La lucha contra los cultivos de coca en Perú se apoya cada vez más en la destrucción forzosa de plantaciones, con muy pocos éxitos en materia de desarrollo alternativo y la creciente resistencia de los campesinos cocaleros.
"Al que no quiera erradicar por las buenas, con la ayuda de un crédito y de una orientación del Ministerio de Agricultura, hay que proceder a la erradicación. ¿Hasta cuando medias palabras, hasta cuando temores de este tipo?", dijo el domingo 1 de abril el presidente Alan García.
Líderes cocaleros replicaron que si el gobierno no cumplía con un acuerdo al que habían llegado el mes pasado, iniciarían medidas de fuerza.
Los cultivadores de coca de Perú no confían en los programas de autocontrol de plantaciones y aseveran que el Estado no les da alternativas de sustento fuera del cuestionado vegetal, materia prima de la cocaína.
Perú es el segundo mayor productor de cultivos ilícitos de América Latina, detrás de Colombia, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.
[related_articles]
La erradicación forzosa aumentó en este país 61,2 por ciento en los últimos seis años, mientras la eliminación gradual y concertada cayó 22 por ciento en 2006.
El estatal Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilícitos de Coca del Alto Huallaga (Corah), que se encarga de la erradicación, informó que en 2006 llegó a 10.136 hectáreas eliminadas, la mayor cantidad desde 1999.
En ese mismo año cayó la erradicación voluntaria, que se efectúa con participación de los agricultores. Sólo se eliminaron 2.550 hectáreas, a diferencia de las 3.271 destruidas en 2005.
En la medida en que aumentaron los operativos compulsivos del gobierno también lo hicieron los incidentes violentos entre cocaleros y agentes del Estado.
No es casual que en 2006 hubiera un trabajador muerto y otros 42 heridos en pleno intento de destruir cocales, y decenas de cocaleros que denuncian haber sido atacados con balas y gases lacrimógenos por efectivos policiales que custodian las tareas de erradicación.
Los últimos enfrentamientos fueron a inicios de marzo en la provincia de Tocache, en la nororiental región de San Martín, que forma parte del valle del norcentral Alto Huallaga, donde se eliminaron las 10.136 hectáreas en 2006. Allí se produjeron hasta seis choques entre cocaleros y policías, que terminaron con varios campesinos heridos, incluso el máximo dirigente de los cultivadores de la zona, Wilder Satalaya.
Por la violencia, el 15 de marzo una comitiva de alto nivel llegó por primera vez a Tocache para negociar con los productores. Al cabo, firmaron un acta en la que el gobierno se comprometió a suspender las erradicaciones forzosas hasta realizar un nuevo empadronamiento nacional de cocaleros con el propósito de reconocer quiénes realizan cultivos ilegales y cuáles son las zonas que abastecen al narcotráfico.
Pero, desconociendo ese pacto, el presidente García anunció luego que la suspensión de las medidas sólo se mantendría hasta el 30 de marzo, poniendo en alerta y tensión a los cocaleros de Tocache por el inminente retorno de los operativos policiales, sin que el Estado haya elaborado el nuevo padrón.
En ese contexto, los líderes de Tocache han amenazado con tomar medidas de fuerza.
Según cifras oficiales, en Perú hay 49.000 hectáreas de coca, de las cuales 92 por ciento son ilegales.
Pero los cocaleros consideran que esos datos están exagerados y piden un catastro en los 14 valles cocaleros para "sincerar las cifras" y volver a empadronar a los productores, porque el último registro, que data de 1978, está obsoleto y no revela la cantidad real de quienes venden su producción al mercado tradicional interno, volcado al consumo con fines medicinales y rituales.
"Queremos ser legales", dice a IPS Satalaya, el presidente de la asociación de cocaleros de Tocache, quien asegura estar dispuesto a integrarse al programa de auto erradicación si el gobierno modifica su enfoque represivo que, en su opinión, es guiado por Estados Unidos, el principal mercado consumidor de drogas ilegales.
