Cuando en una comunidad colombiana se comete un asesinato en el marco de la guerra, los lugareños saben quién fue: si paramilitares de ultraderecha, guerrillas de izquierda o la fuerza pública. Si hubo combates, o si los cadáveres presentados por televisión como trofeo por algún oficial son en verdad de civiles ejecutados.
En Colombia, "el pueblo no se puede comunicar con el pueblo" y así el derecho a la información y a la comunicación no existe más que para una minoría, señala.
Giraldo dirige el Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que lleva las cuentas de los muertos hace 19 años. Sin ese registro, se hubiera perdido la memoria de decenas de miles de asesinatos, torturas y desapariciones en décadas de guerra. También es motor del Proyecto Nunca Más, un gigantesco listado cronológico de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 1965, región por región del país andino.
El sacerdote representa a víctimas ante la justicia colombiana e interamericana y enseña a campesinos e indígenas la importancia de anotar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, cómo acudir a las autoridades de control o a los tribunales internacionales, y para qué servirá la Corte Penal Internacional, cuyo mandato entrará en vigencia en Colombia en 2009.
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IPS: Usted tiene una visión nacional de lo que ocurre en Colombia, y de lo que finalmente se publica. Háblenos de esa fractura.
JAVIER GIRALDO: Conocí pueblos en el Caquetá (departamento del sur) en los que podríamos decir que en los años 80 ningún joven que superara por ahí los 15 años escapó de la tortura. Hubo una tortura generalizada. ¿Qué se informó de eso? Ninguno de esos crímenes, que fueron registrados por organismos locales, trascendió al nivel de información nacional. Y fueron centenares.
¿Cuál es la lectura de la realidad nacional que está consumiendo la mayoría de la población? Se está elaborando una imagen para consumo masivo que está lejísimos de la realidad real, sobre todo en este campo de los derechos humanos.
Hay que distinguir la libertad de prensa del derecho a la información. Se podría decir que en Colombia existe libertad de prensa, en la medida en que el que tenga muchísimo, muchísimo dinero, puede crear un medio e informar y opinar como quiera. Con algunos bemoles, ciertamente.
Porque si la información que da se sale de unos parámetros, el medio comienza también a correr riesgos. Y por eso, incluso periodistas muy connotados hablan de autocensura hace muchos años. El periodista aquí tiene que saber que sus opiniones no pueden ir muy en contra de la opinión oficial, porque los riesgos son grandes.
El problema en Colombia es que no existe el derecho a la información. Este implicaría que uno pueda tener una información veraz y que la mayoría de la gente, o por lo menos de los sectores organizados de la sociedad, puedan comunicar a la opinión pública lo que está pasando y su lectura propia de los hechos. Eso no es posible en Colombia.
IPS: ¿Internet no está cambiando eso?
JG: Es para franjas muy pequeñas de la población, intelectuales que tienen acceso a eso. Pero para la inmensa mayoría de la población colombiana no es accesible.
IPS: ¿Cuál es la razón?
JG: Económica.
IPS: ¿Cuánto cuesta una hora de Internet en alguna región donde usted haya estado últimamente?
JG. No es sólo lo que cueste una hora o un minuto. El problema es todo lo que supone en capacitación técnica, en niveles de educación, que tiene solamente una franja muy pequeña de la población.
La inmensa mayoría se alimenta de los noticieros de televisión y de radio, porque ni siquiera la prensa escrita es accesible para muchísima gente. La gente no puede comprar diariamente un periódico. Cuesta mucho, pero tampoco hay cultura de la lectura en franjas muy grandes de la población colombiana.
El planteamiento de fondo es que la información se concibe como una mercancía, y yo diría que hay que considerarla como un servicio público y como un derecho fundamental de la población. Porque el pueblo no se puede comunicar con el pueblo. Se comunican unas capas privilegiadas que distorsionan la realidad según sus intereses. Ellos sí tienen derecho a comunicarse.
IPS: Las víctimas de la violencia, ¿cómo nos ven a los periodistas?
JG: Veo que la verdad de las víctimas es una verdad amordazada. Y lo está, en primer lugar, por el miedo. Por el terror que se ha sembrado y que cohíbe completamente a la gente, a las víctimas, a los familiares
de hablar y denunciar.
Mientras eso siga así, yo creo que aquí no hay ninguna posibilidad de verdad, justicia y reparación.
Pero también está la presión de los grandes medios. La gente sabe muy bien que cuando llegan los medios a los sitios donde hay una tragedia, los periodistas no quieren comprometerse. Simplemente les ponen el micrófono a las víctimas, a los testigos, para que hablen, y hacen recaer todo el riesgo sobre ellos. Lo mismo ocurre con las autoridades que dan la versión deformada de los hechos.
Hay una masacre, por ejemplo atribuida al ejército, y llega el periodista y le pone el micrófono al oficial más cercano. Este da su versión, y no hay ningún contra interrogatorio para exigirle, por lo menos, que esa versión tenga un sustento creíble. Como un dogma que debe ser creído por todo el país. Entonces, el periodista termina ahí su trabajo. Y así hemos consumido millones de informaciones falsas.
En el Banco de Datos que yo coordino, en el último año hemos tomado la decisión de no volver a publicar las informaciones relativas a las llamadas acciones bélicas. Porque fuimos descubriendo que la única fuente que teníamos para informar sobre ese tipo de hechos era la prensa y la prensa era simplemente un reflejo de la fuente militar.
IPS: Otra fuente disponible sobre bajas es la guerrilla. ¿Qué problema le ve?
JG: No son imparciales.
