Las inversiones extranjeras en Bolivia cayeron hasta 237 millones de dólares en 2006, una tendencia que continúa y pone en riesgo el crecimiento económico, alertan analistas que atribuyen ese proceso al plan de recuperación estatal de las empresas privatizadas en los años 90.
Estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), citados en un análisis del Banco Central al que IPS tuvo acceso, advierten que "para crecer sostenidamente al siete por ciento (anual) es necesario que Bolivia capte inversión extranjera directa (IED) por 2.000 millones de dólares".
En los últimos 10 años, el crecimiento de la economía boliviana alcanzó un promedio de cuatro por ciento, pese a la turbulencia política que desde 2003 se llevó consigo a tres presidentes.
La caída de gobiernos se debió a levantamientos sociales que cuestionaban el manejo de los recursos naturales, en particular del abundante gas natural, y de los ingresos por concepto de impuestos aplicados a 12 firmas petroleras transnacionales.
Bolivia, con 67 por ciento de sus 9,3, millones de habitantes en situación de pobreza y un producto interno bruto de apenas 9.600 millones de dólares, en 10 años ha pasado de cobijar una agresiva política de atracción de inversiones, con la privatización de cinco empresas públicas, a una contramarcha en favor de la mayor intervención estatal.
La apuesta para volver a darle poder empresarial al Estado llegó de la mano del gobierno izquierdista de Evo Morales, alineado con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el líder cubano Fidel Castro.
Morales intenta recuperar la mayoría de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), del Lloyd Aéreo Boliviano la Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa Nacional de Ferrocarriles y dos campos petroleros ricos en gas que habían pertenecido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El capital privado llegó a estas empresas en la apertura dictada entre 1995 y 1997 por el gobierno de entonces del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Como efecto de los compromisos de inversión, los administradores de esos consorcios inyectaron unos 400 millones de dólares en 1996 y otros 800 millones un año después, según datos del Banco Central.
Entre 1998 y 1999, la inversión extranjera alcanzó el récord histórico de 1.000 millones de dólares.
Esa inversión directa cayó a menos de 200 millones de dólares en 2005, en medio de las convulsiones políticas que provocaron la renuncia del presidente Carlos Mesa, quien había asumido en 2003 para completar el mandato de Sánchez de Lozada, y la llegada al gobierno de modo interino de Eduardo Rodríguez.
"Todo país pobre, requiere para su desarrollo de la inversión privada. Bolivia no dispone de ahorro interno y la única forma de obtenerlo es mediante el dinero que trae la gente del exterior para invertir", explicó a IPS el economista Armando Méndez Morales, ex presidente del Banco Central y hoy profesor universitario. Este mes, un año después de iniciado el proceso denominado por Morales de "nacionalización del petróleo", las inversiones extranjeras siguen en retroceso como respuesta, según analistas, a las señales oficiales contrarias al capital extranjero.
En su informe anual, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) expresa que la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe siguió un proceso de recuperación en 2006, aunque a un ritmo menor que los niveles registrados el año anterior.
El análisis de la Cepal correspondiente al desempeño de los países sudamericanos ubicó a Bolivia en el penúltimo lugar, con 237 millones de dólares, superando a Venezuela y muy lejos de Brasil, que se constituyó en el principal receptor regional de capitales externos con 18.782 millones de dólares.
Las dudas sobre la llegada de nuevas inversiones crecieron en grado superlativo tras el anuncio de un plan inmediato de nacionalización de dos refinerías de petróleo, propiedad de la firma estatal brasileña Petrobras, y de la propuesta de compra de las acciones de Entel en poder de la empresa italiana Euro Telecom International.
Sin embargo, Javier Gómez Aguilar, investigador del Centro para el Desarrollo Agrario y Laboral, tiene una opinión optimista. El nuevo escenario para las inversiones privadas está en construcción y se anticipa que será de mayor transparencia y expectativa para el Estado y los privados, indicó a IPS el experto.