"Nosotros estamos dispuestos a colaborar con las autoridades, si nos dicen vamos a cultivar tal cosa en lugar de coca lo aceptamos, pero si tenemos mercado asegurado para poder sobrevivir", agrega Satalaya.
La legisladora y dirigente cocalera Nancy Obregón cree que el principal reto del Estado es recuperar la confianza de los campesinos, pues casi nunca cumple con sus compromisos.
"Siempre se nos ha dicho dejen de cultivar coca y a cambio le hacemos una posta médica o una carretera, al final nunca hacen la obra. Así, ¿cómo podemos comprometernos con el Estado?", dice Obregón a IPS.
El programa de auto erradicación fue creado en 2003 por el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) con la venia de Obregón y de otros líderes cocaleros.
A partir de entonces, los cultivadores tienen la opción de firmar un acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) mediante el cual aceptan terminar con sus sembrados de coca a cambio de asistencia en infraestructura, servicios y otros cultivos.
Para cumplir su compromiso con las comunidades que optan por la erradicación voluntaria, el Estado depende sobre todo de unos 50 millones de dólares anuales que la cooperación internacional destina para el desarrollo alternativo, 90 por ciento de los cuales proceden de Estados Unidos, según datos de Devida.
Pero los fondos son insuficientes y los resultados están lejos de lo esperado. Apenas 50.000 familias de las 300.000 que viven en las 14 cuencas cocaleras han ingresado a este programa, a pesar de que la cooperación internacional ejecutaba desde mucho antes de 2003 proyectos similares en lugares sometidos a erradicación forzosa, reconoce el gerente de desarrollo alternativo de Devida, Fernando Hurtado.
"Hay una insatisfacción por la cobertura debido a que sólo podemos ayudar a 18 por ciento de las familias de estas zonas. Nuestro principal problema es la falta de recursos", manifiesta Hurtado.
Para el director en Lima de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Aldo Lale-Demoz, otro aspecto que despierta desconfianza es que, en algunos casos, las organizaciones ejecutoras no han acompañado a la población en todo el proceso.
Pese a ello, también existen experiencias exitosas, como el cultivo de la palma aceitera, el cacao o el palmito, dijo Lale-Demoz.
En 2006, las ventas de las 13 principales empresas campesinas apoyadas por UNODC superaron los 55 millones de dólares, lo que representó un incremento de 37,8 por ciento con relación al año anterior. Del total vendido, 50 millones fueron exportaciones a países de la Unión Europea y de América del Norte.
Sin embargo, esas historias de progreso siguen siendo islas en medio de las necesidades que existen en los valles cocaleros, donde rige sobre todo la ley de la oferta y la demanda que se encargan de hacer respetar las mafias del narcotráfico.
Mientras un kilogramo de cacao se vende en promedio a 1,88 dólares, la misma cantidad de hoja de coca se cotiza a tres dólares cuando la compran fabricantes de cocaína, el doble de lo que ofrece la Empresa Nacional de la Coca, única institución autorizada a comprar y vender el producto.
Otra ventaja de la coca son sus cuatro cosechas anuales, mientras cultivos alternativos como la palma aceitera exigen una espera de tres años.
El experto en drogas y seguridad Ricardo Soberón, ex encargado del Programa de Narcotráfico y Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas, dice a IPS que más que promocionar productos alternativos, "el gobierno debe promover un programa de desarrollo integral en la selva donde se concentra la producción cocalera".
Para Soberón, el movimiento cocalero de Perú aún está lejos de asumir una erradicación voluntaria como la planteada por el gobierno boliviano, debido a que las organizaciones peruanas no cuentan con la trayectoria sindical ni con el consiguiente poder de articulación de los cultivadores de la vecina Bolivia, presidida por el máximo líder cocalero, Evo Morales.
