La carrera contrarreloj para evitar que el ex dictador José Efraín Ríos Montt vuelva al parlamento de Guatemala finalizará este jueves. La aceptación legal de su candidatura, pese a la orden de captura internacional en su contra, causa indignación dentro y fuera de fronteras.
Los partidos políticos, organizaciones o particulares pueden presentar desde el martes un recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la postulación a diputado para los comicios generales del 9 de septiembre de este anciano general retirado, enjuiciado en su país y en España por delitos contra la humanidad.
Si nadie se presenta ante el TSE, como se presume según las consultas realizadas por IPS, su postulación quedará firme pese a los requerimientos judiciales y otra vez obtendrá inmunidad, que sólo puede levantarla la Corte Suprema de Justicia.
Esa confirmación sería, además, un pase seguro al Congreso legislativo, dado que encabeza la lista del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
Organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales y hasta legisladores estadounidense dieron el alerta sobre esta situación apenas se conoció la postulación de Ríos Montt, imputado de una serie de atrocidades perpetradas durante su mandato dictatorial de marzo de 1982 a agosto de 1983.
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Como respuesta, el ex dictador dijo en conferencia de prensa que él y su partido celebrarán su inscripción con una "fiestecilla" en la Plaza de la Constitución, en el centro de Guatemala. "Estuve disponible cuatro años (sin el derecho a inmunidad) (…) Si los otros son inútiles y no supieron presentar (demandas) es cuestión de ellos", se mofó.
"Es éticamente lamentable que el Estado no haya dispuesto medidas para impedir que personas acusadas de este tipo de crímenes opten a cargos públicos", señaló a IPS Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT).
Morales explicó que la viabilidad de su candidatura se basa en el principio de presunción de inocencia, ya que no existe aún sentencia en su contra.
La FRMT promueve una demanda contra Ríos Montt en la Audiencia Nacional Española por iniciativa de la líder indígena Rigoberta Menchú, ganadora del premio Nobel de la Paz en 1992.
La creadora de la FRMT presentó en 1999 una denuncia por delitos de genocidio, torturas, terrorismo de Estado y otros crímenes contra la humanidad.
El tribunal español emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país contra Ríos Montt, hoy de 81 años, y otros siete ex funcionarios de su gobierno también acusados por Menchú. Se les imputa la comisión de delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales.
En tanto, dos juzgados de Guatemala mantienen procesado al militar por delitos relacionados con su mandato, considerado el más sangriento de los gobiernos que se sucedieron en el conflicto armado interno de 1960 a 1996, en el que murieron más de 200.000 personas, en su mayoría indígenas, entre las que se cuentan 50.000 desapariciones forzosas a manos de la represión militar.
Impuso lo que llamó política de "tierra quemada" contra la población maya, sobre todo en los occidentales departamentos de Quiché y Huehuetenango, donde aniquiló a miles de indígenas considerados por el Ejército como bases de apoyo de la guerrilla izquierdista.
También organizó las Patrullas de Autodefensa Civil, conformadas por unos 50.000 paramilitares. Tras la firma de los acuerdos de paz en 1996 continuó en la vida política liderando el FRG.
La detención del general retirado no se da porque el procedimiento de extradición está "atascado", según explicó Morales, en una justicia que se muestra "hermética" y no avanza en el proceso, pese a que ya se agotaron todos los recursos.
El TSE dio luz verde el viernes a la candidatura de Ríos Montt, lo cual le otorgó desde ese momento el derecho de antejuicio. Así se entorpecerá la marcha de los procesos abiertos en su contra durante la campaña y por cuatro años de legislatura, se lamentó ante IPS el asesor legal del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Otto Navarro.
"La inscripción (de Ríos Montt) se ha llevado a cabo porque se reunían todos los requisitos legales", declaró a IPS un representante del Registro de Ciudadanos.
La inmunidad parlamentaria que la ley electoral y de partidos políticos otorga a los candidatos a cargos públicos no exime a Ríos Montt de rendir cuentas a la justicia, pero retarda los litigios al prever el derecho de antejuicio, esto es, que no podrán ser detenidos o procesados si la Corte Suprema de Justicia no declara una causa en su contra.
Para Navarro, desde un punto de vista ético es censurable que el ex dictador quiera usar un proceso electoral para tratar de poner trabas a los juicios que afronta.
"Aunque su inscripción se ciña a la ley, es ilógico que habiendo un proceso a nivel internacional un órgano tan respetado como el TSE haya admitido la candidatura", sostuvo, a su vez, Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quien apunta que la inscripción del general golpista es un "retroceso y una debilidad".
Unos cinco millones de guatemaltecos están llamados a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes.
El fiscal en materia electoral delegado del FRG, Luís Rosales, argumentó, frente a la consulta de IPS, que Ríos Montt "hace uso de sus derechos políticos", además de asegurar que están "preparados para defender" su postulación en caso de que se den impugnaciones que, a su juicio, "carecerían de legitimación".
La directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Claudia Paz y Paz, describió a Ríos Montt como un "prófugo de la justicia" y subrayó que "personas con procesos abiertos no son idóneas ni aptas para ocupar un cargo público".
Paz y Paz manifestó a IPS su preocupación por la "lentitud del sistema judicial", ya que los procesos contra el viejo militar "apenas han avanzado en siete años".
"Ríos Montt está buscando un curul para mantener cierta cuota de inmunidad, lo que se traduce en impunidad", indicó a IPS Diego de León, encargado del área política de la Fundación Myrna Mack, defensora de los derechos humanos.
Según De León, el FRG, que se define como "cristiano-social" y del que Ríos Montt es secretario general, es un actor fundamental en la política nacional, cuenta con una bancada importante en el Congreso, y es a menudo decisivo en términos de juego político.
La vuelta al Congreso de Ríos Montt constituye un "elemento muy importante a considerar para el desarrollo legislativo de los próximos cuatro años", advirtió.
El 27 de abril, 31 congresistas estadounidenses pidieron al fiscal general de Guatemala que evitara la inscripción como candidato del anciano militar.
"Esta candidatura es inadmisible. Es una indignidad internacional", espetó la directora de CALDH, Edda Gaviola, quien lamentó ante IPS que el golpista juegue "con todos los elementos del sistema judicial y sepa que asegura su inmunidad".
Ríos Montt llegó al poder en 1982 tras un golpe del Estado contra el también general Romeo Lucas García. Años después fue elegido varias veces diputado entre 1990 y 2004, llegando a presidir ese cuerpo en los últimos cuatro años de legislador.
En 2003, la Corte Suprema de Justicia suspendió su postulación a la presidencia de Guatemala en primera instancia, atento al mandato de la Constitución aprobada en 1985 que prohíbe a las personas participantes en golpes de Estado aspirar a gobernar en democracia.
Empero, en un proceso cargado de irregularidades logró finalmente revertir esa decisión y competir por la presidencia en la primera vuelta electoral, quedando en tercer lugar. Este caso de violación constitucional llegó a instancias internacionales.
