Sesenta organizaciones ambientales, indígenas, sindicales y sociales de Colombia están realizando una campaña para que el acceso al agua potable sea incorporado como un derecho fundamental en la Constitución de este país.
Los promotores de la iniciativa ya cumplieron con el primer requisito legal, consistente en la recolección de aproximadamente 135.000 firmas, cinco por mil del total de inscriptos en el padrón electoral, pero enfrentan ahora un desafío mayor.
Una vez que la estatal Registraduría Nacional del Estado Civil certifique la validez de las firmas, las entidades no gubernamentales deberán obtener el respaldo de 1.500.000 ciudadanos. En ese caso, el Congreso legislativo aprobará un proyecto de reforma constitucional y convocará a un referéndum nacional para que el electorado adopte o rechace la propuesta.
Como parte de la iniciativa se realizó una travesía por el río Magdalena, que concluye este viernes en el puerto de Girardot, 133 kilómetros al suroeste de esta capital, en el departamento (provincia) central de Cundinamarca.
Irónicamente, la campaña para garantizar el acceso al agua se desarrolla en un país que ocupa el segundo lugar en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos en América Latina y el séptimo en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
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En esta nación de 42 millones de habitantes, cerca de 12 millones de personas carecen de agua potable y cuatro millones tienen dificultades para obtenerla aun en condiciones insalubres, según datos de la estatal Defensoría del Pueblo.
El gubernamental Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), prevé por su parte que 69 por ciento de la población sufriría escasez de agua en 2025.
Las entidades que promueven la reforma constitucional señalan a la privatización del servicio de provisión de agua, autorizada por ley en 1993, como una de las causas del problema.
"De 349 empresas que tiene el país, 141 son privadas y 24 de economía mixta", según datos de la no gubernamental Censat-AguaViva.
Uno de sus investigadores, Danilo Urrea, dijo a IPS que "la privatización aumentó de manera considerable el costo del servicio, y la concesión a operadores privados también ha generado escándalos y corrupción".
A la privatización de las empresas se adiciona la intención de establecer el pago de peaje para la navegación en el Río Grande de la Magdalena, en el tramo de acceso al puerto de la caribeña Barranquilla, a la que llega tras un recorrido de 1.540 kilómetros.
El río nace en el Macizo Colombiano en el extremo suroeste del país, atraviesa 18 de los 22 departamentos de su división política y 700 poblaciones ribereñas.
En la década de 1970 del Magdalena se obtenían unas 70.000 toneladas de pescado al año. En los años 80 ese total se redujo a 40.000, para caer nuevamente a 20.000 en la década del 90. Actualmente no se superan las 8.000 toneladas.
Este problema también figura en la agenda de los promotores de la campaña. "No se puede acabar con las empresas oficiales argumentando que el Estado es corrupto. Es necesario lograr la recuperación y la transformación del manejo del agua en beneficio de la población en general", señaló Urrea.
La primera jornada de recolección de firmas en apoyo de la reforma constitucional se realizó el 1 de Mayo, durante la celebración del Día de los Trabajadores, en distintas ciudades del país.
Durante los dos meses siguientes se realizaron diversas acciones, motorizadas especialmente por gente joven. Este mes, durante el Primer Foro por el Agua y por la Vida en el Caribe, celebrado en Barranquilla, se inició la travesía por el río Magdalena que concluye este viernes en Girardot.
Ese puerto es un punto neurálgico, por cuanto el Río Grande de la Magdalena recibe en esa ciudad uno de los afluentes más contaminados del país, el Bogotá, que nace en el oriental departamento de Boyacá. En él se vuelcan residuos químicos provenientes en buena parte de la industria del cuero y la floricultura.
Esta primera etapa de la campaña se cerrará con una "evaluación positiva", dijo Urrea. "Aunque no logremos la convocatoria al referéndum, logramos realizar un trabajo de sensibilización de las comunidades ribereñas, parte de nuestro gran propósito. Y por supuesto que continuaremos en el empeño", agregó.
El ministro de Ambiente, Desarrollo y Vivienda Territorial, Juan Lozano, afirmó por su parte en un debate televisado que dará prioridad a la conservación del Macizo Colombiano y la recuperación de los recursos hídricos. "Está en nuestra perspectiva mantener el servicio público, tanto como la preservación del ambiente", aseguró.
