La OIT declaró su profunda preocupación por la persistencia del trabajo forzoso en Birmania, mientras sigue con atención el resultado de la aplicación de un mecanismo concertado con el gobierno del país asiático para que las víctimas de esos abusos puedan presentar sus quejas.
De todos modos, el punto central de la evaluación que hace la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de este caso confirma que "el trabajo forzoso está ampliamente extendido en Myanmar (Birmania)", expresó a IPS el director ejecutivo de la institución, Kari Tapiola. Aún más, el fenómeno sigue expandiéndose, insistió.
Ninguna de las recomendaciones de una comisión de encuesta enviada por la OIT ha sido todavía aplicada, lamentó la institución.
La imposición del trabajo forzoso sigue siendo generalizada, especialmente por el ejército, al que se deberían dar instrucciones concretas, se indica en un informe de la comisión de aplicación de normas presentado a la conferencia internacional del trabajo que finalizó este viernes su sesión anual de tres semanas
Amnistía Internacional, la organización humanitaria con sede en Londres, hizo en 1989 las primeras denuncias sobre el sometimiento de decenas de miles de personas a trabajos forzosos.
Sin embargo, casi 10 años más tarde, en 1998, "cuando llegué aquí, Myanmar (Birmania) negaba que hubiera un problema de trabajo forzoso", recordó a IPS el director general de la OIT, Juan Somavía.
La dictadura militar terminó por reconocer que existía y refirió que debía impartir instrucciones para erradicarlo, sobre todo en el ejército. En respuesta, el gobierno tripartito (gobiernos, sindicalistas y empleadores) de la OIT adoptó disposiciones suplementarias de presión a las autoridades de Rangún.
El relato de Somavía se detiene en un singular detalle posterior, cuando los militares aceptaron la apertura de una oficina de la OIT para favorecer la verificación internacional y al mismo tiempo se comenzaron a recibir quejas de las víctimas del trabajo forzoso.
El panorama cambió radicalmente hace dos años al producirse un golpe militar dentro del régimen, cuando unos oficiales desplazaron a los que detentaban el poder. La situación se hizo mucho más difícil, describió el jefe de la OIT.
El consejo de administración de la OIT, el máximo organismo durante los recesos de la conferencia internacional de la institución, estimó en noviembre que ya se habían hecho todos los esfuerzos por solucionar el problema.
El cuerpo decidió poner todos los antecedentes del caso en conocimiento del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que los evalúe cuando examine la situación en Birmania.
En ese momento era evidente que el gobierno militar no tenía intención alguna de continuar trabajando con la OIT, estimó Somavía.
Por otro lado, la OIT y el régimen de Rangún disienten acerca de los castigos que los militares pretenden aplicar a las personas que presentan quejas sobre trabajos forzosos. La OIT ha considerado la posibilidad de solicitar una opinión consultiva sobre esta diferencia a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Sobre esta específica discrepancia tenemos ahora un acuerdo y estamos observando cómo se cumple, dijo Tapiola respecto del mecanismo de recepción de quejas implantado el 26 de febrero. Pero la posibilidad de pedir la opinión de ese tribunal sigue abierta, advirtió.
Somavía describió que el gobierno reaccionó ante las presiones del consejo de administración y aceptó "abrir de nuevo las puertas" para que la oficina de la OIT reciba las denuncias de abusos. Eso ocurrió a partir de marzo y ahora se está poniendo en ejecución el sistema para ver como avanza. Esa es la situación objetiva hoy, definió.
El director general de la OIT opinó que el caso de Birmania es "un problema de democratización".
La OIT procura demostrar a las fuerzas democráticas de ese país que al menos hay una organización cerca de ellos y que hace lo más posible. Ese es un signo de nuestro compromiso, recalcó Somavía.
Esta agencia de la ONU, que tiene un convenio sobre trabajo forzoso, el número 29, de 1930, y otro sobre abolición de esa práctica, el número 105, de 1957, define la expresión "trabajo forzoso u obligatorio" como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".
En informe que presentó hace dos años a la conferencia internacional del trabajo, Somavía estimó que en ese momento existían como mínimo unas 12,3 millones de personas víctimas del trabajo forzoso en el mundo.
De ese total, 9,8 millones son explotadas por agentes privados, incluidas más de 2,4 millones sometidas al trabajo forzoso como resultado de la trata de seres humanos. Las restantes 2,5 millones son víctimas de trabajo forzoso impuesto por el estado o por grupos insurgentes, mencionó el informe.
La OIT estima que el trabajo forzoso se encuentra en todos los continentes, en casi todos los países y en todo tipo de economía.
Ciertos casos persistentes son denominados formas "tradicionales" de trabajo forzoso y aparecen bajo sistemas de trabajo en servidumbre, muy expandidos en Asia del Sur.
Otra variedad, la servidumbre por deudas, afecta principalmente a poblaciones indígenas de algunos lugares de América Latina. Las prácticas residuales relacionadas con la esclavitud se mantienen en algunas partes de Asia.
En Europa y América del Norte son cada vez más las mujeres, los niños y también hombres, víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, sostuvo la OIT.
