La captura de policías acusados de ejecuciones extrajudiciales alienta el trabajo de activistas y expertos en sus denuncias sobre el retorno de los escuadrones de la muerte en filas de las fuerzas de seguridad, como ocurrió durante la lucha contrainsurgente en los años 70 y 80.
Organizaciones de derechos humanos y expertos han denunciado en reiteradas oportunidades que estos grupos operan impunemente y aseguran que han mutado de escuadrones de la muerte del pasado a grupos de sicarios para "ajustes de cuentas, dirimir desacuerdos personales, sacar de la competencia a otro empresario, limpieza social o al servicio del crimen organizado".
El abogado Jaime Martínez, del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), señaló a IPS que estas estructuras "son el rostro visible del crimen organizado y realizan su trabajo sucio".
Hay indicios fuertes y repetitivos respecto de que en la Policía Nacional Civil (PNC) se han "incrustado grupos delincuenciales", aseguró Martínez.
Lamentó que las autoridades no lo asuman como una "preocupación de primer orden", cuando pretenden desestimar los hechos al afirmar que se trata de "malos agentes" que se deben desechar de la policía.
"No podemos seguir creyendo en la tesis de las manzanas podridas", increpó el experto, quien desarrolló investigaciones sobre asuntos de seguridad ciudadana y grupos de exterminio cuando dirigió por 13 años el Centro de Estudios Penales de la no gubernamental Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El sargento Nelson Arriaza y el agente Roberto Carlos Chévez fueron detenidos el 28 de julio, junto con el ahora prófugo Rember Martínez, acusados del asesinato del campesino Amado García en el municipio de Nueva Esparta, en el nororiental departamento de Morazán.
Otros cuatro policías fueron arrestados el lunes pasado en el oriental departamento de San Miguel en conexión con el grupo comandado por Arriaza y de pertenecer a un grupo de exterminio. Otro agente y un civil más están pendientes de ser apresados por supuestos vínculos con el mismo grupo.
Jefes de la PNC han reconocido los potenciales nexos, aunque aseguran que se trata de "hechos aislados" que nada tienen que ver con la estructura de ese cuerpo de seguridad.
Pero la fiscalía no descarta una investigación sobre posibles conexiones de Arriaza con otros miembros de la PNC y otros asesinatos registrados en San Miguel, donde el policía estaba destacado.
Sumado a esto, desde hace dos semanas circula en el municipio de Chalchuapa, a 80 kilómetros de San Salvador, un volante firmado sólo con las iniciales E.L. en el que se "decreta" un "toque de queda" y pide a la población y a la misma PNC abstenerse de circular en la noche.
"Por su propio bienestar, les aconsejamos no andar en las calles a partir de las 10 de la noche, ya que estamos iniciando una campaña de limpieza", se lee en la hoja. De modo coincidente, el promedio mensual de homicidios pasó de cuatro o cinco a comienzos de año a 17 sólo en agosto, según datos la PNC local.
Durante los años 70 y 80, los escuadrones de la muerte capturaron, torturaron y asesinaron a miles de estudiantes, obreros, maestros y dirigentes políticos de izquierda, en el marco de la llamada "cruzada anticomunista", liderada por el ya fallecido mayor Roberto dAbuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobierna el país desde 1989.
El conflicto armado de 1980 a 1992 entre las fuerzas de seguridad del Estado y la guerrilla izquierdista reunida en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó 75.000 personas muertas y unas 8.000 desaparecidas. En la actualidad, son asesinados diariamente entre 10 y 12 salvadoreños.
Tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, varios dirigentes del ahora partido político FMLN fueron asesinados o víctimas de frustrados atentados. Mario López y Darol Francisco Velis fueron dos ex jefes guerrilleros ejecutados al año siguiente por escuadrones de la muerte.
Ahora es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que próximamente emitirá su fallo en el caso del asesinato en junio de 1994 del empresario Mauricio García Prieto, supuestamente a manos de un escuadrón de la muerte. El caso fue llevado a ese ámbito por los padres de la víctima al no encontrar justicia en El Salvador, según explicaron.
