Portugal, que desde este mes ejerce la presidencia semestral rotativa de la Unión Europea (UE), prometió que África sería una de las prioridades de su gestión.
El primer ministro portugués José Sócrates, cuyo gobierno tomó las riendas del bloque el domingo, espera cumplir en diciembre su vieja ambición de celebrar en Lisboa una cumbre de jefes de Estado y de gobierno europeos y africanos.
Sería la segunda conferencia de ese tipo. Hubo una en 2000, pero los esfuerzos para organizar la siguiente fracasaron por desacuerdos acerca de la convocatoria del presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, a quien se cuestiona su fe democrática.
Si se realiza la reunión de diciembre, es probable que transcurra en un ambiente de tensión, pues la UE pretende que el 31 de ese mes estén firmados los tratados comerciales conocidos como Acuerdos de Asociación Económica (EPA) entre ese bloque y las ex colonias europeas de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP).
La Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, insiste en que debe respetarse la fecha límite porque numerosas cláusulas de los tratados con los ACP perderán vigencia a principios de 2008, según las normas de la Organización Mundial de Comercio.
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La Comisión sugirió que la UE use la cumbre de Lisboa para intensificar su diálogo político con África. Su objetivo a largo plazo sería "avanzar más allá de los actuales acuerdos entre donante y beneficiario del pasado hacia una genuina asociación igualitaria en base a intereses y beneficios mutuos y complementarios".
Uno de los principales componentes de esa estrategia sería que "las normas y regímenes comerciales fueran más coherentes y armónicos", reza el informe al respecto, y añade que los EPA van en ese sentido.
Según Christopher Stephens, investigador del Instituto de Desarrollo de Ultramar, de Londres, consideró prematuro firmar los EPA este año.
"El problema es que serán acuerdos muy concretos, donde se especifica el trato preciso que se dispensará a miles de productos distintos. Pero apenas se comenzó a discutir el tema", señaló.
Stephens predice que las negociaciones de los EPA aun tienen dos o tres años por delante y que "es demasiado tarde para acuerdos creíbles" en 2007.
La opción por defecto que adoptará la Comisión si no se cumple con la fecha límite es imponer aranceles más altos a las exportaciones de las naciones de ACP hacia la UE.
Stephens calculó que un aumento de 10 por ciento en los aranceles a los bienes de ACP significaría que estos países pobres tendrían que transferir 156 millones de euros (unos 212 millones de dólares) al año al tesoro europeo.
Esa cifra sería más de dos veces y media la cantidad que el departamento de asistencia extranjera de la Comisión, EuropeAid, brindó para proyectos de salud a todas las naciones ACP, en 2005.
Además, países exportadores de productos agrícolas como Kenia, Namibia y Swazilandia se verían seriamente afectados.
Una mejor opción, propuso, sería aplicar una versión modificada del Sistema Generalizado de Preferencias (según el cual se fijan los aranceles) para los países de ACP.
Esta versión, conocida como GSP+, permitiría el ingreso de un rango mayor de productos, sin aranceles, a los mercados europeos. En este momento, el GSP+ sólo beneficia a unos 15 países de América Latina.
Stephens cree que esa opción sería compatible con las normas de la OMC, pero alega que hay una marcada renuencia de funcionarios de la UE a tan siquiera considerar esa opción.
"No hay una discusión abierta y franca de esas opciones", indicó. "Admitir que diciembre de 2007 es una fecha límite poco realista elimina la presión sobre las partes para ponerse de acuerdo", explicó Stephens.
Luis Morago, director de la oficina de Bruselas de la organización humanitaria Oxfam, señaló que el gobierno portugués está "desesperado por obtener un gran triunfo" al organizar la cumbre de Lisboa.
"Le aterra que si las negociaciones de los EPA no están muy encaminadas para ese entonces puedan haber grandes controversias políticas y mucho resentimiento africano hacia la UE", señaló a IPS.
Oxfam considera que los EPA obedecen más bien al deseo de los europeos de inundar el mercado africano con sus productos que de utilizar el comercio para reducir la pobreza en África.
"Exhortamos a la presidencia portuguesa a abrir el debate", señaló Morago.
"Hasta ahora las relaciones UE-África giraron en torno de la agenda europea y no de la africana. El proceso de diálogo fue muy limitado y la UE no puede decir que se comprometió en forma aceptable con sindicatos, pequeños agricultores, sociedad civil y parlamentos nacionales de África y los estados miembros del bloque europeo", añadió.
Paul Goodison, de la Oficina Europea de Investigaciones, que controla las relaciones comerciales entre la UE y África, señaló que la Comisión no analizó las consecuencias de las reformas en el régimen de subsidios que aplica el bloque durante las negociaciones de los EPA.
La reforma dispuesta en 1992 a la Política Agrícola Común hizo que la UE pasara de subvencionar los precios de los productos a directamente complementar el ingreso de los agricultores europeos. La medida facilitó la reducción del precio de los alimentos europeos sin diezmar el ingreso de sus productores.
Pero también permitió que el bloque aumentara sus exportaciones de productos alimenticios que, a su vez, son delicados para la economía de las naciones de los países ACP. Por ejemplo, las exportaciones de carne de ave se elevó de 14.500 toneladas en 1991 a casi 80.000 en 2002.
"Las consecuencias perjudiciales para el comercio del apoyo que brinda la UE a su sector agrícola quedaron fuera del enfoque actual de la Comisión acerca de los EPA", señaló Goodison.
La Comisión Europea presiona a las naciones de ACP para que eliminen la mayoría de los aranceles impuestos a los bienes europeos que ingresan a sus mercados.
Por su parte, muchos gobiernos de ACP reclaman que la reducción arancelaria se haga en forma paulatina y la posibilidad de adoptar medidas proteccionistas para aquellos bienes delicados para sus economías.
"Esa es un área en que la Comisión se resiste en gran medida a hacer concesiones" porque se negó a reconocer ante la OMC que su sistema de apoyo al sector agrícola sigue distorsionando el comercio, sostuvo Goodison.