El gobierno de Morales anunció el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de los yacimientos de petróleo y de gas natural explotados por empresas transnacionales.
La medida implica la obligación de renegociar los contratos, que permite aumentar los ingresos impositivos de 248 millones de dólares al año a 1.200 millones de dólares, pero no se confiscan los bienes o instalaciones operativas de esas compañías.
Para celebrar el año del decreto, Morales pretendía anunciar la nacionalización también de las refinerías de Valle Hermoso, Cochabamba, y Palmasola, Santa Cruz, así como de la telefónica Entel, pero los inversionistas brasileños e italianos, respectivamente, enfrentaron la amenaza con el anuncio de un arbitraje internacional para defender sus intereses.
El gobierno dispuso por decreto recuperar para el Estado 47 por ciento de las acciones de Entel que habían sido entregadas en propiedad a los ciudadanos bolivianos y que, bajo custodio de dos administradoras de pensiones, generaban utilidades con las cuales se paga un bono anual equivalente a 225 dólares a las personas mayores de 65 años.
Otro decreto había anunciado una negociación rápida con Euro Telecom International para la compra del 50 por ciento de acciones de Entel, todo lo cual llevaría otra vez a control estatal de la compañía telefónica. El restante tres por ciento de acciones está distribuido en paquetes menores entre trabajadores de la firma y particulares.
En el caso de las refinerías vendidas por 104 millones de dólares durante el gobierno democrático de 1997 a 2001 del ya fallecido Hugo Banzer (dictador de 1971 a 1878), el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva expresó su descontento por el bajo precio que ofrece el presidente Morales y reclama un pago de 400 millones de dólares.
Presionado por un frente común de Petrobras y Euro Telecom International, Morales enviará en los próximo días a Italia una misión encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para explicar los alcances su programa de nacionalizaciones y tratar de tranquilizar a los europeos de que respetará la inversión extranjera.
Respecto de Petrobras, se realizan discretas negociaciones, aunque la empresa buscó el respaldo del propio Lula ante una probable intervención de sus instalaciones, tal como sucedió el pasado año cuando Morales en persona tomó el control del bloque gasífero San Alberto, operado por esa firma estatal del vecino país, en una acción comando respaldada por militares de elite.
La firma de 44 contratos con las empresas petroleras extranjeras, en un largo trámite en el Congreso legislativo y en el propio Poder Ejecutivo, y el cuidado del gobierno en la negociación por comprar las acciones privadas de Entel, demuestran que Bolivia encara una estrategia de desarrollo que mantiene una fuerte presencia privada, según Gómez Aguilar. Las inversiones anuales del Estado en el sector público oscilan entre 500 millones de dólares y 700 millones, y los recursos fiscales incrementados por más impuestos petroleros "financian el presupuesto nacional, el gasto corriente y la infraestructura, pero no están destinados a invertir en fábricas, industrias, exploración de hidrocarburos", agregó Méndez Morales.
Por ello, según explicó, la participación estatal en las inversiones aún es insuficiente para apuntalar un crecimiento que satisfaga la demanda de empleo, advirtió.
Pero en opinión de Gómez Aguilar, la actuación privada será mayor desde 2008, como efecto de las nuevas inversiones petroleras anunciadas en los contratos que tienen plazos promedio de 20 años.
"Estamos ante una situación de expectativa para la inversión extranjera y lo peor que puede suceder es que los empresarios hagan una lectura a través de los medios de comunicación y el discurso político de Morales, frente a una negociación efectiva de sus ministerios favorable a los inversionistas", alertó.
Respecto del papel del Estado, observa con optimismo el anuncio de inversión por 1.000 millones de dólares a través del gobierno central, de los nueve departamentos (prefecturas) y de los 327 municipios en las áreas de salud, educación e infraestructura, a los cuales se agregan operaciones de préstamo bancario a pequeños productores por 60 millones de dólares.
