La decisión del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, de utilizar al menos 10 veces la cadena nacional de radio y televisión para promocionar su gestión provocó una ola de críticas, entre las que abundan las advertencias sobre atropellos a la libertad de prensa.
En un clima de informaciones contradictorias, algunas versiones indican que Zelaya estaría dispuesto a adueñarse de las emisoras de este país hasta tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) durante el próximo mes y medio.
El presidente, quien asumió el poder el 27 de enero de 2006, sufrió una fuerte caída en su popularidad, que él adjudica a una campaña mediática con el propósito de desestabilizarlo.
Como respuesta, Zelaya decidió imponer la emisión de las transmisiones nacionales en cadena para dar a conocer los "logros" de su gobierno y contrarrestar la "campaña de desinformación" en la que estarían empeñados los medios, sobre todo la prensa escrita.
Las apariciones presidenciales, de difusión obligatoria incluso para las estaciones de TV por cable, durarán entre 45 minutos y una hora. La primera se realizó el lunes por la noche, tradicional horario central para todas las emisoras, y en ella el presidente se dedicó a explicar las reformas previstas en la ley de telecomunicaciones junto con sus nuevos planes para la telefónica estatal Hondutel.
[related_articles]
Organizaciones que nuclean a los medios de prensa cuestionaron la constitucionalidad de la medida y acusaron al presidente de utilizar una herramienta característica de las dictaduras militares que se sucedieron desde 1963 hasta 1982, cuando se restableció la democracia.
El oficialismo respondió que no tenía otra alternativa "en vista de que algunos medios de comunicación social han negado sistemáticamente el derecho a la comunicación y el derecho de réplica al gobierno de Honduras".
Rasel Tomé, comisionado de Conatel, el ente estatal que regula las telecomunicaciones, afirmó que las transmisiones en cadena se extenderán "por el término que el presidente necesite para hacerle llegar su mensaje al pueblo".
La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, que reúne a los principales medios masivos del país, y la Asociación Nacional de Radiodifusoras de Honduras, que comprende a las emisoras rurales, consideraron la iniciativa presidencial como una abierta violación a la libertad de prensa.
En un comunicado, las dos entidades señalaron que la decisión de Zelaya viola los artículos de la Constitución referidos a la libre expresión y los controles abusivos por parte del Estado. Agregaron que incluso las disposiciones de Conatel sobre el uso de las cadenas prohíben actuar tal como el presidente lo hizo.
Las normas que rigen estas emisiones indican que podrán extenderse "hasta siete minutos". Más allá de ese tiempo, las radios y canales de TV "no están obligados a la transmisión en cadena nacional, excepto en los casos que Conatel considere que el mensaje requiere más tiempo".
El ente regulador, asimismo, determinó que las cadenas sólo podrían utilizarse frente a desastres naturales, otras situaciones que afecten la seguridad de los ciudadanos y en períodos de convocatoria a elecciones o escrutinio de sus resultados. Los próximos comicios se realizarán en 2009.
En Honduras, los regímenes militares fueron afectos a la utilización de mensajes en cadena nacional. En la década de 1970, otros países de América Latina gobernados por dictaduras también fueron testigos del uso y abuso de esta herramienta.
En la década de 1980, con el retorno de la democracia a Honduras, la práctica continuó vigente, pero sin excesos. Los ex presidentes Roberto Suazo (1982-1986) y Ricardo Maduro (2002-2006) la emplearon.
El cuadro se repite en otros países de la región con gobiernos surgidos de elecciones. En Argentina y Chile es tradicional la transmisión en cadena del discurso del presidente durante su investidura o al inaugurar el período de sesiones del Congreso legislativo.
El presidente venezolano Hugo Chávez se lleva las palmas. El secretario general de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, Robert Ménard, de paso por Caracas esta semana, dijo a IPS que con sólo 48 horas en la ciudad "he visto cadenas presidenciales por varias horas cada día".
"En Francia, para despedir una gestión de 12 años, el ex presidente Jacques Chirac habló durante 10 minutos", agregó.
