El procurador general de Colombia, Edgardo Maya, pidió el lunes ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exhumar e identificar la avalancha de muertos extraídos de tumbas clandestinas por toda la geografía colombiana.
A su vez, el fiscal general, Mario Iguarán, reiteró lo dicho el sábado: que el ente acusador está "desbordado" para investigar los centenares de cadáveres que están apareciendo.
En el departamento petrolero del sureño Putumayo, frontera con Ecuador y Perú, la cantidad de víctimas en fosas comunes y cementerios clandestinos podría llegar a 3.000, según Iguarán.
El sábado, el fiscal reveló el hallazgo de 105 restos en 65 fosas comunes descubiertas en seis lugares diferentes de la zona rural del municipio de La Hormiga, en ese departamento.
La mayoría de esos restos aparecen desmembrados, lo que constituye la "firma" de la acción de los paramilitares de ultraderecha, ahora parcialmente desmovilizados, que solían cometer esos crímenes con machete o motosierra y estando la víctima viva.
[related_articles]
Varios restos son de mujeres y niños. Su ubicación es posible a través de testimonios de familiares de los muertos, pobladores y, en algunos casos, por los propios desmovilizados en busca de beneficios legales, según Iguarán.
"Todos los días encontramos nuevas fosas", dijo, y pidió a la comunidad internacional "más recursos y respaldo total".
De los desmovilizados, 2.699 vinculados a crímenes de lesa humanidad deben confesar "todos" sus delitos y reparar a sus víctimas, si quieren obtener el beneficio de una pena máxima de ocho años de prisión y, en algunos casos, evitar la extradición por narcotráfico a Estados Unidos.
Ya suman 211 los cuerpos descubiertos desde agosto solamente en el Valle del Guamuéz, del municipio de La Hormiga, en Putumayo. En todo el país superan los 800, dijo a IPS Rodrigo Barrera, portavoz de la Fiscalía General de la Nación. "Hemos recibido información, que debe ser verificada técnicamente, que permite señalar que habría 3.000 cuerpos allí", agregó.
Entre ellos también habría muertos por la guerrilla izquierdista, alzada en armas desde 1964, según versiones de prensa aún no verificadas.
Todo cálculo resultó conservador en el Putumayo. Hasta hace un mes y medio, se hablaba de que en el departamento los muertos en masacres (asesinatos colectivos) eran 300, y los desaparecidos se calculaban en unas mil personas.
Sólo 25 de los 211 cuerpos han sido identificados de manera preliminar, aunque con cierto grado de certeza, por pistas que se tenían previamente, como sexo o ropa. Se trata de fosas que fueron señaladas por familiares o vecinos que desde hace años conocían el lugar donde estaban sus seres queridos o conocidos, "pero por miedo no decían", agregó Barrera.
En todo el país han sido identificados plenamente y entregados a sus deudos 12, todos en el noroccidental departamento de Sucre.
El procurador Maya, a cargo de vigilar la conducta de los funcionarios públicos y de velar por los derechos humanos, hizo un llamado a la experiencia que tiene la ONU en identificación de osamentas en diferentes guerras y desastres.
"La verdad sobre la violencia paramilitar está brotando a borbollones", dijo Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), al presentar la propuesta de ese organismo sobre cómo los jueces deberían aplicar la reparación en los juicios contra paramilitares desmovilizados tras una negociación con el gobierno.
La CNRR fue creada en el marco de la Ley de Justicia y Paz expedida para la desmovilización paramilitar que se logró parcialmente.
Unas 50.000 víctimas se han inscrito para reclamar la verdad a los paramilitares que se están sometiendo a juicio. Tanto Pizarro como el gobierno atribuyen el fenómeno a dicha ley, endurecida por un fallo de la Corte Constitucional.
En el largo conflicto interno colombiano combaten las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional y, desde los años 80, las milicias ilegales de ultraderecha que dicen actuar a favor del Estado.
"Todo lo que hoy se está descubriendo en el Putumayo fue denunciado en su momento por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y movimientos sociales. En otras palabras, pudo ser evitado", dijo a IPS Jorge Rojas, de la no gubernamental Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
"La llegada de los paramilitares procedentes de Córdoba y Urabá (departamento y región bananera al norte), los procedimientos mediante los cuales desaparecieron, torturaron y asesinaron a muchas personas, además del gran desplazamiento que produjeron, eso lo sabían la opinión pública y los organismos judiciales, y no se hizo nada en su momento", sostuvo Rojas.
"Entonces, que no se diga ahora que gracias a la Ley de Justicia y Paz todo se está conociendo, cuando esto se conocía por la acción de la sociedad civil", agregó.
A Carlos Rodríguez Mejía, director operativo de la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas y miembro de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, le preocupa la falta de rigor en las exhumaciones. "Se está dañando evidencia", "desenterrar N.N. (muertos sin identificar) es un fracaso judicial", advirtió a IPS.
Antes de emprender las excavaciones, se debe saber qué se busca en las fosas. "Entrevistar a las familias, saber si es hombre, qué altura tenía, si tenía alguna característica fisiológica como una fractura, si hay carta dental, qué raza era, qué prendas llevaba", para confrontar con los restos hallados e identificarlos, explicó.
"Lo más importante no es recoger restos, sino devolverlos identificados a los familiares para que puedan hacer su duelo. No se está pensando en las víctimas , sino en mostrar que se encontraron las fosas", agregó el jurista.
Rodríguez Mejía señaló que no se estaba cumpliendo lo "estipulado en los protocolos de las Naciones Unidas y en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es un mandato que deben cumplir todas las autoridades, incluida la fiscalía".
La CNRR presentó el lunes sus recomendaciones sobre los criterios que deben tener los jueces en materia de reparación a las víctimas de la guerra civil.
"Se va a reparar con lo que, de buena fe y de manera libre, entreguen los victimarios", lo que "no alcanza para reparar ni siquiera al dos por ciento de las víctimas", dijo a IPS Camilo González, director del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El Plan de Desarrollo hasta 2010, aprobado el viernes por el Congreso legislativo, no incluye "una línea, ni un peso para el Fondo Nacional de Reparación". Las víctimas tendrán que esperar 15 años, hasta que los procesos terminen y se establezcan los montos a pagar por los victimarios, según este diseño. "Sería dejar a las víctimas sin reconocimiento de derechos. El Estado, entretanto, no asume ninguna responsabilidad", agregó González.
El monto para resarcir a unos 3,5 millones de afectados por la guerra entre 1964 y 2004 fue estimado en más de 22.000 millones de dólares en un estudio presentado en febrero por Indepaz. De ellos, unos 6.500 millones de dólares corresponden a los crímenes más graves, cometidos por paramilitares en la década 1994-2004.
El estudio recomienda que el gobierno abra un fondo para esos fines y desarrolle un programa de reparación administrativa.
