El juicio oral contra el chileno Alfredo Cabrera, acusado de asesinar en diciembre de 2005 a su hija de seis años lanzándola del séptimo piso de un edificio después de tratar de matar a su compañera, comenzará este miércoles bajo un clamor de que se aplique un castigo ejemplar.
"Exigimos la máxima sanción penal en este caso emblemático de violencia contra las mujeres", dijo a IPS Soledad Rojas, coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, que agrupa a más de 40 organizaciones no gubernamentales de todo el país.
"La justicia debe dar una señal clara a la sociedad de que este tipo de crímenes no son posibles", sostuvo la activista. La pena mayor es el presidio perpetuo calificado, con 40 años de reclusión efectiva, que fue pedido por la fiscalía.
En diciembre de 2005, Cabrera trató de asesinar a su pareja propinándole un golpe en la cabeza con un objeto cortante, debido a lo cual casi muere desangrada. Luego lanzó a la hija de ambos por la ventana del apartamento en el que vivían, en el séptimo piso de un céntrico edificio.
El inicio del juicio oral a Cabrera, hoy de 38 años, estaba programado para este lunes, pero, en un hecho inédito, el abogado defensor no se presentó a la audiencia, lo que obligó a postergarla hasta el miércoles.
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Claudia Neira Oportus, de 35 años y madre de la niña muerta, "está muy mal, con ayuda farmacológica", dijo a IPS la abogada de la no gubernamental Corporación Humanas, Patsilí Toledo, quien actúa como su representante legal.
Según datos recolectados de la prensa policial por el gubernamental Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), en el primer trimestre de este año se denunciaron 14 asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas (esposos, convivientes o novios), familiares o acosadores.
La Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual cuenta 18 casos, también llamados feminicidios. La última víctima fue una niña de 13 años violada y ahorcada por un hombre de 30 años en la sureña ciudad de Chillán, en la región del Bío-Bío, a 400 kilómetros de Santiago.
Según Rojas, cada año se comenten unos 50 asesinatos de este tipo en un país de 15,6 millones de habitantes, más de uno por semana. En 2006 ingresaron a las fiscalías 38.895 denuncias por violencia intrafamiliar.
"El problema de los feminicidios se está visibilizando en Chile, pero todavía no se comprende profundamente", aseguró Rojas.
Estos asesinatos "están relacionados con el abuso y la violencia que sufren las mujeres todos los días, en todos los ámbitos de la vida, en el hogar, en el trabajo, en la calle; no es un fenómeno aislado", protagonizado únicamente por personas con problemas mentales o psicópatas, acotó.
"Detrás de la violencia doméstica, del acoso sexual, de los agarrones en el metro (tren subterráneo), de la desigualdad en los salarios, hay una cultura que propicia la autoridad masculina sobre las mujeres. Es un ejercicio de poder muy fuerte", indicó la coordinadora de la Red.
Aunque la proporción de feminicidios cometidos en Chile no es tan alta como en otros países latinoamericanos, su persistencia preocupa a la sociedad civil y al gobierno.
En México, con más de 100 millones de habitantes, unas 2.000 mujeres son asesinadas por año, más de cinco por día, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de ese país, si bien no está claro cuántas de ellas son víctimas de sus parejas o familiares.
En Guatemala, cuya población es de 11,2 millones de personas, en los 10 primeros meses de 2006 se cometieron 566 feminicidios, y en El Salvador la cifra llegó a 286 entre enero y agosto de ese mismo año, según datos del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.
En Perú, 142 mujeres fueron asesinadas durante 2003 por sus parejas, familiares o algún conocido.
Entre 2006 y 2007, el gobierno de Michelle Bachelet abrió 14 casas de acogida para víctimas de violencia doméstica y más de 30 centros de atención ambulatorios en todo el país.
Las primeras, que tienen capacidad para atender a 900 personas al año, hoy cobijan a 15 mujeres en riesgo vital junto a sus hijos menores de 12 años.
En 2006, los centros ambulatorios atendieron cerca de 6.000 mujeres, a las cuales se prestó asesoría jurídica, psicológica y ayuda para nivelar estudios y contribuir a su independencia económica.
La diputada del co-gobernante Partido Por la Democracia (PPD), Adriana Muñoz, señaló a IPS que "los feminicidios sólo son parte de la crónica roja de la prensa. Hay poca conciencia de la gravedad de la situación y mucha ignorancia, que incluso se manifiesta en las cifras".
Muñoz presentó hace un mes dos proyectos de ley para proteger a las víctimas de violencia doméstica, pues considera que las normas vigentes son insuficientes.
Uno de ellos pretende tipificar el feminicidio como delito en el Código Penal. "El proyecto propone, por ejemplo, que se elimine (el beneficio al que puede accede el imputado por) intachable conducta anterior", explicó Muñoz.
La parlamentaria también presentó una iniciativa para modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar, que entrega a los jueces más instrumentos jurídicos de protección a las mujeres.
"Es necesario utilizar mecanismos modernos para evitar que los agresores se acerquen a las mujeres. Éstos podrían usar pulseras (con GPS, sistema de localización por satélite) que delaten su ubicación o entregarles radios a las mujeres para dar alerta temprana" en caso de peligro, puntualizó.
Muñoz cree que para dimensionar y combatir mejor este problema es necesario que las autoridades lleven un registro más exhaustivo de los casos y que no sólo se guíen por la crónica periodística.
El diario La Tercera informó este lunes que la Fiscalía Nacional está realizando un estudio, que estará listo a fin de año, para medir el número de casos en que las víctimas de violencia doméstica piden que se cierre la investigación iniciada por ellas porque perdonaron a sus agresores.
Según estimaciones no definitivas, el porcentaje de retractación llega a 50 por ciento de las denuncias, con lo cual se deja impunes a los victimarios y se perjudica la actuación de la justicia.
Entre las causas que llevan a las víctimas a optar por este camino, "está la vergüenza de aparecer como una mujer golpeada o agredida psicológicamente", explicó la ministra del Sernam, Laura Albornoz.
"Las mujeres también creen ser las únicas responsables de la unidad familiar, y la retractación se produce porque tienen miedo de que el agresor, cuando se entere de la denuncia, las vuelva a castigar", concluyó.