La decisión de Zelaya de hacer uso intensivo de la cadena de radio y TV se produjo tras un período de enfrentamientos con la prensa, especialmente con medios escritos, por sus críticas a políticas del gobierno y denuncias de corrupción.
En el índice de percepción de la corrupción que preparó Transparencia Internacional en 2006, en el que cero representaba el mayor grado de corrupción y 10 el de máxima honestidad, Honduras obtuvo 2,5.
Zelaya, quien como candidato del Partido Liberal no era el favorito en las elecciones de 2005 y derrotó por estrecho margen (49,9 a 46 por ciento) a Porfirio Lobo del Partido Nacional, ha sido testigo de una abrupta caída en su popularidad. De 70 por ciento a fines de 2006 pasó, según las últimas encuestas, a 46 por ciento en mayo de este año.
En este contexto, una investigación de IPS registró 34 confrontaciones directas entre el presidente y la prensa desde que Zelaya asumió el poder: 26 durante 2006 y ocho durante los cinco primeros meses de 2007, con un promedio de 2,2 encontronazos cada 30 días.
El 2 de mayo de este año, ante la consulta de un periodista sobre su entrevista en Washington con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, Zelaya repreguntó: "¿Usted trabaja para el FBI, la CIA o el G-2 (la inteligencia militar hondureña)?"
"Yo no mando aquí. A mí sólo me han dejado la potestad de administrar algunas cosas del Estado, pero quienes mandan en Honduras son ciertos grupos de presión que emprenden campañas en complicidad con los medios para desestabilizarme", se quejó.
Los blancos preferidos de Zelaya son tres de los cuatro diarios que se publican en Honduras: El Heraldo y La Tribuna de Tegucigalpa y La Prensa, que se edita en San Pedro Sula, 250 kilómetros al norte de esta capital.
El diario Tiempo, también de San Pedro Sula, permanece al margen de la ira presidencial. Su propietario es el banquero y político Jaime Rosenthal, cuyo hijo, Yani, es un ministro de su gobierno.
El lunes, al inaugurar sus "cadenas informativas del pueblo", Zelaya argumentó que los medios le aplicaban la "ley del hielo" y trazó algunos paralelismos entre su actual predicamento y experiencias vividas, dijo, por Napoleón Bonaparte.
Los diarios, agregó, "no me sacan nada desde hace dos meses. Hemos ido a eventos internacionales, donde no me sacan ni siquiera una foto. La cortan, prefieren sacar a otros presidentes antes que a mí".
"Quiero que estas cadenas, que no violan la libertad de expresión, sirvan de preámbulo para iniciar una concertación con los medios, un diálogo para obtener una comunicación más fluida con la prensa", ofreció como aparente prenda de paz.
Las emisoras hondureñas enfrentan la perspectiva de perder importantes ingresos en concepto de publicidad si Zelaya persiste con sus cadenas de una hora tres veces a la semana, pues los anunciantes podrían no estar dispuestos a seguir invirtiendo en horario central cuando esa franja está ocupada por los discursos presidenciales.
El analista político Jorge Illescas opinó que "Zelaya se queja porque quiere. El habla las veces que quiere y los medios lo cubren. Eso se puede probar", declaró a IPS. "Lo que sucede es que los diarios ya no le dan las portadas que él desea. Es un narcisista y le gustaría verse todos los días en los medios", agregó.
El Heraldo, La Tribuna y La Prensa optaron por no sacar al presidente en sus primeras planas ni responder a sus críticas desde hace un año, cuando se agudizó el enfrentamiento. Aunque incluyen en sus ediciones la información del gobierno, la relegan a la página 10 ó 15.
Zelaya tiene con algunos periodistas buena relación, pero no logró tejer vínculos con los propietarios de los diarios. La guerra particular se extendió ahora, a causa de las cadenas, a los medios electrónicos, que son los que más cobertura informativa le otorgan.
El comisionado de derechos humanos, Ramón Custodio, dijo a IPS que el gobierno debe recapacitar. "El problema aquí es que ha fallado su estrategia de comunicación. Cuando se encadena la información, el rehén es el derecho a estar libremente informado", advirtió.