Amnistía Internacional pidió a las empresas extranjeras activas en Colombia que influyeran sobre el gobierno «para detener y prevenir los abusos contra los derechos humanos de que son víctima los sindicalistas».
La organización no gubernamental con sede en Londres advirtió que la longeva guerra colombiana "sirve de cobertura a quienes tratan de ampliar y proteger intereses económicos" en el informe "Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia", publicado este martes.
Amnistía aborda casos de agresiones contra dirigentes de los sectores de la salud, la educación, los servicios públicos, la agricultura, la minería, el petróleo, el gas, la energía y la alimentación.
Según la Escuela Nacional Sindical (ENS), entre enero de 1991 y diciembre de 2006 fueron asesinados en Colombia 2.245 sindicalistas, 138 fueron desaparecidos y 3.400 amenazados, lo que hace a este país andino "uno de los lugares más peligrosos del mundo" para defender los derechos laborales, dijo Amnistía, una de las principales organizaciones humanitarias internacionales.
La estadounidense Human Rights Watch sostiene que 75 por ciento de esas agresiones se atribuyen a milicias paramilitares ultraderechistas aliadas de la fuerza pública y parcialmente desmovilizadas tras un polémico pacto con el gobierno del derechista Álvaro Uribe.
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El ejército y la guerrilla izquierdista también figuran entre los responsables, ésta última cuando achaca a líderes sindicales cercanía con el "enemigo", que puede ser incluso un grupo insurgente rival.
Amnistía subraya "un patrón de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones y en favor de los derechos de los trabajadores en algunas zonas donde desarrollan su actividad industrias extractivas".
El mensaje es claro. "No os quejéis de vuestras condiciones laborales ni hagáis campaña para proteger vuestros derechos porque se os hará callar a cualquier precio", dijo Susan Lee, directora del programa regional para América de Amnistía.
La impunidad garantiza que los crímenes continúen. Menos de 10 por ciento de los atacantes han sido llevados ante la justicia.
"Este informe es una llamada de atención a toda empresa multinacional que desarrolle su actividad en un entorno de violación sistemática de derechos humanos. No se puede optar ya por la inacción", advirtió.
Por cuenta de estas violaciones, la compañía minera estadounidense Drummond enfrenta un juicio civil en un tribunal federal del estado estadounidense de Alabama por el asesinato de tres líderes sindicales colombianos en 2001.
Dos de ellos, Víctor Orcasita y Valmore Locarno, fueron muertos mientras el sindicato negociaba contratos laborales con la transnacional carbonera.
Drummond se ha declarado inocente. En 2006, la firma tuvo un incremento de ocho por ciento en sus utilidades en Colombia, y desde 2001 más que duplicó la extracción de carbón colombiano.
El jueves, el colombiano Edwin Guzmán testificó ante un panel de tres subcomités del Congreso legislativo estadounidense. Fue la primera audiencia para establecer si empresas estadounidenses pagaron a grupos paramilitares, dirigidos por capos del narcotráfico y simpatizantes de Uribe.
Guzmán, sargento retirado del ejército y luego paramilitar, contó que sus tropas estaban a cargo de cuidar las instalaciones de la Drummond, que explota la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo en el nororiental departamento de La Guajira, entre otros yacimientos colombianos.
La protección de las instalaciones y el transporte del carbón era un proyecto conjunto con el ejército, aseguró Guzmán.
Además sostuvo que el ejército colombiano enseña a atacar izquierdistas "en todas las formas posibles", que "los sindicatos son grupos guerrilleros" y que "debemos atacarlos con medios legales e ilegales".
Poco antes de las muertes de Orcasita y Locarno, en la mina de carbón de la Drummond en La Loma, nororiental departamento del Cesar, circularon panfletos contra el "sindicato de la guerrilla", que acusaban a los dos líderes de apoyar a la insurgencia.
El tercer asesinado siete meses después fue Gustavo Soler, reemplazante de Locarno en la presidencia del sindicato.
Según Guzmán, quien depondrá también ante el tribunal de Alabama a partir del nueve de este mes, para los paramilitares y el ejército colombiano, el sindicato de la Drummond era "una organización subversiva y por lo tanto un objetivo militar legítimo", y esos asesinatos fueron vistos como "victorias militares".
El mismo día en que Guzmán prestó testimonio en el Congreso, representantes del gobierno colombiano aceptaron enmiendas laborales y ambientales al Tratado de Libre Comercio (TLC), introducidas por Estados Unidos al texto negociado y ya votado afirmativamente en junio por el parlamento colombiano, de mayoría oficialista.
Pero el viernes, los líderes del opositor Partido Demócrata en la cámara baja del legislativo estadounidense, encabezados por Nancy Pelosi, anunciaron que "no podemos apoyar ahora el TLC con Colombia".
Su aprobación dependerá de avances concretos para reducir la impunidad de la violencia contra sindicalistas, que es vista como un "dumping" (competencia desleal) laboral extremo, así como en la investigación y procesamiento de paramilitares y sus cómplices políticos detenidos, a los que Uribe propuso excarcelar hace un mes.
Uribe montó en cólera el sábado, cuando era televisado en directo. "Esto tiene que ser una relación de aliados, como merecemos, y no de dominación de Estados Unidos y de Colombia como servil" (sic), dijo, argumentando que él no es Somoza, el ex dictador nicaragüense derrocado por los sandinistas en 1979.
"Van a castigar a Uribe aplazando el TLC", dijo a IPS Enrique Daza, de la no gubernamental Red de Acción contra el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), Recalca.
Daza considera que "el TLC está muerto por lo menos por este año", debido a que Uribe "no ha mostrado ninguna voluntad" para resolver la situación de los sindicalistas, y en el llamado "paragate", "todos los días surgen nuevos escándalos". Así, "los demócratas están forzando al gobierno a mostrar resultados" en ambos frentes.
Por "paragate" se conoce el escándalo que reveló en los últimos meses las relaciones incestuosas del poder político, económico y militar con los paramilitares, y por el cual hay decenas de políticos y legisladores oficialistas imputados. Pero, a juzgar por el diagnóstico de Amnistía, solucionar ambos problemas implicaría poner patas arriba la forma como ha operado la guerra en Colombia durante decenios.
Amnistía insiste en que en Colombia "sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo" de los líderes sindicales, "tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales".
"Las fuerzas de seguridad han encubierto su implicación utilizando a los grupos paramilitares para llevar a cabo sus tácticas de guerra sucia, y han intentado mejorar su imagen en materia de derechos humanos negando que los paramilitares actúen con su aquiescencia, su apoyo o, como ha ocurrido a menudo, bajo su coordinación", dijo Amnistía.
"La táctica del terror sirve también a poderosas elites económicas para proteger, ampliar y consolidar sus intereses", agrega.
El 2 de mayo, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de detención contra el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias "Jorge 4", por su presunta implicación en el asesinato de Locarno y Orcasita.
El hoy desmovilizado Jorge 40 inicia este martes su confesión, que debe ser completa para aspirar al beneficio de una pena máxima de prisión de ocho años. Más de 10.000 personas se han inscrito como víctimas directas de sus acciones.
Durante el gobierno de Uribe, iniciado en 2002, se redujo la cantidad de asesinatos de sindicalistas. Sucesivas administraciones han prestado teléfonos móviles, vehículos blindados y escolta armada a dirigentes sindicales, según el nivel de riesgo que corrieran.
A partir de 1996, la afiliación sindical disminuye de manera sostenida en Colombia, según la ENS.
