Dieciséis organizaciones no gubernamentales griegas lanzaron una campaña contra la práctica de trasladar los refugiados iraquíes a Turquía.
Hasta comienzos de este año, el gobierno de Atenas aceptaba peticiones de asilo de ciudadanos iraquíes, pero esta política fue drásticamente modificada, señala una petición enviada a las autoridades por las asociaciones humanitarias.
"La policía ha informado sobre la expulsión de al menos 120 iraquíes en los primeros cinco meses de 2007", dijo a IPS Panagiotis Papadimitriu, del Consejo Griego para los Refugiados. "Es posible que la cifra real sea mucho más alta", agregó.
El número de desplazados internos por la guerra en Iraq supera los dos millones y otros dos millones de ciudadanos de ese país viven como refugiados fuera de sus fronteras. Un informe de la no gubernamental Oxfam señaló la semana pasada que la mayoría se encuentra en situación de pobreza extrema y necesita ayuda urgente.
Más de 800.000 iraquíes viven en Siria y otros 700.000 en Jordania. Su número se encuentra en constante aumento en otras naciones árabes como Egipto y Libia.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha estado solicitando a los gobiernos, desde principios de año, que asilo a personas provenientes del centro y sur de Iraq o al menos un permiso de residencia por razones humanitarias.
Grecia no les está brindando ayuda, señalaron las entidades no gubernamentales.
"La razón fundamental que provocó el cambio es que Turquía ha comenzado a aceptar iraquíes en el marco de un acuerdo bilateral con Grecia sobre 'devolución' de inmigrantes", dijo Natasa Straxini, una abogada que trabaja con el Comité de Solidaridad con los Refugiados en la isla griega de Chios.
"Hasta diciembre pasado las autoridades turcas no aceptaban iraquíes, pero esto ha cambiado por razones políticas internas", señaló.
El acuerdo entre Grecia y Turquía, firmado en 2001, permite a ambas partes "devolver" inmigrantes ilegales al país desde el cual cruzaron la frontera.
"De esta forma es posible deportar a los inmigrantes sin tener en cuenta su nacionalidad o considerar la condición especial de cualquiera de ellos", indicó Spyros Rizakos del Programa Universal para los Refugiados, una de las 16 organizaciones que firmó la petición.
"La prioridad para la policía es librarse de los inmigrantes. Pero no pueden enviarlos directamente de vuelta a Iraq, por lo que la decisión de Turquía de aceptarlos le ha brindado a Grecia una excelente solución", agregó.
Según las entidades humanitarias, los ciudadanos iraquíes no deberían estar sujetos a este acuerdo bilateral.
"Es obvio que ellos no son inmigrantes ilegales", dijo a IPS la representante de Abogados para la Protección de los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, Eleni Spathana.
"La política de devolverlos no respeta los compromisos asumidos por Grecia en el marco de la Convención de Ginebra y el Tratado Europeo sobre Derechos Humanos", agregó.
Las leyes internacionales prohíben la repatriación de refugiados cuando existen razones para suponer que podrían ser víctimas de la violencia si se los envía de vuelta a sus naciones de origen.
Amnistía Internacional y la organización Helsinki Watch informaron a las entidades no gubernamentales griegas que los iraquíes que llegan a Turquía son deportados a su país.
Acnur confirmó que un grupo de 135 iraquíes arrestados cuando estaban a punto de ingresar a territorio griego fueron enviados de vuelta a Iraq. Aunque miembros del grupo solicitaron asilo político, las autoridades los deportaron sin tomar en cuenta su situación.
Straxini explicó que la patrulla costera de Chios tiene como práctica forzar el retorno de los refugiados antes de que ingresen en aguas territoriales griegas para pedir asilo.
"Muchas personas que llegan a la frontera, iraquíes entre ellos, están al tanto de esta estricta política migratoria", señaló Rizakos. "Entonces, en lugar de solicitar protección, tienen la esperanza de poder cruzar y continuar hacia otros países europeos", dijo.
Es una estrategia condenada al fracaso. El Acuerdo de Dublín de 1997 indica que los extranjeros sólo pueden solicitar asilo en el país en el cual ingresaron a territorio de la Unión Europea.
Las posibilidades de éxito en Grecia son casi inexistentes. Este país es el que menos refugiados acepta en Europa: menos de uno por ciento de los pedidos de asilo tienen una respuesta positiva.
