.000 personas entre las asesinadas y desaparecidas.
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Organizaciones no gubernamentales, como la Oficina de Derechos Humanos de la Iglesia Católica guatemalteca y Amnistía Internacional, han establecido que organismos estatales, tales como el ejército y la PN, son los responsables de más del 80 por ciento de los crueles abusos y masacres cometidas durante el conflicto armado interno.
El proyecto de la PDH se inscribe en un proceso más amplio, de recuperación de la memoria histórica del país, que comenzó con la firma de los acuerdos de paz de diciembre de 1996 entre el gobierno de Álvaro Arzú y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que coordinaba los cuatro grupos insurgentes en combate.
"En el proceso de clasificación, hemos ordenado los documentos según tres estructuras de la policía nacional: El Centro de Operaciones Conjuntas, que vinculaba orgánicamente al ejército con la PN, la Dirección de Investigación Criminológica, y el Gabinete de Identificación", precisó Fuentes.
Estas tres oficinas constituían la columna vertebral de las actividades de control político y represivo de la PN en el área urbana.
Siguiendo esa clasificación, la documentación del Gabinete de Identificación cruzada con los registros de las 45.000 personas asesinadas en la ciudad de Guatemala y sus cercanías, sepultadas sin conocerse sus nombres en el cementerio de La Verbena, puede ayudar finalmente a saberse quiénes son algunas de ellas.
"La guerra interna y la represión política no sólo quitaron el derecho a la vida a miles de personas, sino también el derecho a la muerte a esas victimas, y el de duelo a sus familiares", comentó Fuentes.
"Hay decenas de miles de familias guatemaltecas que nunca pudieron identificar a sus muertos y que, por ello, nunca pudieron concluir un proceso de duelo", apuntó.
La recuperación del archivo histórico de la PN puede ayudar a realizar y concluir ese duelo. "Cuando identificamos a alguno de los muertos, informamos inmediatamente a sus familiares, para que ellos reclamen al Estado la devolución de los restos de sus seres queridos asesinados", precisó.
Otra guía administrativa utilizada por el equipo bajo la coordinación de Fuentes para catalogar, evaluar y archivar los documentos es el del tristemente famoso segundo cuerpo de la PN, bajo cuya jurisdicción operaba el llamado comando seis, que durante los más duros años de la represión política, entre 1975 y 1985, fungía en la práctica como un escuadrón de la muerte.
El proyecto también intentó obtener la documentación policial concerniente a la noroccidental provincia del Quiché, donde se cometieron 324 de las 669 masacres registradas en Guatemala.
"Pero la PN no dejó un solo papel de El Quiché", puntualizó Fuentes.
Los documentos abandonados del archivo de la PN fueron encontrados por casualidad el 5 de julio de 2005, cuando el historiador Edeliberto Cifuentes Medina, comisionado por la PDH, investigaba las posibles consecuencias de una gigantesca explosión aparentemente accidental ocurrida en un inmueble militar en la densamente poblada zona norte de la ciudad de Guatemala.
La inspección llevó a Cifuentes Medina a visitar el nunca terminado edificio del hospital de la PN, donde descubrió montañas de documentos sin clasificar, abandonados detrás de las derruidas ventanas.
Con el olfato de historiador avezado, Cifuentes Medina intuyó en esas pilas de folios sin clasificar un tesoro documental.
Inmediatamente, la PDH obtuvo, a través del Ministerio de Justicia, una resolución legal que ordenó la clausura del archivo, la cual permite la entrada de nueva documentación, pero prohíbe toda salida.
Además, la resolución establece la obligación del Estado de custodiar y asegurar el edificio y la documentación allí contenida, además de facultar a la PDH a investigar el papel de la Policía Nacional en las violaciones de los derechos humanos.
En noviembre de 2006 comenzó finalmente el análisis de los documentos encontrados, luego de un arduo trabajo de salvaguarda del material mediante acciones anti-plagas y de eliminación de la humedad, además de la transformación del edificio y de su equipo para hacerlo compatible con su nueva función de archivo.
La clasificación se realiza siguiendo la norma archivística ISAD-G, de la Organización de las Naciones Unidas, e incluye el fichaje y digitación de muestras documentales en cooperación con la firma estadounidense Benetech.
Esta empresa ha participado en la creación de archivos políticos en 13 de los 18 países que, al igual que Guatemala, han sufrido dictaduras o regímenes discriminatorios y han creado comisiones de la verdad, como Chile, Argentina, El Salvador, Sudáfrica y Timor Oriental.
Además, los folios y los libros de actas son escaneados para ser archivados en tres servidores computarizados y garantizar así su accesibilidad para siempre.
Uno de estos servidores está situado directamente en el antiguo hospital transformado en archivo, otro en la PDH y el restante en Suiza. Estos archivos electrónicos permitirán consultar la documentación de la PN, sin utilizar directamente los folios y evitar así su deterioro.
Este trabajo, que aún se encuentra en su fase inicial, ha permitido ya identificar con nombre y apellido a algunos de los responsables de violaciones de los derechos humanos.
La documentación permite, por ejemplo, vincular a comisionados militares, como se los llamaba a los colaboradores del ejército durante el conflicto armado, con masacres y otras violaciones a los derechos humanos.
Curiosamente, el archivo de la PN también permite identificar huecos incomprensibles en el trabajo de documentación e investigación de la entidad en casos de flagrantes crímenes políticos.
Por ejemplo no existe ningún reporte sobre el asesinato el 20 de octubre de 1978 del líder estudiantil universitario Oliverio Castañeda de León, perpetrado por un escuadrón de la muerte en pleno día y a solo 100 metros del Palacio Nacional, entonces sede del gobierno.
El valor documental del archivo va más allá de la historia reciente de Guatemala. Como la documentación abarca desde 1881, ella, convenientemente clasificada y evaluada, puede ayudar a estudiar los mecanismos de control político y de represión utilizados por los dictadores guatemaltecos en la primera mitad del siglo XX, como Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y Jorge Ubico (1931-1944).
"Para el estado oligarca agroexportador que se constituyó en Guatemala a partir de 1871, el ejército y la policía nacional constituían los dos instrumentos de represión de sus opositores políticos", recordó Fuentes.
El experto señaló que los folios de la PN muestran como los diferentes regímenes guatemaltecos controlaban todas las actividades del país, incluyendo las más inocuas políticamente, "desde la proyección de películas en los cines hasta los mataderos de reses, pasando por las exhibiciones de lucha libre y los oficios religiosos".