Ante ese hecho, símbolo del resurgimiento de la violencia, el entonces presidente Armando Calderón (1994-1999) y el FMLN acordaron la creación del interinstitucional "Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política", conducido por la Misión de Observadores de la Organización de las Naciones Unidas en El Salvador que verifica el proceso de paz.
En la parte hecha pública del informe de 110 páginas, elaborado por el grupo, se cuenta la "documentación desclasificada" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos relacionadas con los escuadrones de la muerte entre 1980 y 1991.
Pero nunca fue revelado un anexo con nombres de empresarios y militares involucrados en estas estructuras, que según los investigadores fueron financiadas desde 1979 por "oficinas de seguridad del gobierno, por secuestros, extorsiones y aportes de miembros de la oligarquía", tanto de El Salvador como de Guatemala y hasta de Miami.
Los escuadrones de la muerte también recibieron apoyo de grupos derechistas de Argentina, Venezuela, México y de la Liga Anti-Comunista Mundial, se indica en el informe.
El Grupo Conjunto determinó que los escuadrones de la muerte estaban conformados por policías y militares, lo cual "permite describir un nexo entre los cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda".
El abogado David Morales, de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (socorro jurídico), aseveró a IPS que, pese a que el Grupo Conjunto "recomendó al ex presidente Calderón tomar medidas para desmantelarlos, esto nunca fue atendido". Hoy "se mantienen intactos, activos y armados" estos cuerpos de exterminio, afirmó.
El grupo que se hacía llamar Ángeles de la Muerte perpetró en 1993 asesinatos en el occidente del país, mientras que el escuadrón de "limpieza" la Sombra Negra asesinó entre 1994 y 1995 a varios pandilleros en San Miguel.
En esa ocasión, un subcomisario y varios agentes de la PNC, junto al ahora alcalde de la ciudad de San Miguel, Wilfredo Salgado, fueron acusados de esos asesinatos, pero luego fueron sobreseídos.
Esa decisión fue tomada por la justicia ante la ausencia de la principal testigo, la sargento Vilma Quintanilla, quien se negó a participar en Sombra Negra.
Quintanilla no se presentó a declarar por temor a ser asesinada y huyó del país, según la documentación del caso que manejaba Morales cuando era procurador adjunto de Derechos Humanos.
Martínez explicó que entre enero 2001 y agosto 2005 registraron en la sede de Fespad 622 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales, atribuibles a estos grupos.
En 2006, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) denunció el caso del joven Abimilet Ramírez, quien después de haber sido secuestrado por policías, según testigos, fue abandonado dentro de un pozo de agua, pero logró sobrevivir en esa oportunidad.
Sin embargo, Ramírez fue muerto luego de que, junto con la estatal PDDH, denunció su martirio ante la Fiscalía.
Las investigaciones de organizaciones de derechos humanos han establecido que estos últimos hechos forman parte de "prácticas homicidas" que "año tras año se han registrado en la posguerra hasta la actualidad y que funcionan con la aquiescencia de las autoridades de alto rango", indicó Morales en una entrevista televisiva.
"Recurren a la delincuencia común u organizada como medio de autofinanciamiento", añadió.
La PNC ha sido sometida a un proceso de "desnaturalización" que ha echado al traste los valores y principios de la PNC creada por mandato de los acuerdos de paz, manifestó Martínez.
El procurador de los Derechos Humanos, Oscar Luna, dijo que propondrá "la integración de una comisión externa para (…) investigar a la policía", tras señalar que ese cuerpo no tiene "controles efectivos". Ese organismo, según el funcionario, contaría con la participación de sectores de la sociedad civil.
Martínez considera que un comisión de ese tipo debería revisar la política de seguridad pública, superar la debilidad investigativa de la PNC, revisar el presupuesto y desarrollar mecanismos de control y disciplina de sus miembros, al tiempo que debería revisar las condiciones laborales y derechos de los agentes y desarrollar una policía comunitaria.
En caso contrario, insiste el especialista, la policía seguirá su camino al pasado.
