La estrategia de comunicación del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, fundada en no informar sobre asuntos ajenos a la agenda oficial, mantiene agitadas las aguas del periodismo de este país.
Medios de comunicación e instituciones de la sociedad civil califican al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de "secretista" y señalan posibles amenazas a la libertad de expresión.
El 22 de febrero, el diario opositor La Prensa divulgó la Estrategia de Comunicación del gobierno, basada en no dar información pública a los medios "de derecha" y en comunicar las acciones gubernamentales únicamente en medios afines al izquierdista FSLN.
El 26 de marzo, el gobierno destituyó a una funcionaria un día después de que ésta diera una entrevista al conservador La Prensa.
El gobierno no ofreció ninguna explicación, lo que ayudó a reforzar la impresión de que el despido se debió al suministro de información a un medio no oficialista.
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Ortega, quien ya había presidido este país entre 1985 y 1990, asumió por segunda vez la presidencia el 10 de enero, tras ganar las elecciones de noviembre de 2006.
Académicos, intelectuales independientes, críticos de izquierda y de derecha, empresarios, políticos opositores y hasta aliados del gobierno han coincidido en que esta administración ejerce una excesiva protección de la información pública.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Francisco Rivas, el gobierno maneja la información "como en tiempos de guerra".
Además, Rivas dijo a IPS que la Estrategia de Comunicación "es un arma para castigar a los medios de comunicación independientes que le desagradan a la señora (Rosario) Murillo", esposa de Ortega, autora del documento y secretaria del gubernamental Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Críticas similares han hecho organizaciones no gubernamentales como el Movimiento por Nicaragua, la Red de Mujeres de Nicaragua, la Coordinadora Civil, el Movimiento Cívico Ética y Transparencia, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, entre otras entidades.
"Los que dicen que hay silencio, sencillamente silencian la política", se defendió Ortega el fin de semana. El mandatario acusó a los medios de comunicación de censurar los aciertos de su gestión y de magnificar sólo los hechos negativos.
"Hay una censura impuesta por algunos medios que están politizados, que están al servicio de determinadas fuerzas políticas", comentó Ortega en una conferencia de prensa en su casa.
Murillo rechazó que su Estrategia de Comunicación pretendiera centralizar la información pública y la publicidad estatal sólo en medios afines. Al contrario, el gobierno se preocupa por la situación de los periodistas, dijo.
Prueba de ello es la firma de un convenio con el Colegio de Periodistas mediante el cual el bloque del FSLN en la Asamblea legislativa se comprometió a donar parte de sus ingresos anuales para crear un fondo de ayuda social a los afiliados de esa entidad, dijo Murillo.
El Colegio ya recibió una partida de unos 170.000 dólares. Su presidenta, Mercedes Rivas, agradeció la ayuda, pero evitó referirse a la política informativa del gobierno. "No quisiera opinar sobre eso", dijo.
Para el periodista y profesor de la Universidad Centroamericana, Alfonso Malespín, el asunto de fondo no es el respeto al derecho ciudadano a la información y la desconfianza que despierta el control excesivo.
A su juicio, este gobierno se caracteriza por responder a las críticas con silencio, mientras gana tiempo para responder con obras y resultados.
No existe una política "secretista", sino la decisión de no caer en "batallas verbales" contra los grandes medios, estimó Malespín.
"El gobierno piensa que hablar mucho puede desgastar la imagen de Ortega", afirmó Malespín, quien señaló también la persistencia de muchos prejuicios de los medios ante el ex insurgente FSLN por sus antecedentes de censura durante la guerra civil en los años 80.
Aplicar esta estrategia llevó al gobierno a provocar suspicacias, abonadas con hechos como la postergada aprobación de la ley de acceso a la información pública, que ha sufrido modificaciones promovidas por varios bloques legislativos, dijo Malespín.
Diputados sandinistas y del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea, han propuesto que la ley considere como documentos reservados las declaraciones de probidad, de aumento patrimonial y de situación económica y jurídica de los funcionarios públicos.
Para Cristiana Chamorro, periodista y directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, principal organización promotora de la ley, algunos diputados están tratando de desvirtuar su espíritu original "para protegerse en el futuro de posibles delitos".
Además, "este gobierno mantiene aquella posición de que la libertad de expresión es para ellos como cuando le enseñas la cruz al diablo", dijo Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996) y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por el régimen dictatorial de los Somoza contra el cual se alzaron las guerrillas sandinistas que lo derrocaron en 1979.
Chamorro se manifestó preocupada porque los diputados, tanto sandinistas como liberales, vengan postergado la discusión sobre la ley desde hace más de tres años.
En este clima, estaba convocada para el martes una reunión de la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Managua, con académicos, legisladores, autoridades abogados, periodistas y dueños de medios, para analizar una serie de leyes que atañen a la libertad de prensa.
Pero el encuentro fue suspendido por motivos de "fuerza mayor" y reprogramado para mediados de mayo, dijeron sus responsables.
La ley de acceso a la información pública iba a ser uno de los temas centrales de la reunión, así como una ponencia sobre "los peligros poco conocidos a la libertad de prensa", a cargo del director de La Prensa, Jaime Chamorro, vicepresidente para Nicaragua de la comisión de libertad de prensa y de información de la SIP.
En su informe sobre la libertad de expresión en América Latina, la SIP advierte que "incertidumbre y tiempos difíciles se avizoran para la libertad de prensa con la nueva administración del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo".
El informe, disponible en el sitio web de la organización de propietarios de medios de prensa del continente, recoge críticas y denuncias de medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles nicaragüenses sobre la política informativa del gobierno de Ortega.
