Los ciudadanos vascos transitarán el 27 de este mes entre el rechazo a la violencia de ETA y la participación de sus alas políticas en las elecciones municipales, que ese día se realizarán en toda España.
Todo indica que, al margen de las impugnaciones ante la justicia de candidaturas vinculadas directa o indirectamente con ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad, en vascuence), ese sector estará presente en las urnas y el tema del rechazo a la violencia es y será esgrimido por todos los partidos.
Al margen de ETA, dos posiciones muestran las alternativas más distantes, la de Mariano Rajoy, líder del centroderechista Partido Popular (PP), y la de José Jon Imaz, presidente del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna el País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
Rajoy criticó por "ambigua" la posición del gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y le exigió que impida la presentación de candidaturas vinculadas a ETA, "se llamen como se llamen, pues no hay nadie que desconozca que Batasuna pretende burlar la Ley de Partidos, un verdadero fraude de ley".
Frente a Rajoy se ubica Imaz, cuyo partido siempre ha rechazado la violencia, pero plantea que Batasuna esté en las elecciones "para derrotarlo en las urnas".
"La sociedad vasca tiene que castigar en las urnas la incapacidad política que han tenido para alzar su voto cuando ETA ha vuelto a poner bombas y asesinar", argumentó Imaz.
El gobierno de Zapatero se anticipó a estas demandas e instruyó el martes a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General para que impugnen todas las candidaturas que incluyan en su denominación las palabras Abertzale Sozialistak (Nacionalismo Socialista, en vascuence), términos utilizados por Batasuna, considerada el brazo político de ETA.
Esos recursos fueron presentados este jueves ante la justicia.
Las impugnaciones corresponden, dijo el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, porque la elaboración de esas listas responde a la estrategia de Batasuna para eludir su ilegalización, violando la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Señaló, además, que la preparación de las listas ha sido realizada por Batasuna.
El Tribunal Supremo de Justicia decidió este jueves admitir a trámite las impugnaciones y además negó a las listas batasuneras el derecho a pedir copia del censo electoral.
La negativa, precisó, se debe a que, en caso de prosperar el recurso contra las mismas, "nos encontraríamos ante una agrupación electoral sucesora y continuadora de un partido político ilegalizado y disuelto por su vinculación con el terrorismo, por lo que la obtención de los datos censales actualizados de los ciudadanos podría conllevar un importantísimo riesgo para la seguridad de muchísimos de ellos".
El presidente Zapatero ha insistido en que respetará la ley y que, tras presentar la demanda de ilegalización de las listas batasunas, es la justicia a la que le corresponde decidir.
Un antecedente sobre lo que puede ocurrir, antes de que este sábado finalice el plazo legal para que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse sobre la demanda, es la decisión tomada por el juez Baltasar Garzón el 28 de abril.
Garzón rechazó en esa fecha una demanda para suspender al partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) pues, dijo en su resolución, no encontró "el más mínimo indicio" de que estuviese vinculado a ETA, aunque en sus listas de candidatos figurasen muchos que lo fueron en elecciones pasadas en las de Batasuna.
Con ANV se dan una serie de circunstancias contradictorias. Por un lado, la historia de ese partido, que fue fundado en 1930 y hasta ahora había pasado desapercibido, al extremo de que en el último congreso que celebró, en 2002, participaron solamente 78 personas.
En ese congreso, como en otros anteriores, rechazó el uso de la violencia como arma política, lo cual consta además en sus estatutos, uno de los puntos que tuvo presente Garzón al resolver sobre la denuncia.
Por otro lado está la firma de un "protocolo de colaboración" suscripto por ANV con Batasuna a fines de 2002, meses después que se iniciara el proceso de ilegalización de este brazo político de ETA.
No obstante ser un partido legal que rechaza la violencia, la Fiscalía y la Abogacía del Estado impugnaron candidaturas de ANV por tener el antecedente de haber figurado en listas de Batasuna en elecciones anteriores.
Pero, sea cual sea la "marca" bajo la que se presenten candidaturas promovidas o apoyadas por Batasuna, lo que todo el mundo estará mirando es si su porcentaje de votos se sitúa en torno al 12 por ciento que logró en los comicios vascos de 2005, si repuntará hacia el 17,9 obtenido en 1998 o si caerá por debajo de 10 por ciento. La justificación y el apoyo de Batasuna a la violencia etarra es lo que podría hacerle perder votos, ya que todas las encuestas realizadas en los últimos años muestran un creciente y ampliamente mayoritario rechazo del terrorismo por la ciudadanía vasca.
Sin embargo, también desde el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) surgen voces que critican cualquier concesión que le permita a Batasuna estar en las elecciones municipales de España del domingo 27 de este mes.
La diputada de ese partido en el Parlamento Europeo Rosa Díez dijo a IPS que, "si ETA vuelve a las instituciones democráticas, vestida como sea que se vista, será porque el gobierno se lo ha permitido"
Si eso se trasuntase en que tendrá concejales electos en los municipios, "el gobierno estará permitiendo que ETA obtenga dinero y logística para preparar más crímenes", ya que los concejales cobran un salario asistan o a las reuniones municipales.
Desde el otro lado, los batasunos reprochan al gobierno de Zapatero su posición, porque dicen que al impugnar candidaturas está bloqueando la posibilidad de llevar adelante un proceso de paz.
Y, en consecuencia, convocaron manifestaciones, que se realizarán este jueves y el viernes, reclamando "elecciones democráticas" en las que se les permita participar aunque sigan sin rechazar la violencia ni pidan a ETA que abandone las armas.
